Manuel Llamas | 19 de marzo de 2019
A poco que exista un mínimo atisbo de justicia, lo cual se da por hecho en un país donde rige el Estado de derecho y que posee una de las democracias más sólidas y desarrolladas del mundo, Franco no será exhumado del Valle de los Caídos para, posteriormente, ser enterrado en El Pardo, tal y como acaba de decretar el Gobierno. La ley está por encima de la arbitraria voluntad del Ejecutivo, como no puede ser de otra forma, y, al igual que los líderes independentistas catalanes se sientan hoy en el banquillo acusados de saltarse el orden constitucional, Pedro Sánchez y sus ministros también serían susceptibles de cometer un delito en caso de forzar la inhumación de los restos del dictador.
Las diez veces que el PSOE quiso desenterrar a Franco
El adelanto de las elecciones generales al próximo 28 de abril ha acelerado el plan inicial que había preparado el Gobierno para proceder a la polémica exhumación, pero, en realidad, no es más que el enésimo engaño perpetrado por el PSOE sobre esta materia, cuyo origen se remonta a los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero y su perversa Ley de Memoria Histórica. La nueva estrategia de Sánchez es muy sencilla desde el punto de vista electoral, puesto que ahora promete que el desentierro se efectuará el próximo 10 de junio para animar así a sus votantes, pero a sabiendas de que no podrá cumplir su promesa si revalida el cargo, dado que la última palabra está en manos de la Justicia. Es decir, el Gobierno no solo se compromete a algo que no puede hacer, lo cual significa mentir a su electorado, sino que, a poco que la Justicia funcione como debería, en ningún caso podrá proceder a la pretendida inhumación de Franco en El Pardo.
El nuevo engaño perpetrado por Sánchez al fijar la fecha del desentierro es doble. En primer lugar, porque esta decisión no depende del Gobierno, sino del Tribunal Supremo, después de que la familia del dictador interpusiera un recurso hace escasos días solicitando su suspensión. Y, en segundo término, porque incluso en el supuesto de que el Alto Tribunal avale la exhumación, cosa harto complicada, el Gobierno carece de competencia alguna para imponer a la familia el lugar del sepelio, por mucho que diga lo contrario. El nicho escogido por los Franco en caso de que finalmente salga del Valle de los Caídos es la Catedral de la Almudena, en pleno centro de Madrid.
La clave aquí, con independencia del sectarismo electoralista que subyace en el decretazo de Sánchez, es que la ley está del lado de los familiares, empezando por la propia Constitución. A este respecto, cabe señalar que la figura del decreto ley está reservada para cuestiones de urgente y extraordinaria necesidad -artículo 86 de la Carta Magna-, extremo que, evidentemente, no sirve para justificar la exhumación de un cadáver tras más de 40 años. Asimismo, la decisión del Ejecutivo viola el principio esencial de igualdad ante la ley -artículo 14-, puesto que no se trata de una medida general, sino específica, ideada únicamente con el fin de exhumar al dictador, lo cual genera enormes dudas desde el punto de vista jurídico. Esta es la razón, precisamente, por la que la Ley de Memoria Histórica no cita literalmente a Franco, sino que hace alusión a los enterrados en el Valle de los Caídos que no sean víctimas de la Guerra Civil.
Y todo ello sin contar con que también vulneraría el principio de libertad religiosa que establece el artículo 16. Ni el Gobierno puede entrar en la basílica sin la debida autorización eclesiástica, cosa de la que carece, ni puede determinar la nueva ubicación de la inhumación de Franco sin contar con el visto bueno de la familia, lo cual tampoco se ha producido. De hecho, según la legislación vigente, nada impediría a los descendientes trasladar el cadáver una vez enterrado en El Pardo, ya que el derecho canónico garantiza la libre elección del cementerio. El Gobierno no tiene ninguna potestad para apropiarse de los restos y fijar de forma arbitraria, unilateral e inamovible la ubicación del sepelio.
La operación de la inhumación de Franco constituye, simple y llanamente, un atropello desde el punto de vista jurídico. Más allá del irresponsable y contraproducente objetivo político que persigue la Ley de Memoria Histórica de Zapatero y los chapuceros decretos de exhumación de Sánchez, ideados para reabrir las heridas de la Guerra Civil con fines puramente electoralistas, despreciando con ello el espíritu de la Transición, lo grave es que el Gobierno está dispuesto a atropellar derechos y libertades básicos que están consagrados en la Constitución con tal de culminar su plan, cuando no a realizar promesas que no se ajustan a derecho y que, por tanto, no podrá cumplir.
Lo de menos aquí es la figura de Franco. Ningún Gobierno puede saltarse la ley para fijar la inhumación de nadie en contra de la voluntad de la familia, ya sea Franco, un etarra o un criminal de guerra del bando republicano. Si se permitiese semejante tropelía, todos los españoles, tarde o temprano, serían susceptibles de ver atropellados sus derechos por parte del poder político. Si, por el contrario, el Estado de derecho funciona, tal y como cabe esperar, igual es Franco el que acaba presenciando el entierro político de Sánchez, ya que este último abandonaría La Moncloa mucho antes que el primero el Valle de los Caídos.
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