Yolanda Vaccaro | 19 de junio de 2018
Que el Gobierno de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, no respeta los cánones democráticos no es una novedad. Sí lo es el hecho de que por fin la Organización de Estados Americanos (OEA) ha iniciado el camino de la suspensión del régimen que gobierna Venezuela. El dato es relevante porque, con todas sus cortapisas, la OEA sigue siendo el mecanismo de mayor consenso político en el marco de la unión de los países del continente americano. Naturalmente, el régimen heredero del chavismo se resiste ante los llamados de atención del organismo.
A principios del mes de junio de 2018, en el seno de la Asamblea General de la OEA, 19 de los 35 países miembros acordaron una resolución calificando como ilegítimas las elecciones del pasado 20 de mayo, en las que Maduro se reeligió en un proceso electoral sin garantías. Asimismo, la mencionada resolución acordó iniciar el proceso de suspensión de Venezuela como miembro del organismo, algo que solo ha sucedido en dos oportunidades en la historia de la OEA: en 2009, cuando se suspendió a Honduras por el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, y en 1962, fecha en la que se retiró a Cuba con motivo del golpe de Estado de Fidel Castro.
La resolución fue aprobada con un voto más de los que eran necesarios, cuatro países la rechazaron y once se abstuvieron. Se trata de la ocasión en la que más apoyos se han sumado para respaldar la reconducción democrática en Venezuela. Entre los países que apoyaron el documento se encuentran Estados Unidos y los catorce integrantes del Grupo de Lima (las principales economías de la región), junto a Bahamas, Barbados, Jamaica y República Dominicana. Votaron en contra la propia Venezuela, Dominica, San Vicente y las Granadinas. Si bien se abstuvieron países relevantes como Ecuador y Uruguay, el hecho de que los Gobiernos respectivos no votaran en contra indica, en efecto, que el régimen de Maduro cuenta con un apoyo cada vez más frágil.
Además de la suspensión de Venezuela, la resolución pide que el país aplique “de manera estricta” los artículos 20 y 21 de la Carta Interamericana de la OEA, que indican la posibilidad de intervención en un Estado miembro cuando en este se produce una quiebra en el orden democrático. Asimismo, solicita que el Ejecutivo venezolano permita el ingreso de ayuda humanitaria, en un contexto en el que se multiplican las denuncias de desabastecimiento de alimentos y otros productos de primera necesidad. Igualmente, la OEA conmina al Gobierno de Maduro a restaurar la “plena autoridad” de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
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La respuesta del Gobierno de Maduro, expresada por su ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, fue la esperable: se negó a aceptar la resolución, calificándola de “fraude” y esgrimiendo que avala una “intervención militar” en Venezuela. Luis Almagro, secretario general de la OEA y uno de los líderes regionales que más hacen por defender la restitución democrática en Venezuela, señaló que Arreaza representa a un “régimen ilegítimo”. Almagro verbalizó la situación apuntando que “Venezuela está en caída libre”.
En las próximas semanas, la OEA deberá convocar a su Consejo Permanente, formado por los embajadores de los Estados miembros ante el organismo, que debería aprobar una sesión extraordinaria de la Asamblea General que avance en la aplicación de la resolución de condena al régimen de Maduro. Para la convocatoria de esta sesión extraordinaria se requieren los votos de dos tercios de los Estados participantes, es decir, 24 de los 35 países de la OEA tendrían que respaldarla. También son necesarios al menos 24 votos para acordar la suspensión de Venezuela del organismo internacional.
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Las posiciones que los países miembros del organismo adopten en este concepto serán determinantes en su significación democrática, ya que a estas alturas, siempre por detrás de Cuba, Venezuela se ha convertido en uno de los temas angulares que definen el grado de compromiso democrático de los diferentes Gobiernos de la región, más allá de su color político.
Lo que es un hecho es que todo indica que la mayor parte de países americanos cada vez tiene más claro que resulta una contradicción apoyar a Maduro y mantener la defensa de los principios democráticos.