La politización de las decisiones judiciales mina la credibilidad del sistema ante los ciudadanos
Juan Luis Jarillo Gómez | 02 de diciembre de 2017
Justicia
El proceso sobre el borrado de los ordenadores de Bárcenas fue archivado en su momento y volvió a abrirse por un recurso de apelación interpuesto por una de las acusaciones populares cercana a la formación Izquierda Unida. El auto va a ser redactado por un magistrado que perteneció al Gabinete de la exvicepresidenta del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, Teresa Fernández de la Vega.
Cuando se judicializan las situaciones que rodean a los partidos políticos existe una posibilidad clara de que la opinión pública sospeche de una politización de las decisiones judiciales.
En este caso en concreto, existe un proceso abierto respecto a la desaparición de la información de los ordenadores del señor Luis Bárcenas y que únicamente se mantiene vivo porque una serie de asociaciones de tendencia izquierdista sostienen la acusación contra el Partido Popular.
En concreto, el Ministerio Fiscal no mantiene acusación alguna ni tampoco el propio Bárcenas, supuestamente perjudicado, mantiene ningún recurso ni reclamación.
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado los recursos presentados por el Partido Popular y el Ministerio Fiscal contra el auto que puso fin a la instrucción de la causa por los delitos de daños informáticos y encubrimiento.
Cuando el mismo PSOE de los 55 millones condonados insiste en los ordenadores del PP
El tribunal ha considerado que hay indicios suficientes para entender que se pudo haber cometido un delito de daños informáticos, previsto en el artículo 264.1 del Código Penal, y otro de encubrimiento, del artículo 451.2. Señala que «lo cierto es que Moreno borró voluntariamente los datos contenidos en los equipos, según ha reconocido, y que lo hizo por orden de Durán, según este también refiere». Navarro «indiciariamente ordenó o permitió esta acción», añade. Juanma Moreno y Juan Pablo Durán son dos personas que trabajan para el Partido Popular.
Con ese borrado «se impidió la realización de una diligencia considerada relevante en una causa criminal de indudable trascendencia», como era dar respuesta al requerimiento de información realizado por el entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investigaba los ‘papeles de Bárcenas’, donde concluyó que el PP se había financiado a través de una caja B durante al menos 18 años.
‘Los ordenadores de Bárcenas’, un caso politizado para perjudicar al PP
El Partido Popular considera que todo ello está politizado, que se trata de un proceso para perjudicarle ante la opinión pública y se basa en que los jueces que debían investigar el proceso no consideraron relevante la información de dichos ordenadores. Además, desde el año 2009 al año 2013, los ordenadores de Bárcenas estuvieron a disposición de la justicia y ningún tribunal consideró relevante su información.
El presente procedimiento fue archivado en su momento y volvió a reabrirse al estimarse el recurso de apelación interpuesto por una de las acusaciones populares cercana a Izquierda Unida.
El auto que va a estimar el mencionado recurso es redactado por el magistrado ponente de la Audiencia Provincial Ignacio Sánchez Yllera, que había pertenecido al Gabinete de la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, pudiendo estar su imparcialidad mediatizada, como el propio magistrado señaló, al proponer su abstención por ese motivo, y que rechazó la Sala.
Todo ello conduce a que la politización de las decisiones judiciales nos lleva a poner en duda la objetividad en la toma de decisiones, y en las consecuencias que se puedan derivar de las mismas, y sobre todo en la falta de credibilidad del sistema ante los ciudadanos que reclaman ejemplaridad en las instituciones y personas que forman parte de ellas.