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Uno puede estar más o menos de acuerdo con el hecho de que sean los jueces quienes lleven la dirección política contra el ‘procés’ independentista. También, por otro lado, podríamos cuestionarnos si, una vez que la jueza decretó prisión preventiva sin fianza para los responsables de la Assemblea de Catalunya y Omnium Cultural, los ya conocidos «Jordis», Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, podría haber extendido también esta decisión al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. Y, por cierto, al mismísimo president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que, al fin y al cabo, es el cabeza de la sedición que estalló en Cataluña. Lo que me parece que pocos podrían discutir, con las leyes en la mano, es que los «Jordis» no son presos políticos, por mucho que se empeñen en ello el presidente venezolano, Nicolás Maduro –ese sí que sabe de presos políticos-, los ‘hooligans’ de la CUP o… el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, siempre dispuesto a tomar velas en entierros que acabarán conduciéndolo a su propia sepultura política. Jordis

El Estado democrático tiene que defenderse con todas las armas en su mano. Compárese la prisión provisional de los Jordis, por su protagonismo en los tremendos sucesos de los días 20 y 21 de septiembre en Barcelona, con lo que hubiese ocurrido, ante hechos semejantes, en Francia, Alemania o Gran Bretaña, sin ir más lejos. Pienso que estuvo impecable la jueza Carmen Lamela al actuar como actuó en relación a aquellos lamentables sucesos que hicieron que un grupo de guardias civiles no pudiese abandonar un edificio público, la Consellería de Economía, y que una secretaria debiese huir por la azotea, como si de una película de James Bond se tratase. Conductas intolerables las de estos ‘agitadores de masas’ presentados por la versión independentista como pacíficos inspiradores de una manifestación ciudadana en defensa del derecho a votar. Otra cosa, ya digo, es si la decisión de qué hacer debería o no haberse puesto en manos de un juez. O si, por el contrario, podría haberse gestionado por vías más ‘políticas’. Pero esa, ahora, no es la cuestión.

La izquierda nada tiene que ver con el separatismo y ese es un tremendo error que Iglesias mantiene desde hace demasiado tiempo

Nunca he sido partidario de medidas de dureza para combatir un sentimiento, el separatismo –es eso, más que nacionalismo–, legítimo cuando se encauza por los caminos legales; por eso me ha disgustado que voces que considero responsables y equilibradas hayan llegado, en estos tiempos del cólera y de la tensión, a pedir la ilegalización de los partidos separatistas; esa, desde luego, tampoco es la cuestión. Pero hay violaciones de la legalidad y de la convivencia en democracia que difícilmente se pueden tolerar: un país no puede sobrevivir en la algarada, el escrache, en la falta de respeto a la seguridad jurídica y a la separación de poderes. Ni en el asalto al Parlamento hasta el punto de dejarlo invalidado para anular la contestación de la oposición en el seno del Legislativo. Todos esos atentados contra la democracia los ha apoyado esa llamada fracción de la sociedad civil encarnada en la Assemblea y en Omnium. Todo eso, más cometer un delito electoral de enorme magnitud, lo ha propiciado también el molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, el señor Carles Puigdemont, máximo responsable de un pucherazo, el ‘referéndum’ del 1 de octubre, que Idi Amin se hubiese avergonzado de propiciar en los peores tiempos de su mandato en Uganda. No deseo la cárcel para nadie; ni para Puigdemont, ni para Trapero, ni para sus compinches en este intento, creo que ya fallido, de golpe de Estado ‘revolucionario’ . Tampoco para los «Jordis». Ni siquiera para algunos de sus muy famosos compañeros en Soto del Real, a los que nadie en sus cabales podría –supongo—colocar en las listas de represaliados políticos; ni siquiera al tercero de los «Jordis», en este caso hablamos de Oriol Pujol Ferrusola, que comparte patio de recreo con sus ‘tocayos’ y que tanto ha robado a los catalanes, le deseo males mayores que los penales que obviamente merece. Pero si nadie paga por lo que está ocurriendo en Cataluña, ¿con qué cara puede un fiscal pedir nueve años de prisión para un expresidente de Murcia a quien se acusa de delitos que, en comparación con los de Puigdemont, podrían quedar en meras faltas de tráfico? Muchos españoles, si estos desmanes quedan impunes, podrían estar tentados de incumplir con sus obligaciones para con la ley o para con el fisco: total, si no pasa nada…

El ‘affaire catalán’ se convierte en el talón de Aquiles de Iglesias

Viví la época del franquismo e incluso visité, muy a mi pesar, los siniestros sótanos de la Dirección General de Seguridad, situada entonces en la Puerta del Sol. Creo que nadie que haya conocido aquello puede confundir unas cosas con otras, a aquellos presos políticos de verdad con los ahora, creo que justamente castigados, instigadores de una revuelta en la calle que podría haber tenido muy lamentables consecuencias. Claro que Pablo Iglesias, el fogoso juzgador desde su torre de marfil, nunca conoció todo aquello de lo que ahora tanto habla, la lucha por llegar al ‘régimen del 78’. La prisión acordada para los «Jordis» puede ser políticamente conveniente o no; quizá la decisión judicial, ya digo que impecable con la ley en la mano, pueda causar más daños políticos que beneficios, ya veremos. Lo que no es esta prisión es contraria a la democracia, porque, como digo, el bienestar del Estado de derecho es lo primero que hay que preservar, y no será desde la revuelta callejera, destrozando vehículos de la Guardia Civil, como se defiendan los derechos y libertades que una parte de los catalanes quiere ejercer, por cierto, en contra de otra parte de los catalanes.

Iglesias debería meditar si episodios como esta particular conversión de los «Jordis» en ‘presos políticos’ tienen algo que ver con su bajísimo índice de popularidad

Pienso que Pablo Iglesias, y conste que no generalizo a todo Podemos, está cometiendo un muy serio error con su actuación en el ‘affaire Cataluña’. Primero, manteniendo una peligrosa indefinición acerca de si el referéndum debería haberse celebrado o no: no se puede intentar, oportunistamente, pescar votos en Gerona y en Zamora al mismo tiempo. Segundo, con su reacción contraria a todo acto de defensa de la supervivencia del Estado, lo que le confiere un cariz antisistema que poco va a ayudarle al progreso de su partido en la próxima confrontación ante las urnas.Y, por fin, estamos ante una cuestión de marca personal. Iglesias es ya el político menos valorado en todos los sondeos que, mes tras mes, se realizan desde el CIS o desde diversos medios de comunicación. Debería quizá meditar en las razones de este veredicto demoscópico, para lo que valga. La izquierda nada tiene que ver con el separatismo y ese es un tremendo error que él mantiene desde hace demasiado tiempo ya. Debería meditar si episodios como esta particular conversión de los «Jordis» en ‘presos políticos’ tienen algo que ver con su bajísimo índice de popularidad. Hasta Puigdemont, vaya por Dios, está por encima. Pablo Iglesias corre el riesgo de convertirse, él sí que sí, en un ‘preso político’ de sus excesos verbales.