El Debate de hoy

Síguenos ahora en El Debate

El Gobierno de Pedro Sánchez anuncia cambios en la política sobre los presos de ETA. Este tipo de concesiones da por bueno el «final», sin arrepentimientos, de la banda terrorista y se olvida de las víctimas. 

Como era de esperar, el apoyo del PNV y de Bildu a la investidura de Pedro Sánchez ha tenido su correlato, entre otros asuntos, en el planteamiento de una nueva política para los presos de ETA. El Gobierno se ha apresurado a señalar que en este tema se guiará por un cumplimiento estricto de la ley, sugiriendo, de paso, que esta no se estaba teniendo en cuenta por sus predecesores. Tal argumento ha estado, por cierto, en boca de los nacionalistas, en especial de los más radicales, así como del aparato de propaganda con el que los epígonos de ETA defienden a sus presos. Sin embargo, su falsedad no debería suscitar ninguna duda, pues en esta materia lo que la ley penitenciaria establece es la facultad discrecional de la Administración para dar a cada preso -sea o no terrorista- el tratamiento que se estime más conveniente para su reinserción, así como para fijar el establecimiento carcelario en el que debe cumplir su pena. Por eso, cuando se discute acerca de la conveniencia o no del acercamiento de los etarras al País Vasco, el debate va de política, no de derecho.

Pedro Sánchez confirma que buscará el acercamiento al País Vasco de los terroristas presos de ETA pic.twitter.com/qGMZzl5Jgf

— Diego de la Cruz (@diegodelacruz) June 26, 2018

Hablemos entonces sobre la política penitenciaria. La dispersión de los presos de ETA fue un invento socialista cuya finalidad no era otra que quebrar el control que esta organización terrorista ejercía sobre ellos a fin de favorecer su reinserción en la sociedad. Ahora, los ministros del Gobierno socialista -que en esto siguen a pie juntillas la doctrina nacionalista- sostienen que, una vez que ETA ha sido disuelta, se justifica la modificación de esa política. Sin embargo, no he podido encontrar ninguna alusión a que tal cambio mejoraría el pronóstico de reinserción de los terroristas encarcelados. Más aun, aunque se dice que se resolverá cada caso de manera individualizada, no se ha mencionado ninguna exigencia referida a las motivaciones de los reclusos para delinquir -que son esenciales, pues cometieron delitos para alcanzar un fin político- y tan solo se señala que se empezará por trasladar a las cárceles ubicadas en el País Vasco a los de más edad, los enfermos graves y los que hayan cumplido una gran parte de su condena.

El epílogo político de ETA

Este tipo de argumentación es de un simplismo que hace dudar de las capacidades intelectuales de quienes lo sostienen, a pesar de que uno sabe que los ministerios implicados están dirigidos por personas inteligentes. Porque simplismo es aceptar que ETA se ha disuelto sin más y que los que eran sus presos carecen de organización. Para empezar, lo que ETA señaló en su «declaración final al Pueblo Vasco» es que había «desmantelado el conjunto de sus estructuras», que daba «por concluida toda su actividad política» y que sus miembros «continuarán la lucha por una Euskal Herria reunificada, independiente, socialista, euskaldún y no patriarcal en otros ámbitos». O sea, que dejaba el terrorismo y trasladaba su personal a «otros ámbitos». Es de presumir que estos no son otros que los del movimiento que conforma la izquierda abertzale, cuya dirección política corresponde ahora a Sortu y cuya expresión electoral está en la coalición Bildu. Nada sorprendente, porque han pasado ya unos cuantos años desde que esta estructuración del radicalismo nacionalista se estableció.

Pero hay más. Aunque la legitimación jurídica de Sortu y Bildu vino de la mano de una controvertida -y seguramente contraria a la ley- decisión del Tribunal Constitucional, su legitimación política se ha establecido ante su electorado a partir de su vinculación con ETA. De ahí que, como he destacado desde estas páginas en otra ocasión, los homenajes a etarras recién salidos de prisión o la reciente campaña con el lema «gracias ETA» hayan sido una constante de su acción política -lo que se ha expresado en 175 actos de esta naturaleza durante los dos últimos años, según el Observatorio de la Radicalización de COVITE-.

Homenajes a etarras: un signo de la debilidad del nacionalismo radical en el País Vasco

En consecuencia, el acercamiento de los presos de ETA tiene una significación política que engarza con la izquierda abertzale, dándole a esta un triunfo indudable, pues señala que, aunque abandonada, la campaña terrorista persiste políticamente en la continuidad entre ETA y Sortu-Bildu. Los etarras presos no tienen así nada de lo que arrepentirse, pues en esa continuidad se justifica su acción pretérita. Y si el Gobierno no les reclama nada en este terreno -incumpliendo, por cierto, el Código Penal, que exige a los terroristas el arrepentimiento para obtener un tratamiento que les favorezca- les estará dando el mensaje de que lo que hicieron mereció la pena y que, tal vez, en una decisión ulterior a su acercamiento al País Vasco lograrán una libertad anticipada.

Dice el proverbio que «no hay peor ciego que el que no quiere ver». En política, más aún cuando el poder se sostiene sobre bases débiles e inestables, la ceguera es muchas veces obligada, pero no inocua. El cambio en la política penitenciaria producirá, seguramente, damnificados en el lado de las víctimas de ETA, que verán otra vez rebajada su aspiración de justicia. Que las víctimas se fastidien no es, sin embargo, el único precio a pagar, pues en este caso es el conjunto de la sociedad española quien va a ver dañada la calidad de su democracia. Sánchez cabalga a lomos de un tigre y este puede acabar devorándolo.

Imagen de portada: Cartel en apoyo a los presos de ETA