Mikel Buesa | 05 de febrero de 2019
Anunciada por el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, se ha difundido la noticia de que el doctor Sánchez y el lehendakari Urkullu han llegado a un acuerdo para abrir la negociación de un paquete de 33 transferencias de competencias estatales a la autonomía vasca, entre las que la de más relieve es, sin duda, la relativa a las prisiones vascas.
El pacto se inscribe dentro de un ámbito político más general, pues implica el apoyo del PNV a Pedro Sánchez para que este pueda agotar la legislatura y extender su mandato hasta junio de 2020. Se trata, por tanto, del precio que ponen los jeltzales a su apoyo parlamentario al Gobierno, no solo para que pueda sacar adelante sus presupuestos, sino para que culmine su mandato.
Un precio, hay que recordarlo, que desvela el valor político de la traición del PNV, al dejar a Josu Erkoreka abandonado tras la aprobación de los presupuestos del año pasado, después de que el dirigente del PP asumiera una sustancial rebaja del cupo vasco. Está claro, en consecuencia, que, tras estos acontecimientos, la palabra de vasco —tan reputada en tiempos pretéritos— ya no vale nada y que los políticos nacionalistas son gente de la que nadie se puede fiar, pues están dispuestos a vender sus apoyos al mejor postor, practicando un oportunismo moralmente reprobable.
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Dejemos claro que la transferencia de las prisiones vascas a la comunidad autónoma aparece dentro de un programa en el que predominan las exigencias fundamentalmente económicas —destinadas a rebajar todavía más la factura anual del cupo—, así como una serie de competencias sectoriales —gran parte de las cuales se ejerce ya por el Gobierno vasco—, cuya principal consecuencia va a ser una fragmentación adicional del mercado interno español que puede dificultar la competencia de las empresas ajenas al País Vasco dentro del territorio de esta región.
Pero hay también en el paquete acordado entre Urkullu y Sánchez tres capítulos de neto contenido político. El primero es el que se refiere a la presencia de consejeros nacionalistas en las empresas públicas del Estado; el segundo, mucho más relevante, concierne a la cesión a Vitoria del régimen electoral municipal, lo que puede acabar derivando en una desvinculación de los comicios municipales y forales vascos con respecto a los que se celebran en el resto de España; y el tercero, aún más importante por su conexión con el problema de ETA, es el referido al sistema penitenciario.
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El acceso de la Administración nacionalista a la gestión de las prisiones y del régimen penitenciario de sus ocupantes ha sido un objetivo largamente perseguido por el PNV, que, en esto, ha contado siempre con el apoyo del fascio abertzale. La funcionalidad de una competencia como esta para ayudar a los «amigos políticos» es indudable, como ha sido suficientemente demostrado con la estancia de los golpistas catalanes en las cárceles de su región.
En este caso, de lo que se trata es de favorecer a los encarcelados de ETA dentro de las prisiones vascas, no solo haciéndoles más llevadera su privación de libertad, sino también facilitándoles la progresión de grado, haciéndoles factible su libertad provisional, pues el paquete competencial abarca todo: los establecimientos penitenciarios y el tratamiento administrativo al que se ven sujetos los reclusos.
A este respecto, conviene recordar que el Gobierno vasco ha realizado ya algunas propuestas acerca de las medidas a tomar con los etarras presos, clasificándolos en distintos grupos a fin de ordenar su reinserción —un eufemismo este que trata de ocultar el deseo nacionalista de acortar al máximo las penas carcelarias—. Y también que, sin tener competencia para ello, cuenta ya con un programa de reintegración de los etarras salidos de prisión en la vida laboral y social vasca.
Ni que decir tiene que esta cesión de las prisiones vascas cuenta con el apoyo de Bildu, de Podemos y, más disimuladamente, del PSE. Pero no así, ni con el del PP, como ha manifestado Pablo Casado, ni con el de las víctimas del terrorismo. Covite ya ha advertido de que esta operación no supone otra cosa que «ceder el legítimo derecho de las víctimas del terrorismo a la justicia a los nacionalistas, cuyo único objetivo es lograr la impunidad de los terroristas de ETA».
Sin embargo, no parece que esta denuncia haya tenido mucho eco. La política española se desenvuelve actualmente con mucha provisionalidad y esta transferencia de competencias se ha previsto para un horizonte que ahora se considera lejano: el mes de enero de 2020. Pero mientras que los demás partidos solo se ocupan del día a día, los nacionalistas vascos trabajan con apuestas de largo plazo. Ahí está su ventaja.
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