Carmen Sánchez Maillo | 11 de febrero de 2018
La introducción del aborto en la legalidad española tuvo lugar en 1985. La primera legislatura de Gobierno del PSOE, con una mayoría absoluta de 202 diputados, nunca reeditada desde entonces, utilizó la fuerza de su rodillo parlamentario y una campaña política basada en premisas muy discutibles, como fueron las estadísticas, falsas o nunca probadas, de abortos ilegales y la existencia de una creciente demanda social. Se trató de dar satisfacción a una demanda histórica y minoritaria del feminismo asumido por la izquierda del momento. Cabe subrayar que, a pesar de la extraordinaria fuerza parlamentaria del PSOE, se usó una vía claramente engañosa, pues bajo el argumento de la despenalización de solo tres supuestos particulares y graves (violación, peligro físico y psicológico de la madre y malformaciones del nasciturus) se aprobó una ley en la cual el peligro físico-psicológico de la madre fue diseñado y funcionó de facto como un caso “coladero” para introducir una suerte de aborto libre en España que la opinión pública, de entonces, es preciso subrayarlo, hubiese digerido mucho peor.
La España de mediados de los 80 asistió a un vivo debate, en el que tuvo un papel relevante como portavoz y líder de las ideas provida José María Ruiz Gallardón, vicepresidente de la entonces Alianza Popular, que, con su elocuencia, coraje y capacidad dialéctica, tuvo intervenciones sonadas en la muy politizada y sesgada televisión pública (la única existente, hay que recordarlo, dirigida por José María Calviño). Hubo un movimiento cívico importante procedente de diversos movimientos religiosos católicos (sobre todo, el Opus Dei) que hizo una labor importante de concienciación y de planteamiento cultural provida en el mundo de la educación. Sin embargo, en ciertos ámbitos eclesiales, en los que el disenso eclesial a la línea de san Juan Pablo II era una actitud habitual, no se prestó la debida atención a este debate provida que, de alguna manera, volvía a hacer a la Iglesia Católica incómoda frente al poder, frente a las ideas dominantes. Por último, el sesgo mayoritariamente izquierdista en los medios de comunicación, más las dos mayorías absolutas consecutivas del PSOE y otro Gobierno en minoría, junto a los Gobiernos posteriores del PP, que no quisieron abordar esta cuestión, determinaron un efecto estupefaciente sobre el aborto.
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El debate volvió a abrirse paso en la agenda política en la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero que, con la «Ley Aído» (Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo) convirtió el aborto en un derecho, sin más límite para su práctica que el transcurso de 16 semanas de formación del feto o de 22 semanas para los casos de riesgos de la madre y malformaciones del feto, ampliando el mercado objetivo de los potenciales consumidores de la industria del aborto a las menores de 16 años, sin necesidad del consentimiento paterno. El Gobierno de Rodríguez Zapatero obedeció con docilidad y extraordinaria generosidad a las demandas del lobby abortista. Las “clínicas” especializadas en abortos habían sido molestadas por los procesos penales al doctor Morín (dueño de las “clínicas” Ginemedex, TCB y Barnamedic), que había llevado al extremo las prácticas abortivas y que, años después, fue condenado, eso sí, a una pena mínima. Necesitaban de un marco legal más seguro para seguir con su práctica comercial.
En esta ocasión, una parte de la sociedad civil, integrada por numerosas organizaciones de inspiración cristiana, consiguió movilizar la calle y la opinión pública, con manifestaciones y movilizaciones masivas apoyadas también por la Iglesia Católica. Esto motivó que el Partido Popular prometiera la derogación de la ley, pero la aceptación tácita por parte de los sectores dominantes en el Partido Popular del status quo sobre el aborto determinó que dicha promesa y la consecuente iniciativa de restringir vía legislativa las prácticas abortivas del proyecto valientemente impulsado por Alberto Ruiz Gallardón quedasen abandonadas, pese a la vuelta al poder del Partido Popular en la X legislatura con una holgada mayoría absoluta. Tras el abandono del proyecto de Alberto Ruiz Gallardón y su dimisión posterior, un silencio espeso ha vuelto a sepultar el debate, pese a la cosmética modificación de exigir el consentimiento de los padres a las mayores de 16 y menores de 18.
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Este relato del debate del aborto en estos últimos 32 años en España permite apreciar paralelismos y diferencias con EE.UU.: (i) la extraordinaria permeabilidad del sistema político estadounidense a las demandas ciudadanas frente al español; (ii) la resistencia de la sociedad civil estadounidense a los mecanismos de imposición ideológica de lo “políticamente correcto”, que en 43 años no ha cesado de dar una batalla a favor de la vida, cuando el resto de Occidente calla; (iii) la existencia de élites políticas familiares cuyas posiciones pueden resultar decisivas para los posicionamientos políticos de sus respectivos partidos.
No se ha escrito la última palabra sobre este debate, la historia nos juzgará por cómo nos enfrentamos a la vergüenza del aborto legalizado. Sirva este artículo para despertar conciencias y animar voluntades para contribuir a seguir construyendo una cultura de la vida que consiga erradicar de nuestras sociedades la práctica y aceptación del aborto, ese crimen.