Renovación del CGPJ, un reparto de cromos que atenta contra la credibilidad del sistema
Juan Luis Jarillo Gómez | 10 de noviembre de 2018
Nacional
El nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial es fruto del pacto entre los partidos mayoritarios. La ciudadanía está cansada del reparto de cromos entre los políticos, que afecta a la credibilidad del sistema y de los juzgadores.
La justicia siempre ha sido un tema que ha provocado innumerables problemas y conflictos en España y, en especial, el órgano de gobierno de los jueces. Llega en diciembre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y volvemos a leer que se va a producir un “reparto de cromos”.
Cada renovación conlleva siempre, desde 1980, los mismos problemas. Pero, ¿por qué?
El pacto de la renovación del Consejo General del Poder Judicial
Los hechos nacen del propio texto constitucional, que señala que el Consejo está formado por doce miembros, entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro, a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro, a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.
Desde la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio, ningún Gobierno ha afrontado con claridad este asunto, ninguno ha apostado por la verdadera independencia. El Partido Popular, en la oposición, defendía la reforma, aunque participaba del pacto; en el poder, tibias reformas pero nada mas. Siempre ha existido un pacto entre los partidos políticos mayoritarios, según el cual, transcurrido el tiempo y tras la mencionada ley orgánica, va a ser una elección de jueces y magistrados a través del pacto de partidos en el Congreso y el Senado.
El populismo ante el Poder Judicial . ¿Justicia de garantías o linchamiento de la Justicia?
Estos días estamos recibiendo noticas de un pacto más difícil todavía, Partido Socialista, Partido Popular y Podemos con algún nacionalista del grupo vasco. Más asombroso todavía, ya no existen límites y estas cuestiones están produciendo un malestar en la opinión pública, que se extiende a todo lo que es la justicia. Esto conlleva, además, que el principio de independencia judicial frente al poder político quede en entredicho. El reparto del poder conlleva que las personas designadas tengan normalmente una adscripción política, con la consiguiente politización de la justicia; a través de ello, se sigue llevando a cabo un verdadero reparto de cromos.
Los problemas nacen de la propia mayoría exigida por el texto constitucional de tres quintos, eso aboca a un pacto entre tendencias distintas y teniendo en cuenta que no va a fallar entre ellos el principio de: “hoy por mí, mañana por ti”.
Uno de los elementos clave del problema es la interpretación del nombramiento de doce miembros del Consejo entre magistrados y jueces. Cuando se inicia la andadura de la Constitución, se tenía claro que iban a ser las asociaciones judiciales las que iban a nombrar a los mismos. Tras 1985, el que gobernaba y la oposición fueron pactando, sucesivamente, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, sin que las propias asociaciones judiciales tuvieran nada que decir en la elección final de los mismos.
Luchar contra la corrupción empieza por la independencia judicial
Desde Europa, el grupo de Estados contra la corrupción que forma parte del Consejo de Europa es muy crítico con España por el tema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, al señalar que la lucha contra la corrupción empieza por la independencia de las personas que vayan a formar parte del propio órgano. El Consejo de Europa recomendaba encarecidamente a España que al menos diez de los veinte vocales fuesen elegidos por los jueces y magistrados y que, en todo caso, no interviniera el poder político en la elección de los mismos.
Las medidas de transparencia e independencia son elementos esenciales en la justicia. En los tiempos actuales, estamos acostumbrados a escuchar si una sala es conservadora o progresista o cómo se va a realizar el nuevo nombramiento atendiendo a la importancia de los asuntos a tratar.
La ciudadanía está cansada del intercambio de cromos entre los políticos y ello afecta directamente a la credibilidad del sistema y de los juzgadores de los casos de corrupción o de problemas de las propias instituciones. Y, en definitiva, no olvidemos que el problemas afecta al sistema directamente, que al final es el que, si sigue así, quedará definitivamente dañado por estas estrategias partidistas y sin límites para alcanzar el poder de la judicatura por quienes nos gobiernan.
Imagen de portada: Sede del Consejo General del Poder Judicial, en Madrid.
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