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La posibilidad de que los líderes soberanistas salgan de prisión antes de las elecciones catalanas de diciembre es una cuestión que deben decidir los jueces, nunca los políticos movidos por cualquier interés. 

Simplemente el hecho de escribir este titular en un artículo resulta ya un mal augurio de lo que puede ocurrir en las próximas elecciones catalanas del 21 de diciembre. Básicamente, porque la conveniencia o no conveniencia de que los acusados de rebelión, sedición y malversación que, además de todo ello, han convertido Cataluña en un territorio liberticida y arruinado, debe ser una discusión estrictamente de ámbito judicial. Y nunca de ámbito político.

Pero lo cierto es que las continuas filtraciones oficiales aludiendo a que sería mejor para los intereses constitucionalistas que los imputados por materializar un golpe de Estado estuviesen en la calle en el momento de esa cita electoral decisiva han conseguido que esté en la calle de forma contante el debate sobre si Oriol Junqueras y el resto de miembros del Gobierno regional que se empeñaron en desobedecer la Constitución Española, el estatuto de autonomía catalán y todo un nutrido abanico de leyes deben ser excarcelados.

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La situación procesal de estos políticos en este momento es fácil de resumir: están en prisión incondicional por haber materializado un golpe de Estado pese a las continuas advertencias por parte del Gobierno y de la Justicia y por, única y exclusivamente, la decisión de jueces y fiscales.

Nada ha habido de político en esa decisión de encarcelarlos. De hecho, han sido los fiscales y jueces de la Audiencia Nacional los que han aclarado que, ante la elevada condena que recoge el Código Penal español para los tipos delictivos descritos, no quedaba más remedio que aplicar la prisión incondicional inmediata para todos ellos. En primer lugar, por el evidente riesgo de fuga, especialmente remarcado tras la escapada de Carles Puigdemont. En segundo lugar, por los continuos mensajes de todos los acusados que subrayaban que ellos seguían considerándose el gobierno legítimo de Cataluña y que no pensaban dejar de protagonizar lo que se conoce como ‘reiteración delictiva’. Y, en tercer lugar, porque su puesta en la calle les permitiría ocultar o destruir pruebas necesarias para el correcto desarrollo del juicio.

Simple y llanamente esa es la argumentación que avala que los golpistas se encuentren en la prisión. Podemos discutir mucho sobre si esa aplicación de la prisión preventiva incondicional como medida cautelar en los procesos judiciales españoles es adecuada o no. Unos podremos estar de acuerdo en que lo es y otros en que no lo es por lo preciado del carácter de la libertad personal y, por lo tanto, por el carácter de dureza de la privación de libertad. Pero si lo discutimos, tendrá que ser con carácter general, es decir, como reforma a aplicar a todos los procesos judiciales españoles. Y nunca bajo la presión política que tiene un proceso judicial como el que se desarrolla contra el golpismo separatista catalán.

Missatge de Junqueras des de la presó:

"Lluiteu! Lluiteu sempre, sense defallir. I l’hivern deixarà pas a la primavera. Endavant!" pic.twitter.com/dh8oyce46a

— Oriol Junqueras ?️ (@junqueras) November 11, 2017

Ha sido el propio Gobierno de España el que ha afirmado en innumerables ocasiones que prefiere que los acusados por este golpe de Estado se encuentren fuera de la prisión en el momento de las elecciones. Que su estancia en la cárcel durante el momento en el que el pueblo catalán tiene que tomar la decisión de a qué partido votar no ayuda al avance del bloque constitucionalista y, sin embargo, sí lo hace para elevar las expectativas de voto de los partidos separatistas.

Esta afirmación, por principio, entra en un ámbito que no compete al poder ejecutivo de ningún país. Básicamente porque, si es así, lo que tenía que haber hecho el Gobierno es no fijar las elecciones en una fecha tan próxima y haber utilizado los poderes constitucionales y democráticos que le concedió el Senado para haber convocado esos comicios en un plazo de hasta seis meses. Y dos, porque son los jueces y fiscales quienes deben decidir cuáles son las medidas cautelares adecuadas para aquellos que desafían todo el orden constitucional español. Y deben hacerlo en base, exclusivamente, a la práctica jurídica y las leyes españolas.

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Pero, más allá de la discusión de competencias y jurídica, ni siquiera el argumento de la excarcelación de los golpistas tiene una explicación política irrebatible. En España nos hemos acostumbrado a observar la política únicamente como una práctica cortoplacista. Como una mecánica pensada en conseguir el mejor resultado electoral a tres o seis meses vista, sin darnos cuenta de que la verdadera política es la que tiene que diseñarse para provocar cambios en la dirección correcta a medio y largo plazo. Porque ningún cambio importante se puede conseguir en medio año.

Unas elecciones en dos meses y una excarcelación urgente de los golpistas tan solo puede deslizar la idea de que el Estado no está dispuesto a permanecer en Cataluña el tiempo necesario para revertir la situación liberticida. Que carece de apoyos suficientes en el resto de partidos para mantener esa situación durante el tiempo necesario para conseguir una estabilidad jurídica y social que pueda garantizar que el resultado de las elecciones sea fiable desde el punto de vista democrático y de respeto de la libertad de elección auténtica. Y si ese mensaje se ve acompañado de la excarcelación de aquellas personas que en situaciones normales habrían permanecido en prisión, el resultado puede ser aún peor, porque los separatistas podrán interpretar perfectamente esas decisiones como la muestra de la debilidad del Estado y, por lo tanto, como un mensaje de fortalecimiento en su creencia de que pueden llegar a doblegar las leyes.

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El resultado de las elecciones del 21 de diciembre siempre será incierto y difícilmente favorable, teniendo en cuenta que Cataluña lleva soportando tres décadas de adoctrinamiento permanente desde las escuelas, las calles y los medios de comunicación públicos y privados. Y eso, no lo cambiará significativamente el hecho de tener a los golpistas en prisión o en la calle.

Sin embargo, lo que sí puede cambiar a medio y largo plazo la situación de ilegalidad permanente en la que vive Cataluña es la demostración de un Estado fuerte en la defensa de su Constitución y sus leyes. La demostración de que, con el PSOE o con el PP en el Gobierno de la nación, la política de defensa de la unidad de España y de su Carta Magna no variará. La de que si hace falta volver a aplicar el artículo 155 no le temblará la mano a ningún gobernante nacional. Esa demostración sí sería interpretada por los golpistas como un mensaje claro de que nunca triunfarán. Es más, sería interpretado por todo el entorno internacional, incluido el entorno comunitario europeo, como un mensaje contundente de que la unidad de España nunca jamás podrá ser puesta en duda tampoco por el resto de países. Mensajes, todos ellos, que generarían una evidente fisura en quienes saben que solamente en la debilidad del Estado y en las dudas internacionales podrán cultivar el desarrollo de su proyecto suicida.

Por eso, por argumentos jurídicos, los golpistas deben tener exactamente el mismo trato preventivo que cualquier otra persona bajo el Código Penal. Y, por argumentos políticos, exactamente lo mismo. Porque solo con políticas a medio y largo plazo se podrá dar la vuelta al destrozo que han ocasionado los separatistas en la mente de los habitantes de esa parte de España llamada Cataluña.

Imagen de portada: Cartel que pide la salida de prisión de los exconsellers catalanes encarcelados | Òmnium Cultural y Crida per la Democràcia