La justicia belga prima al infractor frente a un Estado que quiere hacer cumplir las leyes
Juan Luis Jarillo Gómez | 21 de noviembre de 2017
Justicia
Mientras los consejeros de la Generalitat que están en España se encuentran en prisión, Puigdemont continúa huido en Bruselas. Parece ser que en el espacio europeo cada uno aplica las normas según su conveniencia y se prima al infractor frente a un Estado de derecho que quiere hacer cumplir la ley.
Hace años, alguien comentaba que todos no somos iguales ante la ley; que, a la hora de la verdad, había distinciones entre unas personas y otras.
La verdad es que, analizando la situación de los huidos catalanes en Bruselas, una persona puede considerar que esta expresión no está muy lejos de la realidad.
No pretendo justificar los hechos, pero la opinión pública está muy sensibilizada con este tema y no puede entender cómo una misma situación tiene interpretaciones tan dispares.
Los consejeros de la Generalitat que están en España se encuentran en prisión y el señor Puigdemont y los otros huidos siguen tranquilamente a la espera de que la justicia belga tome las decisiones judiciales que considere.
Medidas cautelares para los huidos
Actualmente, se encuentran en libertad, con una serie de medidas cautelares impuestas por la justicia de Bélgica, como son la prohibición de salir del país sin permiso. Una vez celebradas las correspondientes vistas en la sede de la Fiscalía de Bruselas, el juez instructor también acordó para los imputados la obligación de comunicar una dirección de residencia y asistir personalmente a las vistas cuantas veces sean convocados.
Recordemos que son reclamados por presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos.
La violencia del delito de rebelión comprende la intimidación, y en el caso de Cataluña existió
Además, quiero recordar que el proceso judicial continúa en la Cámara del Consejo de Bruselas, que es el tribunal de instrucción y que tiene un plazo de 15 días para pronunciarse sobre el recurso que han presentado los interesados.
El Ministerio Público belga ha señalado que tramitar en Bélgica euroórdenes conlleva un tiempo máximo de 60 días y 30 días más si hay circunstancias excepcionales. No obstante, el portavoz había matizado con anterioridad a la decisión del juez que, en caso de que no se ordenara su ingreso en prisión, el plazo podría incluso alargarse más de los citados 90 días.
Si se diera todo ello, el señor Puigdemont no sería entregado a España antes del día 21 de diciembre, fecha de las elecciones autonómicas catalanas y a las que va a concurrir como candidato.
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— El Periódico (@elperiodico) November 19, 2017
Todo ello se une a las dudas de las autoridades belgas sobre las garantías democráticas españolas y la idoneidad de nuestro sistema penitenciario, al poner en tela de juicio si en España la justicia es independiente, además de retrasar las euroórdenes. A la vez, acogen a un prófugo y se le da un tratamiento especializado.
¿Qué sucede, entonces, con el espacio europeo en relación con la justicia? Parece ser que cada uno va a aplicar las normas según su verdadera conveniencia y sin un criterio objetivo y jurídico.
¿Seguro que es conveniente que los golpistas estén en la calle en las elecciones catalanas?
Todo ello conlleva unas consecuencias mas profundas: el ciudadano deja de creer en el sistema europeo, en la eficacia y rapidez de la justicia. Se supone que Europa defiende sus valores democráticos y sociales de forma contundente, pero se acaba politizando la situación por encima de la justicia y los criterios que deberían primar en este caso.
Al final, quien incumple las normas, quien huye de su país y se refugia en otro Estado tiene, frente a un ciudadano normal, una situación de ventaja, porque se prima al infractor frente a un Estado de derecho que quiere hacer cumplir las normas. Y lo peor de todo es que es un Estado democrático y con un sistema judicial europeo el que lo permite. Ante estos hechos, que cada uno tome sus propias conclusiones.