Manuel Llamas | 11 de marzo de 2019
Pedro Sánchez mantiene intacta su inmoral e irresponsable estrategia política de tirar de reales decretos, con las Cortes ya disueltas, para tratar de comprar votos a cargo del dinero del contribuyente aprovechándose de su privilegiada posición al frente del Gobierno. Su “viernes social” de cada semana no es más que un conjunto de maniqueos anuncios electoralistas, cuya factura, por cierto, no solo se contabiliza en miles de millones de euros, sino en ralentización económica y una menor creación de empleo.
Prueba de ello es el segundo «decretazo» que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 8 de marzo, puesto que, bajo la excusa de ampliar las ayudas públicas a los parados, el Ejecutivo socialista contribuirá a enquistar el desempleo estructural que sufre España.
Entre otras medidas, el Ministerio de Trabajo amplió el subsidio de paro a los mayores de 52 años, frente a los 55 actuales, de modo que todas aquellas personas que no encuentren trabajo a partir de esa edad podrán percibir una prestación pública de 430 euros al mes hasta alcanzar la edad de jubilación. Su coste rondará los 350 millones de euros extra al año, aunque el mayor problema no reside en la cuantía en sí, sino en el poderoso desincentivo que genera una renta de estas características a la hora de reincorporarse al mercado laboral.
El mercado de trabajo español sigue siendo uno de los más rígidos de la OCDE, a pesar de las importantes mejoras que introdujo la reforma del PP en 2012. Por un lado, los elevados costes y trabas que impone el Gobierno a la contratación encarecen de forma muy sustancial la creación de empleo, mientras que, por otro, el sistema de prestaciones públicas dificulta enormemente la recolocación de los parados, lo cual se acaba traduciendo en una de las tasas de paro estructural más altas del mundo, próxima al 11%, casi cuatro veces más que la existente en Alemania.
La reforma laboral exprés de Sánchez que desestabilizará el empleo
En la actualidad, de los 3,29 millones de personas inscritas en el Servicio Público de Empleo, el 40%, algo más de 1,3 millones, son parados de larga duración, puesto que llevan más de un año en esa situación, un porcentaje extraordinariamente alto en comparación con otros países desarrollados. Una de las razones que explican semejante fenómeno es el amplio e ineficiente modelo de asistencia social que existe en España.
Y es que, una vez agotada la prestación de paro, cuya duración se puede prolongar hasta dos años, entran en funcionamiento otros subsidios, desde el Plan Prepara hasta la Renta Activa de Inserción, que garantizan una paga a los parados crónicos, así como el ya citado subsidio indefinido de 430 euros al mes para los mayores de 52 años.
En lugar de recolocar a los desempleados, ya sea mejorando su cualificación o buscando ofertas, el antiguo INEM tan solo se dedica a tramitar y gestionar el cobro de prestaciones y subsidios, incentivando con ello la permanencia en el paro. El servicio estatal apenas facilita empleo al 2% de los inscritos en sus oficinas, una cifra ridícula. En muchos países ricos, esta función suele ser desempeñada por empresas privadas, con un nivel de éxito muy notable, y, en todo caso, se establecen una serie de penalizaciones, de modo que rechazar una oferta laboral implica una reducción progresiva de las prestaciones, hasta el punto de retirar completamente el subsidio, al contrario de lo que sucede en España.
La ineficacia del Servicio Público de Empleo para recolocar parados y el cobro garantizado de rentas públicas incentiva la prolongación del paro, hasta el punto de cronificarse, especialmente en el caso de los trabajadores menos cualificados y en las regiones con menos renta per cápita, donde la diferencia entre la cuantía de la prestación y el sueldo a percibir en un posible trabajo es más estrecha. Y ello sin contar la significativa bolsa de fraude que se genera en este ámbito, puesto que un volumen no desdeñable de beneficiarios también trabaja, de una u otra forma, en la economía sumergida.
Primer decretazo de Sánchez: alquileres más caros y menos empleo
Así pues, la medida surgida del último “viernes social” de Sánchez servirá, sin duda, para captar nuevos votantes, dado que subvencionar el paro de larga duración a partir de los 52 años beneficiará a cerca de 380.000 personas, pero supone una pésima noticia para el conjunto de la economía española y las maltrechas cuentas de la Seguridad Social.
Si a esta errónea decisión se suma el hecho de que patronal y sindicatos volverán a controlar los cientos de millones de euros destinados a la formación de trabajadores y parados, con el consiguiente fraude y despilfarro que ello supondrá, o que la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros al mes condenará al desempleo a muchos jóvenes y trabajadores poco cualificados, el panorama que arroja el mercado laboral español resulta desolador. No hay mejor política social que el trabajo, con lo que los tan cacareados “viernes sociales” de Sánchez no tienen nada de social y sí mucho de engañoso y perjudicial electoralismo populista.
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