Fernando Lostao | 15 de diciembre de 2017
La aplicación del artículo 155 de la Constitución al menos ha servido para crear una especie de corredor de justicia, gracias al cual ha sido posible la devolución de las obras de arte sacro pertenecientes al Real Monasterio de Santa María de Sijena que estaban todavía en el Museo de Lleida. El ministro Íñigo Méndez de Vigo, al ordenar la entrega, no actuó por iniciativa propia o ejerciendo facultades especiales, sino que se limitó a ejecutar la decisión de un juzgado. A hacer algo que los consejeros de Cultura del Gobierno catalán Santi Vila y Luis Puig, este último compañero de fuga de Puigdemont, se negaron a hacer, razón por la cual han sido denunciados a la justicia y les espera una más que probable instrucción penal, juicio y hasta quizás condena.
Por cierto, sobre el señor Puig, y por este exclusivo motivo, se ha solicitado una euroorden de entrega distinta a la general, que ya sabemos se eliminó hábilmente por el juez Pablo Llarena. Ya veremos qué dice la justicia ordinaria, que es la que ahora debe instruir este posible delito de desobediencia judicial, una vez que estos exconsellers han perdido la condición de aforados y el Tribunal Supremo se ha quitado el asunto de encima.
El alcalde de Lleida justificaba su postura en contra de la entrega de los bienes amparándose en un recurso al Tribunal Supremo. Señor Ros [Ángel], las sentencias son ejecutables aunque no sean firmes; en este caso, además, ha habido dos, la del Juzgado de Primera Instancia y la confirmación de la Audiencia Provincial de Huesca. Debe ser la parte que quiera evitar la ejecución de una sentencia no firme la que demuestre los daños irreparables que la ejecución de una sentencia podría causar y, además, prestar caución adecuada para esto.
Recordemos que las pretendidas ventas realizadas en los años 80 y 90 al Gobierno de Pujol no fueron solo ilegales porque no contaron con las autorizaciones administrativas propias de unos bienes catalogados –recordemos desde 1923- como de interés cultural histórico artístico, sino porque, como ha recordado el alcalde valiente Ildefonso Salillas, los bienes fueron vendidos por quien no tenía facultad alguna para hacerlo, porque ni era propietaria ni tenía mandato y poder para hacerlo. Se trató de la priora del Monasterio de Valldoreix, que simplemente se limitó a acoger en los años 70 a las últimas cuatro monjas de la orden titular del convento, las Sanjuanistas de Jerusalén, realizándose la venta una vez muerta la última priora. Hoy el convento está ocupado por la orden monástica de Belén y de la Asunción de la Virgen, una congregación francesa nacida en 1950.
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Afortunadamente, la entrega se pudo hacer con auxilio de la Guardia Civil, el inevitable de la Policía catalana, ahora sometida al Ministerio de Interior, y la pericia de los técnicos aragoneses; eso sí, soportando insultos y vehemencias independentistas, una vez más sacando las cosas de quicio e intentando rentabilizar políticamente el victimismo: robo, expolio, humillación… Como dice el humilde y valiente alcalde de Sijena, cuando a nosotros se nos llevaron los bienes, ni protestar pudimos…
Otras de las líneas argumentales contrarias a la entrega a Aragón de las piezas ponía su acento en la poca confianza en que los bienes fueran a estar adecuadamente cuidados en su vuelta a Sijena; pues bien, lo que se encontraron los técnicos aragoneses es que solo algunas piezas habían sido restauradas, muy pocas expuestas, algunas en franco mal estado, y yo me preguntaría: ¿cuántas visitadas?
Pero el tema no acaba aquí. Las pinturas murales de la sala capitular del monasterio, otra de las joyas de Sijena, que se encuentran expuestas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, también deben ser objeto de entrega, así lo ha ordenado el Juzgado de Primera instancia nº 2 de Huesca, en ejecución de su sentencia del año 2016. La negativa a la entrega ha encontrado su aparente justificación en lo delicado de la operación y los irreparables daños que teóricamente podrían sufrir; sin embargo, debe saberse que estas pinturas, que fueron arrancadas del monasterio en 1936, tal y como ha demostrado la profesora de la Universidad de Zaragoza Marisancho Menjón, han experimentado desde entonces numerosos movimientos dentro de Cataluña e incluso algunos de los plafones en los que se encuentran soportadas las pinturas han llegado a viajar para ser expuestos en Londres o en el mismísimo Museo Metropolitano de Nueva York.
La jueza Silvia Ferreruela se encuentra con muchos informes periciales sobre su mesa, unos a favor y otros en contra del traslado de estos murales. Veremos qué decisión toma, cuándo lo hace, quién manda en Cataluña cuando lo haga y, llegado el caso, qué medidas de ejecución establece.