La diferencia salarial entre los funcionarios. Una Administración formada por islotes
Gil Ramos | 15 de octubre de 2018
La diferencia salarial entre los funcionarios de distintas Administraciones es una de las consecuencias de la descentralización del Estado. Se necesita un estudio riguroso de esta brecha y que los políticos tengan interés por solucionarlo.
Uno de los mayores retos en el ámbito de la igualdad en nuestro país resulta, sin duda, la reducción y supresión de la brecha salarial entre hombres y mujeres. En un país como Francia, de claros principios republicanos, la brecha salarial alcanza un 9%, mientras que en España ese porcentaje se sitúa en torno al 11%, según datos de la OCDE cuya media es del 14,3%. Sea como fuere, lo cierto es que la diferencia entre retribuciones tiene difícil explicación, ya que no suele tratarse de causas de discriminación directa, sino que la brecha deriva de elementos convencionales incardinados en la estructura salarial o por el uso del contrato a tiempo parcial. Sin embargo, en España no solamente existe una brecha salarial de género, sino que también se produce otro supuesto de desigualdad evidente: la diferencia salarial entre los funcionarios de distintas Administraciones.
✔️Otra manifestación pidiendo #EquiparacionYa REAL
— jusapol (@jusapol) September 29, 2018
✔️Estamos muy contentos con la participación
✔️Otra vez comportamiento ejemplar de los participantes
✔️Gracias a todos los que habéis hecho posible #29SeptBarcelona pic.twitter.com/ixV6TgFTzT
Las nóminas de funcionarios y empleados públicos de las Administraciones constituyen el ejemplo más claro de la divergencia salarial. Dependiendo de la comunidad autónoma o ente local, el igual trabajo se remunera de modo muy distinto. Quizás uno de los casos más llamativos resida en la diferencia salarial entre funcionarios de los cuerpos de seguridad, entre mossos o ertzainas, en comparación con los policías nacionales. La reciente manifestación de Barcelona de JUSAPOL incidía precisamente en el aspecto de equiparación salarial, aunque desafortunadamente la imagen que nos queda en la retina es la del odio y la ira de los escuadrones del independentismo. En cualquier caso, tanto en el caso de los funcionarios de los cuerpos de seguridad como en el del resto de funcionarios del Estado, tradicionalmente, las nóminas han sido menores a las equivalentes en los puestos de la comunidad autónoma y, a su vez, en las diversas comunidades autónomas también queda patente la diferencia salarial entre los funcionarios.
Pese a que nos hayamos acostumbrado a las diferencias territoriales y, de hecho, no se cometa ilegalidad alguna, ya que ello responde al esquema descentralizado de competencias del Estado del que nos hemos dotado, lo cierto es que en la ciudadanía produce, cuanto menos, indignación el conocimiento de dicha brecha territorial. Cuando se trata de la Administración General del Estado, en Madrid como sede central de los ministerios, no se palpa de la misma forma que en otros lugares más periféricos, donde, al igual que en el uso de los inmuebles públicos, la diferencia con las condiciones salariales de las comunidades autónomas se asume, va de soi. El funcionario del Estado está casi proscrito o, si se prefiere, está convenientemente encastillado. Dado que las competencias se han transferido casi en su totalidad a las comunidades, parece que pudiera tener sentido la mejor dotación para los cuerpos de dicha Administración, pero este argumento, ciertamente endeble, cae definitivamente al comprobar que también hay diferencias salariales entre funcionarios de las distintas comunidades.
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Si a lo anterior se suman las diferencias, no solamente entre funcionarios sino también del personal laboral que presta servicios en la Administración General del Estado en relación a los contratados laborales de otras Administraciones, el panorama que nos encontramos es de una desigualdad retributiva territorial evidente, con pocos visos de solución salvo para casos concretos sangrantes, como el de los policías. No obstante, sería razonable articular un estudio serio, riguroso y analítico sobre este tipo de brecha para intentar hallar una base que fundamentase la equiparación de los sueldos públicos. La gran dificultad radica en que esta equiparación siempre sería a costa de incrementar el gasto económico del erario público. Otra opción para evitar la diferencia salarial entre funcionarios podría ir en la línea de racionalizar los salarios bajo un mínimo común denominador de las distintas Administraciones, aunque eso supondría entrar en conflicto con los políticos responsables de las entidades que más pagan. Una auténtica panacea y un desideratum un tanto naif en el escenario actual.
Al igual que ocurre con la igualdad de género, los poderes públicos deberían garantizar que a igual trabajo se perciba igual salario, sea donde fuere la Administración que recibe la prestación, aunque es posible que, como en el clásico Islands de Mike Oldfield, desde hace tiempo seamos auténticas islas, de tal suerte que cada Administración defienda su islote salarial, pero, eso sí, nunca demasiado alejado del continente-Estado, por si de nuevo vuelve a soplar el viento del norte y la crisis pone en jaque no solamente la diferencia salarial entre funcionarios sino a todo el sistema público.