Huelga en El Prat: cuando contratar al mejor precio no significa contratar a cualquier precio
Juan Pablo Parra | 17 de agosto de 2017
¡Pobre de quien haya tenido que coger un avión en el aeropuerto de El Prat! Muchos viajeros habrán temido ver cómo un escáner de equipajes engullía sin piedad sus vacaciones por la huelga de los vigilantes de seguridad. Los sindicatos de AENA convocan 25 días de huelga en todos los aeropuertos de España a partir del 15 de septiembre.
El conflicto aflora en un complicado triángulo compuesto por los vigilantes, su empresa y la entidad pública titular del aeropuerto. AENA necesita cubrir la seguridad de los accesos al aeropuerto. Para adjudicar este servicio, abre un procedimiento de licitación que terminará en la adjudicación de un contrato administrativo. Las empresas concurren a este llamamiento y la que, en esencia, oferta el precio más bajo se queda con el contrato.
Este mecanismo ha funcionado razonablemente bien hasta la llegada de la crisis económica, que aportó dos elementos muy importantes.
Uno es la austeridad, que en el ámbito de la contratación pública ha significado apretar las tuercas a las empresas licitadoras, siendo el precio del servicio más bajo y más decisivo que nunca para la adjudicación de un contrato público.
El otro son los mecanismos que la Reforma Laboral de 2012 implantó para que las empresas redujeran los salarios y modificaran condiciones laborales con relativa facilidad.
Pues bien, la suma de ambas circunstancias provoca una tormenta perfecta en el macrosector de los servicios a la Administración. La Administración ofrece poco, las empresas tienen que contraofertar menos aún y la ley laboral permite que se traslade el ajuste a la nómina de los trabajadores, la parte más débil. Esta situación se puede prolongar contrato tras contrato, reduciéndose salarios, aumentando jornadas, fijando turnos imposibles o recortando efectivos.
Cumplir la reforma laboral: más controles y un mercado de trabajo flexible
Los políticos interesados en derogar el conjunto de la reforma laboral aprobada por el PP quizá podrían reflexionar sobre si no conviene seguir apostando por la flexibilización del mercado de trabajo en EspañaY esta tensión es patente en el sector de la seguridad. En primer lugar, los servicios de seguridad privada están muy tasados y las empresas pueden diferenciarse poco en su prestación, lo cual hace que el precio sea el elemento diferenciador entre las empresas. En segundo lugar, esta actividad es intensiva en mano de obra, con lo que una reducción del salario del personal permite hacer una oferta de contrato mucho más competitiva y viceversa.
Y si no bajas salarios y precios, ya vendrá otro que los baje y se lleve el contrato, como ha ocurrido precisamente en la seguridad, donde, frente a las empresas asentadas, han aflorado otras nuevas ofertando precios muy bajos a costa del salario de sus trabajadores. Esta primavera, los medios de comunicación informaban de que el Ministerio de Empleo, guardián de la legislación social, adjudicó la vigilancia de los Centros de Atención al Refugiado a una empresa que redujo de 1.100 a poco más de 700 euros el salario de sus trabajadores.
.@idlserna preside en #Barcelona la reunión del comité de crisis que estudia las alternativas a adoptar en el #aeropuerto de #ElPrat pic.twitter.com/eXebD5Xj2a
— Ministerio Fomento (@fomentogob) August 11, 2017
Además, en el ámbito de la seguridad, opera la subrogación del personal. Esto es, los vigilantes que prestaban servicio a través de una empresa para una institución pública cambian de empresa y de condiciones de trabajo, pero no de tareas, con lo que el deterioro de las condiciones de trabajo se hace evidente cuando el trabajador echa la vista atrás, con la consiguiente frustración.
Esta situación es común a multitud de empresas y miles de trabajadores cuyo cliente es la Administración. La diferencia de El Prat es que una huelga en un aeropuerto principal sale en los telediarios y una huelga en la cafetería del Ministerio de Educación no, y por eso convocar un paro en mitad de agosto compensa.
¿Y por qué aceptan las empresas estos contratos sabiendo que pueden provocar un conflicto laboral? Porque los contratos públicos dotan a las empresas de estabilidad, son el colchón financiero que les permite asumir el día a día de la organización, planear sus inversiones y así garantizar la viabilidad y crecimiento del proyecto empresarial. Muchas son las empresas “de toda la vida” en todos los sectores que, al perder contratos públicos frente a empresas bajistas, han tenido que cerrar.
Malos tiempo para la huelga. Empleo de medios técnicos en vez de esquiroles
La huelga no está en su mejor momento, no solo porque la técnica permite minorar sus efectos, sino también intervienen en ella factores que tienen que ver con la globalización.Por este motivo, que los poderes públicos se sacudan la responsabilidad de situaciones como la de El Prat diciendo que se trata de un conflicto entre trabajadores y empresa es una actitud discutible, pues contratar al mejor precio no significa contratar a cualquier precio. La Administración no puede permitirse ser un cliente cualquiera al que le dé igual cómo se le presta el servicio porque, entre otras cosas, a la Administración la sustenta el trabajador cuyo sueldo ha sido reducido y la empresa que se ha quedado fuera de la licitación por no ofrecer menos de lo que un empresario responsable podría.
Pero estamos a tiempo de solucionarlo. Este verano, el Congreso ha remitido al Senado el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, que es la norma que en parte genera situaciones como la que vivimos. Esperemos que haya suficientes diputados y senadores afectados por las colas de El Prat como para acometer las reformas que resuelvan el conflicto existente y los cientos de conflictos latentes que igualmente existen. Veremos.