Rafael Ayala | 04 de noviembre de 2020
La pandemia agitó la importancia que tiene el conocimiento de la gestión pública y política de nuestros gobernantes.
En España la transparencia vivía un momento decadente, lento… Con cada vez menos presencia en los medios de comunicación y tras ser zarandeada en las últimas campañas electorales, la transparencia estaba siendo objeto de un lento declive por falta de recursos e impulso político. Pero esto cambió con la llegada del coronavirus, la pandemia agitó la importancia que tiene el conocimiento de la gestión pública y política de nuestros gobernantes. Se desconfinará la transparencia…
Conseguir aprobar una ley en materia de acceso a la información en el año 2013 fue todo un hito, porque no existía regulación. Supuso la creación, por primera vez, de un órgano garante como el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España, impulsó que muchos políticos y Administraciones pusieran mayor atención en «transparentar» datos, documentos e información, bien por exigencia de la propia normativa o por el hecho de crearse una imagen de políticos o instituciones abiertas. La pandemia nos puso ante el espejo de cómo lo estábamos haciendo, si bien o mal. En muchos casos, observamos que nuestras políticas de transparencia estaban cogidas con alfileres. Un reflejo, puro espejismo sin una realidad sólida detrás, aparte de un postureo burdo, sustentado por marcar una imagen de transparente ajena a la realidad para puntuar bien un ranking.
La transparencia es una cualidad democrática de la gestión pública que debemos reivindicar en un tiempo, el de la pandemia, en el que con frecuencia se ha desatendido llegando incluso a afirmar que es algo extravagante o molesto para la eficiencia. Todo lo contrario, hoy es una exigencia indeclinable del Estado de derecho en cuya virtud se juzgará su vigencia o su inexistencia. Sin transparencia no hay real democraciaJaime Rodríguez Arana
Y llego la COVID-19. Durante el confinamiento se dictaron una serie de normas que dejaron la transparencia y, en concreto, el derecho de acceso a la información en suspenso. Es decir, durante el estado de alarma no pudimos preguntar a las Administraciones. No es que las Administraciones Públicas no pudieran publicar en sus portales de transparencia la información que siempre habían publicado y, en concreto, la información relativa a la COVID-19 (tan necesaria en ese momento y ahora), sino que durante este tiempo podían optar por no contestar a las preguntas de ciudadanos, periodistas, organizaciones.… Esto causó un revuelo mediático y político, fue criticado por los medios de comunicación y objeto de preguntas en el Congreso y Senado, pero hasta junio tuvimos el derecho a saber limitado.
La Fundación CIVIO investigó qué comunidades respondían a las preguntas de los ciudadanos pese al estado de alarma y cuáles no
Las asimetrías entre diferentes Administraciones, ya sean autonómicas como locales, fue una constante durante los tiempos de la pandemia. Por un lado, vemos cómo las Comunidades Autónomas del País Vasco, Navarra y Castilla y León… estuvieron muy enchufadas a la hora de aportar datos y visibilizar la gestión pública de la COVID… Mientras otras (la mayoría) se limitaron a publicar en sus portales las normas y los consejos que se lanzaban a los ciudadanos, sin hacer un aporte de datos sobre contratación de material sanitario, por ejemplo, y limitándose a publicar información parcial y poco relevante.
Aragón bate récords en septiembre en su portal de transparencia con 289.343 visitas por usuario único, lo que supone 164.597 más que en agosto, cuando ya se sentó un récord histórico con casi 125.000 visitas
Hoy hemos aprendido y vuelve otra ola de la transparencia, esta segunda ola que la desconfina es mas potente que la de 2013. Nuestros políticos, gestores y sector público en general no son conscientes de la fuerza que supone conocer cómo se gestionan nuestros impuestos, cómo se organizan nuestros recursos o qué dicen los informes técnicos sobre los que se basan muchas noticias que vemos todos los días.
La sociedad civil alrededor del mundo de la transparencia ha sido reivindicativa desde el minuto uno del estado de alarma. Organizados en torno a la Coalición Pro Acceso, una treintena de organizaciones y personas han mostrado su exigencia a los Gobierno central y autonómicos para que la transparencia y el acceso a la información no fueran suspendidos, tuvieran medios y fueran considerados cruciales en los peores momentos de la pandemia. Han estado vigilantes durante todo el confinamiento para que los portales de transparencia no dejaran de estar actualizados y, especialmente, se pudiera ejercer el derecho de acceso por cualquier ciudadano u organización en todas las Administraciones Públicas.
Fuente: maldita.esLa COVID-19 nos ha traído una mayor concienciación en la sociedad y hemos visto cómo han repuntado las peticiones de acceso a la información en ministerios y comunidades autónomas, incluso llegando a una cifra récord en septiembre en cuanto a peticiones desde el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado.
El objetivo es conseguir que el Gobierno respete y cumpla con las resoluciones dictadas por el CTBG. No es admisible la situación actual, en la que cada año se presentan más recursos contencioso-administrativos por los distintos ministerios y entidades públicas estatales, o lo que es peor y más grave, simplemente no hacen caso al CTBG y no facilitan la información solicitada por los ciudadanos. El retraso en acceder a la información equivale a su denegaciónMiguel Ángel Blanes
Carolina Darias, la ministra de Política Territorial, ha comenzado el año cumpliendo: nuevo candidato a presidir el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (hoy ya elegido); IV Plan de Gobierno Abierto en consulta pública (desde septiembre) y el compromiso de la reformas normativas: legales y reglamentarias. Por contra, el ambiente político no juega a su favor. La crisis en el cambio de reglas para nombrar miembros del Consejo General del Poder Judicial, continuos desplantes de la Moncloa al propio Consejo de Transparencia, injerencias en la Fiscalía y otros órganos importantes… hacen que esta segunda ola de la transparencia impulsada desde la sociedad civil pierda vigor. Muchos estaremos ahí para que no ocurra. La transparencia debe ser desconfinada ahora o nunca.
El Gobierno ultima una subida generalizada de impuestos que afectará de pleno a los hogares en un momento de máxima incertidumbre económica.
La crisis del coronavirus nos ha permitido comprender mejor nuestras organizaciones públicas, saber qué podemos esperar de ellas y lo que no pueden ofrecernos. Esta situación representa una oportunidad y la colaboración con el sector privado supone un apoyo fundamental.
