Juan Pablo Colmenarejo | 13 de abril de 2021
A partir del 10 de mayo, en manos de un barón o baronesa regional quedarán decisiones que confirmarán eso que se llama ahora Estado compuesto y no la suma de ciudadanos libres e iguales con independencia del territorio, ciudad, comarca, pueblo o barrio en el que se viva.
¿Van a permitir a las comunidades autónomas recortar o suprimir temporalmente derechos constitucionales como la libertad de movimiento o de reunión? De aquí al 10 de mayo tendremos una respuesta y prepárense para el peor de los supuestos. En manos de un barón/baronesa regional quedarán decisiones que confirmarán eso que se llama ahora Estado compuesto y no la suma de ciudadanos libres e iguales con independencia del territorio, ciudad, comarca, pueblo o barrio en el que se viva. Dependerá de si el trozo de la España constitucional donde habita el contribuyente de turno tiene al frente a un estatalista o a un liberal. Incluso puede haber un término medio en función del tono del PP, o si hay un independentismo claro (Cataluña y País Vasco) u otro revestido por un reaccioniario progresismo preso del encantamiento nacionalista (Baleares y Comunidad Valenciana).
Cuando venza el estado de excepción llamado alarma, veremos de nuevo políticas muy distintas incluso dentro del propio partido. No es lo mismo Isabel Díaz Ayuso o Alberto Núñez Feijoó. El barón gallego ha aprobado una ley que obliga a la vacunación forzosa. El Gobierno de Sánchez ha recurrido ese punto (otra forma de patada de en la puerta), pero no los aspectos del proyecto que dotan al Gobierno regional de herramientas para echar la llave por fuera de domicilios particulares en los que se confirme un brote de contagio. Suena a la Edad Media, pero el retroceso que esta pandemia deja en los avances de la democracia liberal hay que anotarlos para su estudio de una época llena de claroscuros.
Como el Tribunal Constitucional ha optado por permanecer en estado de siesta permanente, habrá que esperar que otras instancias, como el Tribunal Supremo o los Superiores de Justicia de las comunidades autónomas frenen el rodillo que se nos viene encima. La inercia del Poder Ejecutivo, si no tiene controles, puede dejar en solo apariencia lo que debe ser una democracia avanzada. En Alemania, la canciller Angela Merkel tuvo que dar marcha atrás en otro recorte de libertades y derechos fundamentales en marzo. Asumió el error y pidió perdón. No tiene sentido seguir por esa senda si la opinión pública conoce de la existencia de la solución de las vacunas.
Cuando salgamos de esta, nos quedará una España constitucional en la que los 17 Gobiernos regionales han mutado en Estados. El descosido a la igualdad de todos los ciudadanos españoles va a ser imposible de zurcir salvo que los dos grandes partidos, PSOE y PP, encuentren una fórmula mágica para volver a meter la pasta de dientes dentro del tubo. Por desgracia Pedro Sánchez quiere a Pablo Casado «solo para lo de los jueces», como aseguran en el entorno del presidente del PP.
Las dos fuerzas que han gobernado desde 1982 se encuentran divididas por 17, aunque ahora mismo el PSOE es solo Sánchez y el PP trata de volver a ser un partido igual en todas partes con la reorganización provincial
Las dos fuerzas que han gobernado desde 1982 se encuentran divididas por 17, aunque ahora mismo el PSOE es solo Sánchez y el PP trata de volver a ser un partido igual en todas partes con la reorganización provincial que, paso a paso, intenta el secretario general del PP, Teodoro García Egea. Hace un año, en mitad de la alarma, la pandemia y el confinamiento, el presidente del PP presentó a Sánchez un plan B para no tener que recurrir a la excepcionalidad y tomar decisiones con leyes orgánicas.
Entre las propuestas, se incluye la posibilidad de recurrir ante las salas de lo contencioso administrativo del Supremo y de los Superiores de Justicia los confinamientos domiciliarios (toques de queda nocturnos) y cierres perimetrales. Dentro del Gobierno de Sánchez, el ministro de Justicia comparte con el PP la inclusión del recurso a los jueces, de hecho, fue consensuado con el responsable de justicia de los populares, Enrique López.
Entre lo que propuso Casado y lo que ya tiene entre manos el Gobierno, encontraremos el resultado de lo que nos espera hasta el 10 de mayo. La sumisión generada por el miedo durante la pandemia deja indefenso al ciudadano medio. Si los jueces siguen silentes y no ejercen mayor control acotando al máximo el poder de las autonomías, pasarán dos cosas. Una, que los españoles ya no seremos iguales en nuestros derechos constitucionales, según los días, y otra, que el «vivan las cadenas» a favor de Fernando VII se vista de seda dos siglos después.
