Daniel Berzosa | 29 de junio de 2021
Se han sucedido dos últimas ocurrencias incompatibles con el Estado de Derecho y la separación de poderes. No las han proferido dos anónimos ciudadanos, sino dos ministros del Gobierno.
Se dice que los españoles nos reímos y pasamos de todo y, en particular, del poder. Y que nuestros dirigentes políticos nos acaban metiendo en unos líos tremendos, que van del desasosiego o la depresión existencial, moral y económica, hasta la guerra civil; porque olvidan el sentido de su misión y se afanan solo en defender sus intereses, que se reducen a mantenerse en el cargo y meter las manos en el erario. Y evitar la cárcel.
Para la gente común que hemos crecido en la España de la Constitución de 1978, fuéramos de donde fuéramos, lo anterior era una cosa de nuestra atribulada Historia, que habíamos felizmente superado, y solo pensábamos en trabajar, cada quien desde sus convicciones e ideas, por los valores y posibilidades que consagraba y otros que, aun no estando en ella, acogía; en cooperar para que nuestro país, introducido al fin en la órbita de la normalidad occidental, desde su pluralidad, fuera más sólido y próspero; en esforzarnos por que nuestros hijos heredaran un camino político enderezado por el que seguir creciendo. Desde hace unos años, una afirmación como aquella se ha convertido de nuevo en vigente por desgracia.
Los españoles que no se consideran españoles ya sabemos que ni se ríen, ni pasan de todo y, menos, respecto del poder. Su adhesión inquebrantable, religiosa, a los principios fundamentales del movimiento nacional de que se trate, a la fe de su tribu, su raza y su sangre, su oposición teológica y cavernícola al Estado constitucional, es decir, a la igualdad y la libertad ciudadanas, les veda cualquier humorada sobre su causa, les genera instantáneas alferecías rupestres. Viven en y de un raca-raca con efectos para todos los españoles, no solo para ellos, que cursan entre la tragedia y la farsa.
La combinación de todo esto, creciente y alargada en el tiempo (desde los pactos con la ETA ha vivido casi una generación), amenaza con extender la duda en la sociedad española de que pesa sobre los habitantes de la vieja Hispania alguna clase de maldición colectiva sobre nuestra naturaleza política, que, como en la fábula del escorpión y la rana, como en el final de casi todas las óperas románticas, acaba surgiendo en forma de caudillismos multiplicados, detectados y puestos por escrito desde los tiempos de la romanización, que nos conduce de forma inexorable a acabar rompiendo la baraja.
Así, desde hace años, día tras día sobresaltado, discurso tras discurso torcido, alianza tras alianza espuria, parecería estar cerniéndose una sombra de fatalidad sobre el valor, vigencia y porvenir de la Constitución de 1978. Hito, de verdad, histórico y singular del reencuentro de los españoles. Por su medio, España se modeló en un auténtico y pleno Estado constitucional, se abrió a la esperanza de todos y, atención, sigue haciéndolo. Depende de la mayoría que sus puertas, caminos y puentes sigan abiertos o que entremos en barrena de decisionismos schmittianos, más o menos maquillados.
Se han sucedido dos últimas ocurrencias incompatibles con el Estado de Derecho y la separación de poderes que abonan esta percepción. No las han proferido dos anónimos ciudadanos, en cuyo caso no perdería ni un milisegundo, sino dos ministros del Gobierno. La primera es la posibilidad de conceder un indulto antes de que se juzgue el delito cometido por un delincuente. Un indulto anticipado. Un indulto sin condena.
La segunda es manifestar que las causas por responsabilidad contable que se han abierto en el Tribunal de Cuentas contra cuarenta golpistas de 2017 y entre los que se encuentra un exconsejero autonómico, que aprobó en tal condición la desviación de fondos para financiar la promoción internacional de los planes secesionistas, no responden al cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, sino que son piedras en el camino contra la acción política del Gobierno.
La primera especulación, de llevarse a efecto, es netamente inconstitucional e ilegal. Contraria a las reglas básicas de un Estado de Derecho, y España lo es, y en esa condición ingresó y permanece en la Unión Europea y en la órbita occidental. Se podrá discutir que la sentencia condenatoria sea firme (que no se daría en el caso flotante, pues las sentencias del Tribunal Supremo son firmes de inmediato) para iniciar los trámites de un indulto; pero lo que es ontológica, constitucional y legalmente imprescindible es que haya un condenado y, por tanto, un proceso, con todas las garantías y su respectiva sentencia condenatoria, para que pueda conmutarse la pena.
Por añadidura, en palabras de José María Macías, abogado, magistrado en excedencia y vocal del Consejo General del Poder Judicial, «semejante interpretación permitiría al Gobierno convertir en irresponsables ante la ley a determinadas categorías de sujetos, excluyéndolos de la acción de los tribunales. El Gobierno se convertiría sencillamente en colaborador en una fuga».
Para iniciar los trámites de un indulto, lo que es ontológica, constitucional y legalmente imprescindible es que haya un condenado y, por tanto, un proceso, con todas las garantías y su respectiva sentencia condenatoria
En cuanto a la segunda cuestión, las afirmaciones revelan una profunda confusión de los papeles de los distintos poderes en el Estado constitucional y del respeto a sus normas y procedimientos, que son precisamente su garantía. Con el resultado fatal que acarrean para la igualdad y la libertad de los ciudadanos, para el Estado social y democrático de Derecho, en que se configura España por la Constitución de 1978. Esas manifestaciones se añaden a la campaña en medios que han iniciado los partidarios de su destrucción, que torpemente alaban los méritos académicos de una persona en particular; pero, como ha escrito Rodrigo Tena, en Mas Colell y el principio de igualdad ante la ley, no dicen «ni una sola palabra acerca de la posible incorrección técnico-jurídica de la propuesta de sanción».
Como me ha escrito un amigo jurista: «Mañana, voy al banco a ver si me indultan el crédito hipotecario por la concordia y la convivencia». Le he sugerido que por qué no presentamos una solicitud similar a Hacienda-somos-todos y que, por tan nobles y elevados motivos, nos indulte también el pago del impuesto de la renta este año, que el pasado fue terrible a causa del virus chino. Le ha parecido muy bien.
—Y, ¿a quién no?
Lo mejor, según me ha añadido, es que, para agilizar los trámites, podemos ir a pedir los indultos hipotecarios y tributarios, y de lo que se tercie, de nueve en nueve.
España se desliza hacia la irrelevancia internacional, el desprecio a la Justicia y a la Ley, y el ataque a las instituciones, a la unidad nacional, a la Constitución y a la Corona por obra y gracia de un Ejecutivo lastrado por la mediocridad y el radicalismo ciego.
Ya estamos en esa España prometida que nos vendía el PSOE como la meta de todo españolito demócrata, ese país que no se lo saltaría ni un vegano porque sería todo concordia rosa y aire puro, primera potencia del mundo cuando se indultase a los políticos independentistas.
