Carlos Cuesta | 03 de septiembre de 2019
Con el fin de conseguir apoyos, el Gobierno de Pedro Sánchez juega con unos fondos que se destinan al 70% a las partidas más sociales: sanidad y educación.
La ministra Montero se está apropiando de unas cuantías que no le corresponden.
El importe de la disputa se eleva a casi 7.000 millones de euros.
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El Gobierno de Pedro Sánchez ha emprendido una nueva batalla. En esta ocasión, contra las comunidades autónomas, sean o no sean de su propio signo político. Una pelea por un botín de 7.000 millones de euros. Y que demuestra que, en el momento en el que el Ejecutivo de Sánchez decide presionar para conseguir apoyos políticos, es capaz de retorcer las leyes hasta el punto de no repartir con las regiones los ingresos ya obtenidos a través del sistema tributario español.
El eje de esta pelea se centra en el sistema de financiación autonómico. Un esquema diseñado por José Luis Rodríguez Zapatero en su última entrega y que recoge dos fechas de pago a las autonomías: una primera en la que se anticipa parte de los ingresos del Estado esperados para el ejercicio fiscal a través del IRPF, IVA e Impuestos Especiales; y una segunda entrega en la que se termina de saldar la cesión de recaudación a las comunidades autónomas ya con la cifra definitiva de ingresos tributarios.
La ministra de Hacienda socialista, María Jesús Montero, argumenta que no puede llevar a cabo una entrega actualizada del anticipo de la recaudación por estar el Gobierno en funciones. Y que, por lo tanto, tan solo puede hacer entrega a las arcas regionales del dinero estimado en un primer momento y antes, por supuesto, del inicio del parón administrativo provocado por la imposibilidad de Sánchez de conseguir apoyos a su investidura.
Pero la cuestión radica en que esos ingresos tributarios realmente ya están en las arcas del Estado, y, por lo tanto, el Ministerio de Hacienda tiene realmente la obligación de repartirlos de acuerdo a las cifras reales y no tomando como base las cifras de previsión de ingresos por impuestos. Y es que, en caso contrario, lo que está haciendo la ministra Montero es apropiarse temporalmente de unas cuantías que no le corresponden. Al igual que se está apropiando de los intereses generados por ese dinero durante todo el periodo en el cual se niega a repartirlo con las comunidades autónomas.
El importe de la disputa no es pequeño, ni mucho menos. Se eleva a casi 7.000 millones de euros de los que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, reclama más de 1.200 millones.
Los compromisos de gasto impulsados y asumidos por el Partido Socialista deben estar apretando las costuras del sistema presupuestario español. Porque, en caso contrario, resulta difícil entender que la ministra de Hacienda haya presionado durante más de dos meses a la Abogacía del Estado para que diese cobertura jurídica a su decisión de no repartir estos fondos con las regiones.
Pero al margen de la argumentación presupuestaria y recaudatoria, resulta evidente que, en plena fase de negociación de los apoyos a la investidura de Pedro Sánchez, alguien ha decidido tomar como rehén el dinero autonómico con el fin de incrementar la presión en el logro de esos apoyos. Una presión que se efectúa a través de las arcas autonómicas, pero que recae realmente sobre los partidos encargados de la gestión de cada uno de los territorios.
Y entre esos partidos se encuentra un Ciudadanos sobre el que Sánchez no ha dejado de incrementar su presión; un Partido Popular al que el candidato Sánchez reclama una abstención gratuita que se convertiría en un cheque en blanco a los pactos del PSOE con los separatistas y proetarras; un PDeCAT, Compromís o Podemos que se encuentran en la misma situación; e incluso algunos de los barones socialistas menos favorables a Sánchez que sufren igualmente la falta de un reparto justo de los ingresos del Estado.
En plena fase de negociación de los apoyos a la investidura de Pedro Sánchez, alguien ha decidido tomar como rehén el dinero autonómico con el fin de incrementar la presión
Y todo ello jugando con unos fondos que se destinan al 70% a dos partidas: sanidad y educación, los dos destinos más sociales que pueden existir, según los propios criterios del PSOE.
Pero así es la dinámica de Sánchez, un todo vale con tal de ganar poder para seguir en La Moncloa.
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