Carlos Cuesta | 30 de enero de 2020
Pese a que la Justicia ha ratificado la inhabilitación del todavía presidente de la Generalitat, Pedro Sánchez sigue la hoja de ruta de los acuerdos para su investidura y mantendrá una reunión con Quim Torra el próximo 6 de febrero.
Quim Torra ha perdido la condición de diputado del Parlamento de Cataluña. Atemorizado por el riesgo de incurrir en responsabilidad penal por un posible delito de desobediencia, Roger Torrent, el presidente del Parlament, ha optado por ejecutar la orden de la Junta Electoral y ha cumplido con la exigencia de retirar a Torra su acta de diputado y de impedir su participación en las votaciones del legislativo catalán. Y las consecuencias de esta decisión serán profundas.
En primer lugar, Torra, enfadado por el cumplimiento de la legalidad, ha lanzado ya la advertencia de que las elecciones en Cataluña pueden estar muy cerca. JxCAT avisa, de este modo, a ERC. Pero avisa igualmente al Gobierno de Pedro Sánchez. Porque si se anticipan esas elecciones es para que los hombres de Carles Puigdemont sigan mandando en Cataluña. Y para que demuestren frente a los ‘pactistas’ de ERC que ellos, los de JxCAT, sí saben ser revolucionarios de verdad, sin ganas de pactar con nadie.
ERC ha logrado ya el compromiso firmado y por escrito de Sánchez de vaciar los tribunales de causas contra los separatistas, de permitir un referéndum y de buscar una solución similar al indulto para que los golpistas condenados y presos puedan abandonar la cárcel. Y, por lo tanto, si JxCAT se quiere distinguir como el auténtico rupturista, tendrá que exigir algo más que eso. Traducido: que la subasta se ha abierto oficialmente y apunta a un auténtico torbellino de exigencias separatistas.
Pero, además, esta estrategia obvia de Torra y Puigdemont tendrá que llevar a ERC a responder. Y, teniendo en cuenta que sus votantes son tan separatistas como los de JxCAT, esa contestación solo podrá llevar a un punto: al de elevar igualmente su postura rupturista para no perder hueco electoral.
Por el momento, en esa pugna por liderar la hegemonía del independentismo, Junts per Catalunya ya ha acusado repetidamente a ERC de “traicionar” la unidad del verdadero espíritu secesionista, anteponiendo la seguridad jurídica de Torrent a la defensa del presidente de la Generalitat.
Y ERC ha hecho lo propio lanzando al propio Oriol Junqueras a dar su versión: una en la que ellos no han renunciado a nada, porque reclamarán “un nuevo referéndum” sea como sea. O, lo que es lo mismo, que esa subasta por liderar el suicido separatista ya ha comenzado.
Reunión y supervivencia
¿Y cómo ha respondido el presidente Sánchez, el último responsable -en teoría- de frenar esa escalada separatista y de hacer cumplir la ley? Justo con lo contrario de lo exigido por la ley y la prudencia política: anunciando que su encuentro con Torra se mantiene pese a la inhabilitación. Es decir, que pese a que la Justicia y hasta el Parlamento Catalán han decidido considerar a Torra ya como lo que es -un condenado penal y un inhabilitado a efectos políticos-, para Sánchez sigue siendo un interlocutor válido para negociar no solo el futuro de Cataluña, sino incluso el de todo el conjunto de España.
Porque, evidentemente, las consecuencias de los puntos que se pacten con Torra repercutirán en todo el territorio español. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se reunirá con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el próximo 6 de febrero en Barcelona. La cita tendrá lugar sin que para Sánchez sea un obstáculo la condena por desobediencia y posterior inhabilitación de Torra.
La reunión tendrá lugar en Barcelona, cediendo ante Torra incluso en el lugar de celebración del encuentro, tal y como ya ha confirmado la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero. Porque lo cierto es que lo único que preocupa a Pedro Sánchez no son esas consecuencias de la escalada separatista. Es su supervivencia. Y, por desgracia y para ello, el presidente sabe que depende de su geometría variable de apoyos de todos y cada uno de los partidos separatistas de España.
La ambición de Pedro Sánchez por alcanzar la Presidencia del Gobierno y sus pactos con partidos de todo tipo tendrán un enorme coste político, social y económico en España.
El fracaso de la moción de censura a Joaquim Torra demuestra que la nueva izquierda está más interesada en mirarse el ombligo que en mostrar la unidad del constitucionalismo.
