Juan Pablo Colmenarejo | 28 de abril de 2020
El alocado proceso autonómico ha dejado vacío al Estado, sin capacidad de respuesta. Ni siquiera sabían cuáles eran los mecanismos necesarios para comprar test y mascarillas a todos los ciudadanos.
Cuando Pedro Sánchez trata de justificar que no ha tenido más remedio que tomar el mando único, utiliza en sus monólogos un par de expresiones que, por supuesto, pronuncia con la solemnidad que siempre lo adorna y acompaña. El presidente del Gobierno afirma con reiteración que “el virus no entiende de lindes territoriales”, pero que tiene en cuenta que vivimos en un “Estado compuesto”. Aunque no aparece en nuestra Constitución, sí hay expertos constitucionalistas que emplean el sintagma “Estado compuesto” para definir el resultado de una descentralización hecha a base de sentencias del Tribunal Constitucional.
En este sentido, el catedrático Santiago Muñoz Machado aclara en su Informe sobre España (Crítica, 2012) que han sido los magistrados del Constitucional los que han ido desmontando la Administración central, dando la razón a las autonomías frente a cualquier intento de coordinación o unificación de las decisiones: “El Estado carece de competencias efectivas para asegurar la unidad política y económica de España”. El actual director de la Real Academia Española alertaba en el citado ensayo, ya durante la crisis del euro, de la existencia de otra crisis de carácter político, en torno al desarrollo del modelo territorial. Sostiene Muñoz Machado que el Tribunal Constitucional ha ido admitiendo con sus sentencias que las “competencias exclusivas del Estado” se diluyeran en el maremágnum de leyes autonómicas. Por obra y gracia de las sentencias del Tribunal Constitucional, que no de la Constitución, tenemos un “Estado compuesto”. La ley está para ser aplicada, pero también, a la vista está, interpretada.
La crisis del coronavirus ha demostrado que el Estado no tenia qué indumentaria ponerse para lo que con tanta insistencia el presidente del Gobierno viste de “guerra”. Ni el Ministerio de Sanidad ni el de Asuntos Sociales tienen a su cargo hospitales y residencias de ancianos. El sistema esta fragmentado en 17 o, mejor dicho, en 18, porque las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son los únicos municipios dependientes en su sanidad o en la educación del ministerio correspondiente en Madrid. Cuando el 14 de marzo el Gobierno ordena un mando único sanitario, crea la ficción.
En realidad, nuestro sistema autonómico, a diferencia del alemán, no tiene instituciones federales con competencias propias. La Unión Europea cuenta en el Banco Central Europeo con el ejemplo más valido de lo que es una institución federal, porque sus funciones no las tiene otra Administración o Gobierno; tampoco los bancos centrales de los países del euro que, como el Banco de España, son meras sucursales de la institución con sede en Fránkfort. El alocado proceso autonómico ha dejado vacío al Estado, sin capacidad de respuesta. Como se ha podido comprobar, ni siquiera sabían cuáles eran los mecanismos necesarios para comprar test y mascarillas a todos los ciudadanos.
En febrero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconsejó al Ministerio de Sanidad almacenar material ante lo que se nos venía encima. No se hizo caso. Si hubieran tenido en cuenta los avisos, tendrían que haber puesto en marcha a los 17 sistemas sanitarios, donde cada uno tiene sus propios canales de compra. La advertencia de la OMS llegó a una ventanilla donde no hay respuesta, porque desde hace 20 años no hay nadie.
El Gobierno de Sánchez ha intentado hacer lo que no sabía pero, en realidad, tampoco podía. La izquierda y los partidos nacionalistas e independentistas han vetado cualquier intento de dotar al Estado de un papel realmente federal en la organización administrativa y política de España. Tampoco el Partido Popular ha insistido en la mejora. Cuando lo ha intentado, por ejemplo con la ley de unidad de mercado de Luis de Guindos, se ha topado con un Tribunal Constitucional que defendía el mantenimiento de las fronteras interiores, es decir, la regulación propia autonómica, según los sectores. Sea como fuere, cuando llega una crisis de esta envergadura, España no tiene una respuesta sino 17. No se trata de devolver competencias, sino de dotar a la Administración central de las suyas, haya o no una situación dramática como la que vivimos.
Todavía no sabemos cómo vamos a salir de esta. El Estado ha sido incapaz de organizar una solución. Sánchez parece pedir disculpas cuando repite que vivimos en un “Estado compuesto” y que en realidad hace lo que puede, que al final es nada. La Conferencia de Presidentes autonómicos es una escena poco útil a la hora de resolver los problemas de los ciudadanos. Por cierto, que tampoco lo es el Parlamento, al que se le ha hurtado de su función al decretar la alarma y no la excepción, que lo hubiera convertido en el teatro de operaciones contra la pandemia. Una de las maniobras más difíciles que existen en la vida cotidiana es la de volver a meter la pasta de dientes en el tubo. No es posible desmontar el sistema autonómico. Se trata de ponerse manos a la obra para reconstruir el Estado con unos cimientos sólidos que no lo hagan desplomarse al primer estornudo.
El acuerdo del Gobierno con el PP, fundamental para impulsar la salida de la crisis, se presenta como inviable tras los insultos de Adriana Lastra. Hay que negociar cómo se vuelve al trabajo y a la vida cotidiana.
La pandemia del coronavirus se ha llevado por delante al Gobierno de Pedro Sánchez. No hay otra solución que un acuerdo con el PP y Ciudadanos.