Juan Pablo Colmenarejo | 22 de septiembre de 2020
Sánchez soltó el mando único para que las autonomías asumieran un papel que no les corresponde ante una amenaza externa y global. Ahora ve cómo todo el peso de la culpa cae solo en Madrid, la joya del PP.
La salud es lo que importa. Si, desde primeros de este año, las diversas Administraciones de España -empezando por quien más responsabilidad, competencia y asesores tiene, el Gobierno de la Nación- se hubieran dedicado a la tarea cumpliendo con sus obligaciones, no estaríamos a la cabeza de Europa en todo lo que va mal. Tanto en la tasa de fallecidos por millón de habitantes como en la de contagios por cada cien mil personas, España ocupa un puesto en las cercanías del liderazgo.
En la Unión Europea no hay duda de cuál es el país sin una señal de recuperación económica, más bien de todo lo contrario. Los servicios públicos se colapsan, atrapados por la burocracia y una descentralización hecha taifas, muy alejada de un sistema federal coordinado. La atención primaria se desborda con demasiada fragilidad en unas comunidades autónomas sometidas a la presión de una pandemia mundial. Por si fuera poco, tanto los servicios públicos de empleo, con la competencia repartida entre el Estado y algunas regiones, y la única Seguridad Social no son capaces de digerir los trámites que les entran en tropel.
El entramado de nuestro sistema hace que un ciudadano de Madrid consiga, para quince días después de su petición de información sobre su jubilación, una cita telefónica en Arenas de San Pedro, provincia de Ávila. Antes de ganar en las urnas la presidencia del Gobierno, le preguntaron a Felipe González por qué quería serlo. Su respuesta, tan sencilla como fácil: «Para que España funcione». Cuarenta años después, resulta que no es así y lo peor es que a la actual generación de políticos no le importa.
El Gobierno de España ha despreciado la propuesta de un grupo de relevantes científicos españoles que ejercen su labor desperdigados por el mundo para un examen independiente de la gestión de la crisis sanitaria. Una idea a la que se han sumado decenas de sociedades médicas de toda España. La imprescindible evaluación de todo lo que se ha hecho mal ha sido despreciada por el Gobierno de España que, lejos de pensar en las próximas generaciones, insiste en el pecado original de hacerlo todo por las siguientes elecciones. Pedro Sánchez quiere 30 escaños más para completar la mayoría absoluta con los restos de Podemos y el PNV o Bildu. El presidente anunció que se había vencido al virus, aconsejando a los ciudadanos que se fueran de vacaciones, para luego echarles la culpa de la relajación y de la segunda ola.
Sánchez soltó el mando único para dejar que las autonomías asumieran un papel que no les corresponde ante una amenaza externa y global. La extensión de la segunda ola pasa factura a los presidentes regionales y, como desde La Moncloa ya sabían, especialmente a Madrid, cuya presidenta cometió la osadía de denunciar la negligente actuación del Gobierno de España. Sánchez tomó nota y ahora ve cómo todo el peso de la culpa cae solo en Madrid, la joya del PP.
Los errores cometidos por la presidenta de Madrid son dos: por un lado, no multiplicar hasta la exageración tanto la contratación de rastreadores como de personal sanitario y, por el otro, pensar que Sánchez no iba a devolverle con creces la afrenta, hasta el punto de hacer todo lo posible para acabar con su presidencia en Madrid. Basta escuchar al delegado del Gobierno y jefe de filas del PSOE madrileño, Franco Pardo, que, por orden de Sánchez, no tiene otra misión política que organizar una moción de censura para que Isabel Díaz Ayuso termine como Mariano Rajoy, llorando las penas.
Díaz Ayuso es Pablo Casado y el PP. Madrid no es ni mejor ni peor que otras partes de España. Aragón y La Rioja, con Gobiernos socialistas apoyados por Podemos, presentan peores datos en esta tragedia. Pero la caja de resonancia y el espejo de aumento de Madrid conforman un hecho diferencial que no permite ni fallos ni errores no forzados en la gestión de esta segunda ola. Sánchez estaba esperando este momento para negar el confinamiento decretado por él y señalar a la derecha clasista que segrega en las zonas más pobladas de Madrid.
Por si faltaba algo, en la misma semana del acoso a Ayuso, el Gobierno lanza una nueva carga de demolición al 78 y a la Transición con una ley que tratar de imponer una memoria colectiva, como si no estuviéramos en una democracia liberal y por lo tanto plural, y un descarado ataque a la Corona por parte de su vicepresidente segundo. Y a todo esto, los científicos, investigadores y médicos insisten, con honestidad e ingenuidad, en su petición de un examen independiente e imparcial de la gestión de todos los Gobiernos que tenemos en España. Por supuesto, se les hace menos caso todavía que al gobernador del Banco de España. Ahora, lo prioritario es echar a Díaz Ayuso de la Puerta del Sol, como si en España solo existiera Madrid.
El jefe del Ejecutivo gestiona con perspicacia su poder. Atenaza, debilita o tapona a sus contrarios, sea dentro del Gobierno, sean sus variables socios parlamentarios o sea la fragmentada oposición.
Quim Torra presidirá su último debate de política general. Horas después, visitará el Tribunal Supremo para hacer frente a una desobediencia confesa que podría suponer su inhabilitación.
