Luis Núñez Ladevéze | 29 de septiembre de 2020
Con el veto al Rey en la entrega de despachos a la promoción de jueces en Barcelona, parte del Gobierno queda implicado en una conjura fraudulenta, que puede afectar al conjunto si no se produce una desautorización.
El veto del Gobierno a que el Rey presidiera la entrega de despachos a la promoción de jueces en Barcelona no puede enjuiciarse como un hecho aislado. Tiene precedentes que se remontan, al menos, a la manifestación en Barcelona contra el terrorismo yihadista. De estos polvos aún vendrán muchos lodos. Hoy por hoy, como consecuencia de esta maniobra de menosprecio, queda en evidencia la trama que se gesta desde la moción de censura para desestabilizar la institución y alterar el orden constitucional. Tras lo sucedido al vetar al Rey, parte del Gobierno de Pedro Sánchez queda implicado expresamente en una conjura fraudulenta, que puede afectar al conjunto si no se produce una contundente desautorización.
Como consecuencia de esta maniobra de menosprecio, queda en evidencia la trama que se gesta desde la moción de censura para desestabilizar la institución y alterar el orden constitucional
Sin probar si da positivo o negativo en el Covid, el Rey ha quedado confinado en la Zarzuela. El independentismo ha aprovechado la negociación de presupuestos como nueva oportunidad para menospreciar al monarca y exhibir su capacidad de controlar a este Gobierno socialcomunista, el único de esta suerte en la Europa democrática tras la Segunda Guerra Mundial. El Gobierno más débil desde la Constitución de 1978 se presta a desairar a Su Majestad para avanzar en la única dirección que le permite una alianza suicida con los enemigos de la monarquía parlamentaria. El menosprecio a la Corona no es un mero error de cálculo ni puede comentarse o un descuido ocasional. El Gobierno consigue fortalecerse reforzando a quienes atentan contra esa Constitución y debilitando a quienes la asumen.
Ahora es patente que el desliz forma parte del manual de resistencia que facilita la labor de zapa de los enemigos del Estado, aliados o coligados al gobierno. Aísla a la oposición parlamentaria y ningunea institucionalmente al Rey. El doble juego de nadar para abrir las compuertas selladas y guardar la ropa ha quedado en evidencia. Ya no se podrá afianzar hipócritamente una transitoriedad que desde hace tres años pretende convertirse en permanente a base de desmantelar el ordenamiento constitucional. Se ha avanzado tanto en la demolición que ni siquiera se preocupan ya de enmascarar el procedimiento: usar las reglas del Estado para desarticular las reglas del Estado.
Hace falta arrogancia, hipocresía y dejación para recluir al Rey aludiendo motivos de seguridad e impedir su habitual presencia en la entrega de despachos. Arrogancia, porque manifiesta sin embozo la voluntad de instrumentalizar su función adaptándola a las conveniencias gubernamentales de permanecer a cualquier precio. Hipocresía, porque el argumento equivale a una declaración de impotencia del Gobierno para asegurar el orden público, incluso tratándose de la seguridad del Rey. Dejación, porque manifiesta la disposición de dejar las manos libres a las pretensiones anticonstitucionales de los socios comunistas y de los coligados independentistas.
Planteando algunos amigos si el Rey pudo haberse presentado de improviso en Barcelona uniformado y con séquito para hacer valer su autoridad alguno comentó que, como máxima representante del Estado nadie hubiera podido impedir que presidiera el acto. Es inimaginable que el Gobierno se expusiera a que se presentase ante el mundo la imagen de un grupo de belicosos impidiendo a Felipe VI presidir un acto solemne que ha venido presidiendo con normalidad desde su proclamación.
Muchos habrán pensado que el Rey debió caer en esta tentación, soslayando que su testimonio ha de ser ejemplar. Como el resto de los ciudadanos, también Felipe VI está supeditado a las normas que le obligan. Para hurtar su asistencia a un acto previamente anunciado, el gobierno necesita hacer valer ante la opinión algo más que la incongruente de que su asistencia resultaría peligrosa para su integridad. Cabe preguntarse si, ante semejante desaire que, o encubre la cobardía o esconde la confabulación, podría el Rey presentarse de improviso. No hay duda de que de ser posible lo hubiera hecho. El mismo Rey que en su día salió al paso de la sedición independentista con un discurso institucional que respondía a sus competencias debía encontrar un modo no censurable de hacerse valer sin excederse en sus atribuciones.
La agenda protocolaria no depende de los deseos reales, sino del gobierno. Pero no hay nada que impida que pueda expresar sus deseos. El Rey ha hecho exactamente lo que debía hacer –mantener su status– y lo que podía hacer, –cumplir con la regla de cortesía, no necesariamente protocolaria, de lamentar al anfitrión su ausencia por una visita previamente programada. No era fácil actuar con tanta pulcritud en el escaso margen de maniobra que el reglamento le permite. Pero lo ha hecho con tal precisión que no deja margen a la maniobra urdida mediante las protestas de parte del gobierno, evidentemente incompatibles con la libertad personal y con el obligado respeto institucional. Ahora queda más claro todavía que los comentarios críticos, apelando a “la neutralidad” o acusando al Rey de actuar contra el gobierno, solo pueden ser interpretadas como prolongación de una maniobra de acoso y derribo de la institución monárquica previamente diseñada. La actuación del Rey ha puesto en evidencia la confabulación larvada.
Este no es un Rey que tomará, como Alfonso XIII, la ruta de Cartagena sin antes poner a prueba el compromiso constitucionalmente sellado de la Monarquía con la ciudadanía española
En esta situación casi inconcebible queda comprometido el gobierno de Sánchez. Obviamente, este no es un Rey que tomará, como Alfonso XIII, la ruta de Cartagena sin antes poner a prueba el compromiso constitucionalmente sellado de la Monarquía con la ciudadanía española. Este es un Rey dispuesto a callar o a hablar cuando hay que hacerlo, que da la cara dónde y cuando tiene que darla, que no se excede en sus atribuciones porque es el primero en seguir la senda constitucional. Ante una invitación protocolaria, una disculpa protocolaria por una ausencia que requería una explicación personal del Monarca.
Es inaudito que, en esta alocada coyuntura, el gobierno de Sánchez se aferre a los enemigos del Estado para asegurar su legislatura en una situación social, política, económica y sanitariamente catastrófica, en lugar de pactar con la oposición. Solo un pacto entre oposición democrática y constitucional con el Partido Socialista podría acoger a cuantos padecemos este trauma sin precedentes. Que el gobierno se preste a que se utilice la artillería pesada contra la más alta magistratura del Estado, ignore a la oposición y bloquee arbitrariamente a las autonomías, como estamos viendo en estos días, alimenta un ambiente de confrontación de consecuencias imprevisibles. Contrae una responsabilidad histórica al supeditar cualquier actuación política a la perdurabilidad de una coalición intransigente, dispuesta a poner en jaque la Constitución para consolidar una permanencia destructiva.
