Carlos Cuesta | 01 de junio de 2020
La estrategia oficial de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez pasa por el avance de una agenda dictatorial basada en el control de las instituciones con un fin: implantar una agenda comunista, carente del respeto a los derechos y libertades.
No se trata de derechas o izquierdas. No se trata de partidos nuevos o viejos. No se trata de políticas liberales o progresistas. La estrategia oficial de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez no asume ninguno de esos debates porque no asume las reglas del sistema democrático. Tan solo quiere una versión: la suya. Tan solo quiere una prensa: la oficial y amamantada. Tan solo quiere un comportamiento: el sumiso a sus deseos. Tan solo quiere una Justicia: la inexistente. Y tan solo quiere una Policía o Guardia Civil: la que obedece sin pararse a pensar si la exigencia es legal o ilegal.
Es conveniente pararse un momento y analizar lo ocurrido hasta el momento, los pasos dados por este Gobierno socialcomunista, para entender el golpe asestado por el PSOE y Podemos en el seno de la Guardia Civil:
Pedro Sánchez cesa a la fiscal general, María José Segarra -puesta por el PSOE y de corte progresista-, por imperativo de los separatistas y porque cometió el pecado imperdonable para los socialcomunistas de permitir independencia a los fiscales en el caso por el golpe separatista del 1-O.
El Gobierno socialcomunista pacta con los proetarras el choque frontal con la UE al firmar la derogación de la reforma laboral con Bildu, expulsando de esa negociación incluso a sus propios sindicatos de clase (UGT y CCOO).
Ese mismo Gobierno regala el control de Navarra a un conglomerado de separatistas y proetarras.
Sánchez e Iglesias imponen a una ministra del PSOE, Dolores Delgado, como nueva fiscal general del Estado para controlar los procesos judiciales. Y es que procesos contra este Gobierno, por su nefasta gestión humanitaria y económica del coronavirus, habrá sin cesar.
Presidente y vicepresidente restablecen las bases del Pacto de Pedralbes para avanzar en el proyecto separatista de ERC. Se trata del mismo proceso rupturista que fue denunciado desde la plaza de Colón y que Sánchez calificó de falso e inventado. Hoy, ya con el poder aferrado, el presidente ni se molesta en negarlo.
La Abogacía del Estado no deja de recibir golpes en su independencia. Ya sea en el lomo de Edmundo Bal -representante del Estado en el juicio contra el golpe del 1-O, al que apartaron por defender la existencia del delito de rebelión- o en el de la abogada del Estado encargada del Ministerio de Hacienda, Carmen Tejera -a la que fulminó este Gobierno por aportar los datos que demostraban la malversación de capitales públicos ejecutada por el Gobierno de Carles Puigdemont-. Ambos fueron marcados desde el inicio por el separatismo por haber defendido a España en su labor.
Sánchez e Iglesias no cesan en sus amenazas a la prensa libre y consiguen implantar el miedo a los controles extrajudiciales para «minimizar» el impacto de las informaciones «negativas», noticias que, según la ministra Isabel Celaá, son equiparables por completo a las «falsas».
Todos los socios del Gobierno piden la excarcelación de los presos, entre ellos, por supuesto, los golpistas y los proetarras, argumentando el coronavirus.
ERC, Podemos y Bildu reclaman el fin de la monarquía y el paso a una república, a imagen y semejanza del desastre de la II República española.
Pablo Iglesias pide a Iván Espinosa de los Monteros «cerrar por fuera» al salir del Congreso, porque solo los suyos -los comunistas- tienen cabida en su ideario, en su Congreso utópico.
Y, ahora, y por último, Fernando Grande-Marlaska, por orden de su Gobierno socialcomunista, interfiere en una instrucción judicial, intentando desautorizar el mandato de confidencialidad plena de las diligencias ordenado por la juez Rodríguez Medel. Y Grande-Marlaska lo hace con el fin de poder anticiparse desde el Gobierno y evitar que la Justicia lo sea.
Ese es el contexto del Gobierno. Todo ese listado es el que explica el avance de una agenda dictatorial basada en el control de las instituciones con un fin: implantar una agenda comunista, carente del respeto a los derechos y libertades.
Por eso han desafiado a la Guardia Civil. Por eso han cesado a Diego Pérez de los Cobos tras negarse a violar las exigencias legales. Por eso los altos mandos de la Benemérita Ceña y Santafé han dimitido.
Porque no se trata de anécdotas. Se trata de democracia -con instituciones libres, independientes y legales- o dictadura, bajo la bota de Iglesias.
Se ha construido un relato paralelo para desactivar al rival: consiste en que una oposición desleal obliga al Gobierno a echarse en manos de los secuaces del terrorismo.
El Gobierno de Sánchez e Iglesias comparte mesa con el separatismo y ha copiado su estrategia del ‘victimismo matón’. Ese atentado contra la concordia es la máxima que hoy rige en la Moncloa.
