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Gabriel Rufián prometió que dejaría su escaño en el Congreso a los 18 meses para así «volver a la República Catalana». Fue hace 60 meses y ahí sigue, tuiteando desde la Cámara Baja. Pere Aragonès presentó los que, según él, serían los últimos «presupuestos autonómicos». Fue en 2013 y ahí sigue, como presidente autonómico en funciones. La ilusión de una independencia inmediata era la mentira que permitía al nacionalismo controlar los resortes del poder en Cataluña sin tener que esmerarse demasiado en el ejercicio del autogobierno. Para ellos la verdad hubiera sido una molestia, un obstáculo para su modus vivendi. Quizá por eso se entienden tan bien con Pedro Sánchez, su presidente favorito. No obstante, la estafa del procés empieza ya a ser demasiado evidente y hay que buscar un nuevo enemigo que haga olvidar las trolas del pasado y apriete las titubeantes filas. Y en eso también encuentran a Sánchez. Los une la política de trincheras como excusa para no rendir cuentas. Tapan la incompetencia con frentismo.

En una fanática sinécdoque, los nacionalistas redujeron su pueblo catalán a aquellos que se manifestaban los 11 de septiembre. Del mismo modo, reducen hoy España a la Comunidad de Madrid. El nacionalismo es populismo y narcisismo, y también reduccionismo. Vive en una minirrealidad. Entonces no pudieron con el Estado, pero ahora cuentan con el apoyo del Gobierno de ese mismo Estado para construir su nueva némesis. Se envalentonan porque han encontrado en la Moncloa a su primo de Zumosol. Socios en el mal gobierno, los de Sánchez y los de Aragonès se unen contra aquellos que, con el ejemplo, evidencian que se puede gobernar de otra manera, que se puede gobernar mejor, mucho mejor.

El mal gobierno siempre tiene costes. Los ataques a la democracia desde la Generalitat expulsaron a miles de empresas de Cataluña. La mayoría de ellas fueron bien recibidas por una acogedora Madrid que ya supera en PIB y en renta por cápita al otrora motor económico de España. El proceso secesionista fracasó, pero el mal gobierno continuó. Destrozaban la economía y los seguían votando. Para qué cambiar, pensarían los políticos nacionalistas. Y así llegó la pandemia y todo se multiplicó. La mala gestión de algunas consejerías supera lo caótico para alcanzar lo negligente, quizá lo delictivo. El historial del consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Chakir El Homrani, es pavoroso: lo apartaron del descontrol de las residencias, generó problemas con los pagos a entidades sociales y con las becas comedor, aseguró que el teletrabajo era obligatorio cuando no lo era y, como colofón, protagonizó el esperpento de las ayudas a los autónomos y la página web colapsada. Y no dimite.

Miles de catalanes miran a Madrid con envidia. Les gustaría tener un Gobierno autonómico como el de Isabel Díaz Ayuso, que bajara impuestos y no fuera un palo en la rueda de la recuperación

No es el único consejero nefasto. Desde la Generalitat dicen que no hay dinero para compensar a los sectores que previamente habían decidido arruinar. Según Exceltur, el sector turístico catalán perderá este año 21.734 millones de euros. Una ruina absoluta para decenas de miles de familias. No pocos nacionalistas miraban por encima del hombro los esfuerzos de una Comunidad de Madrid que buscaba salvar tanto la economía como la salud, mientras la Generalitat decidía sacrificar una y acabar con las dos. Lo cerró todo y ahora aprueban unas ayudas al sector turístico de 19 millones. 19 millones de ayudas frente a los más de 21.000 millones de pérdidas. 19 millones que apenas superan esos 18 millones que destinarán a la surrealista NASA catalana. No hay dinero para salvar a autónomos y pymes, pero en plena pandemia la Generalitat ha anunciado nuevas falsas embajadas. Delegados de la Generalitat correrán por el mundo cobrando más que un ministro español.

El mal gobierno está asfixiando la Cataluña productiva. Se necesita colaboración público-privada, pero el nacionalismo solo ensancha su entramado público-partidista. Es lo único que saben hacer y para ello siguen aumentando los impuestos. Cataluña tiene más tasas e impuestos propios (19) que ninguna otra comunidad. No es esta una decisión de la archienemiga Madrid. El infierno fiscal se decide en la plaza Sant Jaume. Los tramos autonómicos del IRPF están todos en las franjas más elevadas, menos el que afecta a los altos cargos de la Generalitat. Listos. Practican ingeniería financiera para que los políticos sediciosos no tengan que pagar el Impuesto de Donaciones, mientras aumentan el Impuesto de Sucesiones al resto de los mortales en plena pandemia. Indecentes. Acusan a Madrid de ser un «paraíso fiscal» por bonificar un Impuesto sobre Patrimonio que no existe en los países de nuestro entorno. Demagogos.

Las empresas siguen votando con los pies. Se van de una Cataluña, cuyo Gobierno les ofrece «volverlo a hacer», a saber, más inseguridad jurídica, más despilfarro en gastos identitarios, más miseria económica. ¿Qué ha hecho la Generalitat en la última década para atraer inversiones o talento? Nada. Se ha dedicado a levantar barreras como la exclusión del castellano como lengua vehicular y a subvencionar el odio y la confrontación. La revolución de las sonrisas, decían. Sonrisas cínicas. Las del caos. Las del Joker. Ahora miles de catalanes miran a Madrid con envidia. Les gustaría -nos gustaría- tener un Gobierno autonómico como el de Isabel Díaz Ayuso, que bajara impuestos y no fuera un palo en la rueda de la recuperación. El partido del malversador Oriol Junqueras no lo puede soportar y pasa al ataque, pero no contra la crisis, sino contra la economía madrileña. No tratan de mejorar Cataluña, sino de hundir al resto de España con una armonización fiscal al alza. Y encuentran aliados. Federalistas españoles e independentistas catalanes forman una alianza a favor de la peor recentralización. La extraña pareja. No quieren competencia. No quieren que los comparemos con mejores Gobiernos. Quieren que todas las comunidades autónomas estén tan mal gobernadas como las suyas. Es la igualdad socialista. Mal de muchos…

Imagen destacada: El vicepresidente del Govern en funciones de presidente, Pere Aragonès (i),  junto al conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Chakir el Homrami (d), durante una sesión plenaria en el Parlament. | Agencia EFE