Daniel Berzosa | 03 de abril de 2020
Pablo Iglesias ha centrado su acción partidista en intentar asegurarse la dominación de la previsible explosión social que acontecerá cuando pase la pandemia.
Iglesias Turrión —que, así dicho, suena a árbitro de fútbol y le hace perder muchos ecos revolucionarios, pero, bromas aparte, funge de presidente bis del Gobierno (formalmente, es su vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030)— no deja de echar más madera a la hoguera en que está convertida la vida nacional.
Actúa como si considerase controlada la crisis actual de la Covid-19 en tanto que, en su desarrollo inevitable y una vez recluida en sus casas la obediente población, no se puede hacer realmente nada, sino esperar que pase y, por tanto, la da políticamente por amortizada. Todo esto, por supuesto, con la ayuda inestimable, prietas las filas e inasequibles al desaliento, de su corte de medios de masas públicos (Televisión Española y algunas autonómicas) y el duopolio privado de Atresmedia (Antena 3 y LaSexta) y Mediaset (Telecinco y Cuatro), reciente y generosamente subvencionados con 15 milloncejos de euros —¿por qué será?—, mientras los autónomos deben pagar sus cuotas e IVA puntualmente y todos tendremos que pagar el IRPF en junio.
Descontados de su interés político las muertes a mansalva, el confinamiento general y la paralización total de España a causa de la pandemia del coronavirus, Pablo Iglesias ha centrado su acción partidista en intentar asegurarse la dominación de la previsible explosión social que acontecerá cuando volvamos a pisar las calles.
Medidas económicas de un Gobierno que parece tener amaestrado o hipnotizado; actuaciones, declaraciones y señales de los agentes y tentáculos políticos que lo sustentan, y del propio líder de la extrema izquierda española, confirman la observación anterior. Entre estas últimas, se encuentran las vertidas a partir del artículo 128 de la Constitución (CE) en su cuenta de Twitter, en la tribuna de propaganda gubernamental‑partidista —sita en el complejo de La Moncloa— y en Telecinco. Su aviso a navegantes suena cual Hugo Chávez hispano: «¿De quién es ese edificio? ¡Pues, exprópiese, exprópiese!».
La calificación más benigna que se puede aplicar a dichas afirmaciones es que se trata de una verdad a medias. Y suele decirse que la peor mentira es una media verdad. Sin salir de la Constitución, omitió otros dos artículos sin los cuales no es posible entender de forma correcta el artículo 128 (Título VII). Se trata del 33 (apartados 2 y 3, función social de la propiedad privada y expropiación forzosa) y el 38 (libertad de empresa en una economía de mercado como principio y protección de esta por los poderes públicos en función de la economía general). Ambos se encuentran, además, entre los derechos fundamentales (Título I), lo que les confiere una prevalencia indiscutible sobre el 128 CE.
En @informativost5 me preguntaron por el artículo 128 de la Constitución. La Constitución no está para enseñarla, está para aplicarla y para proteger los intereses de la gente en momentos de crisis como este. pic.twitter.com/7aYts6dcp3
— Pablo Iglesias ? (@PabloIglesias) April 2, 2020
Dicho de forma megarresumida, la Constitución ampara una economía de mercado libre, al tiempo que la regulación administrativa, pero no cualquier intervención pública. La libertad es la regla y los límites son la excepción. Se trata de un modelo económico abierto y flexible («economía social de mercado», «economía mixta de mercado»), establecido en el marco del proceso constituyente de 1978, que permite gobernar a fuerzas políticas de signo ideológico diferente, sin necesidad de derogar la Constitución.
Por aclarar las incompletas manifestaciones del Sr. Iglesias y sus fámulos. En lo que se refiere a que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general» (128.1 CE), se debe tener en cuenta que para privar a alguien de sus bienes y derechos se ha de justificar la utilidad pública o interés social de la medida y hay que indemnizarlo.
En lo que se refiere al «reconocimiento de la iniciativa pública en la actividad económica» (128.2 CE), sobre esta igualdad constitucional de las empresas privadas y públicas se debe tener presente que el vínculo sobre el que se sostiene este rol de los poderes públicos en la economía de la nación reside en la satisfacción de los intereses generales, y esto se debe justificar de forma completamente incuestionable —en orden creciente— en el caso de una intervención, una expropiación o una nacionalización.
Por su parte, no puede olvidarse que tanto el derecho de la Unión Europea como la economía de mercado, la libre competencia y la libertad de circulación de personas, bienes y servicios que exige el mercado interior, pese a considerar también la incidencia del interés general, han restringido las competencias que el artículo 128 CE confiere a los poderes públicos españoles. En relación con esto, también se debe añadir que el presidente bis del Gobierno estuvo muy desafortunado en sus deposiciones, al olvidarse de que la jurisprudencia comunitaria se ha mostrado, de forma reiterada, favorable a la economía libre de mercado frente a la intervención de los Estados miembros.
Pero todo esto le da igual a Iglesias Turrión. Está por fin arbitrando en su soñada cancha leninista, variante chavista, que es la del caos como medio de acceso al poder. Se lo está pasando bomba ante el pavor escalofriante que, solo oír su nombre, genera ya a millones y millones de ciudadanos corrientes, tan noqueados y desorientados como sus supuestos líderes políticos. Y sueña, como su ídolo Lenin y su financiador Chávez, que se va a hacer con todo el poder del Estado.
La gestión del Gobierno español es un modelo de mala praxis destinado a ocultar su responsabilidad. El Ejecutivo es rehén de su impotencia para dirigir la lucha contra la pandemia.
Los clásicos pueden ser un buen aliado para el confinamiento. «El tirano. Shakespeare y la política» es un ejemplo de ayuda para entender qué nos pasa, mucho más que las comparecencias de algún presidente del Gobierno.
