Mariano Ayuso Ruiz-Toledo | 03 de junio de 2019
En sus conclusiones definitivas, la Fiscalía del «procés» ha hecho un relato casi novelesco de la situación pactada en 2012 entre Artur Mas y Oriol Junqueras.
La vista oral del juicio del procés ha llegado a la fase de formulación de conclusiones definitivas sobre las pruebas practicadas, comenzando por las de la Fiscalía del procés (las formuladas por los cuatro fiscales intervinientes) y seguidas por las de la Abogacía del Estado, la acusación de VOX y las defensas.
Pocas sorpresas en las peticiones definitivas de acusaciones y defensas, esencialmente se han elevado a definitivas las conclusiones provisionales, con una pequeña rectificación de VOX.
Lo que sí ha sido muy interesante es el relato de los hechos enjuiciados que hace la Fiscalía del procés en sus conclusiones definitivas, a la vista de las numerosas pruebas testificales y las grabaciones de aquellos días de tensión.
Los hechos son calificados como delitos de rebelión, desobediencias graves y malversación de caudales públicos
La Fiscalía del procés ha reiterado (a lo largo de ciento cincuenta páginas) lo sustancial del relato: pacto de las fuerzas independentistas, conspiración para llevar a cabo la secesión de Cataluña como república independiente, acuerdo sobre los tres pilares de la acción “combinada y sincronizada” (parlamentario, ejecutivo y social) encomendada a sujetos determinados, creación de una situación idónea para proclamar la independencia y la república, sumisión a estos fines de la estructura administrativa –interior y exterior- de la Generalidad de Cataluña y de los diecisiete mil efectivos del cuerpo de Mossos d’Esquadra. Y lo más importante, constitutivo de otro grupo de delitos: una importante malversación de caudales públicos al servicio y para financiación del procés.
La relación de hechos que consta en las conclusiones definitivas de los fiscales del procés es un relato casi novelesco del proceso deliberado y pactado en 2012 entre Artur Mas y Oriol Junqueras, implementado a lo largo de seis años por diversos actores, y que concluye en la tentativa de referéndum del 1 de octubre de 2017 y posterior declaración de independencia y proclamación de la república catalana en el Parlamento de Cataluña.
El relato no difiere mucho del de las conclusiones provisionales de la Fiscalía del comienzo del procés, pero ahora es importante que los hechos recogidos y que dimanan directamente de las pruebas practicadas en el juicio son más exhaustivos. Especialmente en lo referido a los enfrentamientos violentos el día del registro en la Conselleria de Economía, en los que se impidió la salida de la comisión judicial custodiada por la Guardia Civil (cuyos vehículos fueron destrozados), con una notable participación activa de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y una problemática intervención o no intervención de los Mossos d’Esquadra. En semejantes términos el día 1 de octubre, probatorios y de problemática actuación de este cuerpo policial –en ocasiones incluso vigilando a las fuerzas policiales estatales y obstaculizando su actuación, para posibilitar la celebración del referéndum-, punto en el que indudablemente fue determinante el testimonio del mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero, así como los testimonios de los mandos y miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.
El ‘procés’ fue implementado a lo largo de seis años por diversos actores y concluyó en la tentativa de referéndum del 1 de octubre de 2017
Sobre estos hechos, que resume como situación claramente insurreccional con aproximadamente ochenta incidentes con enfrentamientos y hostilidades, cuarenta y siete actos de acoso a cuarteles de la Guardia Civil y numerosos a comisarías y edificios públicos del Estado, hoteles y residencias, así como otros incidentes graves como cortes de carreteras y ferrocarriles, son calificados como delitos de rebelión, desobediencias graves y malversación de caudales públicos.
Las peticiones de pena ya he dicho que son semejantes a las de las conclusiones provisionales, las mismas del principio del juicio: veinticinco años (sin posibilidad de tercer grado hasta cumplir la mitad de la pena) para Oriol Junqueras, dieciocho años para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, dieciséis años para Carmen Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull y Dolors Bassa, y siete años para Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santiago Vila.
Ahora, tras la finalización formal del juicio, tendremos que esperar la que posiblemente sea la sentencia más esperada de la democracia.
La resolución de la Mesa del Congreso sobre los cuatro diputados independentistas presos parece poner en cuestión la decisión del Supremo.
Antes de acusar a la presidenta del Congreso de conspirar, sería bueno leer las normas y no derivar decisiones políticas a los órganos judiciales.
