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La cuestión clave de la oposición política en las democracias occidentales, en condiciones normales, consiste en el estudio del enfrentamiento entre las fuerzas que están en el poder y las fuerzas que desean alcanzarlo, dentro de las reglas jurídicas establecidas. Se trata de una oposición constitucional y legalmente reconocida y protegida, al margen de su antagonismo frente al ocupante actual del poder. La cuestión y la situación cambian por completo cuando la oposición se transforma en un «problema total» (Santamaría); esto es, cuando la oposición al poder no solo lucha por desplazar a las fuerzas políticas que lo disfrutan en un periodo dado, sino que su fin es derrocar el sistema político mismo. Y el problema se extrema cuando el sistema que se persigue destruir es democrático, es decir, un Estado constitucional («Estado social y democrático de Derecho», según la expresión del artículo 1.1 de la Constitución).

El primer tipo de oposición señalado suele denominarse clásicamente ‘oposición discrepante’. Esta «acepta la base legitimadora del poder (se acepta el sistema), rechazando, sin embargo, las actuaciones concretas del mismo». El segundo tipo suele referirse de forma genérica como ‘oposición ideológica’. Esta impugna los «sistemas de legitimidad en que se apoyan los poderes constituidos, poniéndose, por tanto, en tela de juicio la fundamentación del sistema y del poder» (De Vega). Naturalmente, esta última concepción sirve igual para denominar una oposición de esta clase a un régimen ferozmente comunista, como el chino, o paradigmáticamente democrático, como el estadounidense; pues no cuestiona su propia legitimidad desde la racionalidad de su relación con la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes, ni la libertad y la igualdad de los ciudadanos frente al poder de Estado.

Por eso, cuando esta última clase de oposición se da en un país como España, que, desde la Constitución de 1978 y el desarrollo que se ha hecho de ella durante 42 años, es un país incuestionablemente democrático, y ocupa, además, los estándares más altos de respeto a los derechos fundamentales, una oposición que persigue destruirlas no solo es ideológica, sino que, con toda propiedad, es anticonstitucional o antidemocrática. De este trascendental matiz ya se ocupó Marino Bon Valsassina de forma pionera en su Profilo dell’opposizione anticostituzionale nello stato contemporaneo, en el lejano 1957.

Movimientos convertidos en partidos de ámbito nacional, como Podemos en España, o, por ahora, peligrosamente condicionantes de la política de Estados Unidos, como en el caso del Black Lives Matter (véase su influencia en recientes intervenciones de la candidata demócrata a la vicepresidencia de aquel país), siguen la estela de movimientos políticos de oposición que, en los años 60 del siglo pasado, parecían que iban a acabar con todo lo existente. Fue el caso de la New Left estadounidense o la New Left inglesa (una escisión del partido laborista, agrupada en torno al May Day Manifesto), que trataron de sustituir los cauces políticos tradicionales por los one purpose movements. En Estados Unidos, destacaron el Student for a Democratic Society y el Free Speech Movement contra la ‘democracia liberal’. Les suena, ¿verdad?

Todos esos grupos eran marginales y acabaron fuera de la vida política. No alcanzaron sus teóricos fines (que, por otro lado, parecían responder a meros deseos subjetivos de no convertirse en partes integrantes del sistema), ni siquiera en cuanto a la obtención de representación política, hasta el punto de que, cuando empezaron a manifestarse, la denominación que escogió Rudi Dutschke para todos estos agentes políticos fue solo la de «oposición extraparlamentaria» («Ausserparlamentarische Opposition»), sin considerar su esencia anticonstitucional o antidemocrática.

Sin embargo, el estado de cosas no es el mismo ahora. Aquellas motivaciones y movilizaciones han resurgido y ocupado, como una mancha de aceite incontenible de una triunfal hidra cultural gramsciana, espacios de comunicación, lenguaje y creación de opinión, en cuantos círculos les es posible, con el único fin, esta vez, no de quedar al margen del sistema democrático, sino de alcanzar el Poder desde sus reglas para acabar con aquel y establecerse como nueva clase privilegiada sostenida por una masa empobrecida, embrutecida y subvencionada. El peronismo en Argentina, el PSUV en Venezuela, el MAS en Bolivia, el FSLN en Nicaragua, Syriza en Grecia y Podemos (más sus socios separatistas y filoterroristas) en España, ejemplos netos de fuerzas anticonstitucionales, están desde hace años en el Parlamento, cuando no en el Gobierno, o lo ocupan sin resistencia real de oposición alguna. Y gozan de toda una legión de medios, lícitos e ilícitos, nacionales y extranjeros, al servicio de su propaganda.

Llamamos comunismo al movimiento que destruye las presentes condiciones. Ahora bien, el modo en que este se desarrolla deriva de la situación existenteKarl Marx, Crítica de la Economía Política

Conviene no olvidar que, para el marxismo, las «condiciones materiales de vida» son «factores decisivos para el posible desarrollo de cualquier empresa humana»; pero entendido así: «El comunismo no es para nosotros una condición que deba ser establecida o un ideal al que la realidad deba adaptarse. Llamamos comunismo al movimiento que destruye las presentes condiciones. Ahora bien, el modo en que este se desarrolla deriva de la situación existente» (Marx, Crítica de la economía política). Esto lo saben al dedillo los dirigentes y teóricos conspicuos de esta clase de partidos y movimientos antidemocráticos; así como los Estados totalitarios, dictatoriales y autoritarios del mundo que, en pro de sus intereses nacionales, los alimentan, amparan y animan.

La oposición anticonstitucional no es una «mística romántica de la salvación» (Hermann von Loewenich), una especie de copia, en el campo de la extrema izquierda política (ahora, ‘nueva corrección política’), del ‘quiliasmo’ en la Edad Media, cuando esta doctrina se revivió como envoltura religiosa para justificar la protesta social de campesinos y burgueses contra los señores feudales. La oposición anticonstitucional, que en España está liderada por Podemos, y está en el Gobierno de la nación, es una amenaza presente y real para la libertad y la prosperidad de la sociedad española, hasta ahora verdaderamente democrática.

Imagen destacada: La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, saluda al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. | Agencia EFE