Manuel Llamas | 05 de abril de 2019
Sánchez busca contentar a la plantilla del sector público para ganar votos de cara a las elecciones.
Una cosa es que el Gobierno, una vez analizadas en detalle la eficiencia y necesidad real de los servicios públicos, convoque un determinado número de plazas para mejorar las competencias que tiene asumidas y otra muy distinta que se sirva del dinero de todos los contribuyentes para engordar la plantilla del sector público y disparar el gasto funcionarial, con el único fin de comprar votos y maquillar los datos de paro, que es justo lo que está haciendo Pedro Sánchez.
El actual líder del PSOE está siguiendo la desastrosa senda que en su día puso en marcha su predecesor, José Luis Rodríguez Zapatero, tras el estallido de la crisis. Sánchez y el empleo público son un factor a vigilar muy de cerca, ya que su maniquea utilización amenaza con agravar la delicada situación financiera que atraviesan las cuentas públicas.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge los decretos que desarrollan la oferta de empleo público para 2019, que contará con un total de 33.793 plazas. Se trata de la mayor convocatoria de plazas desde 2008, superando incluso en un 10% a la histórica oferta lanzada el pasado año, con 2.949 empleos más. El Gobierno se escuda en el envejecimiento del personal de las Administraciones Públicas para justificar este nuevo decretazo, pero lo único que cabe preguntarse aquí es si España necesita reponer, realmente, todos los funcionarios que se van jubilando, al tiempo que se empieza a crear de nuevo empleo neto en el sector público, elevando con ello el número total de funcionarios.
Desde que el PSOE llegó al Gobierno, el número de efectivos a sueldo de la Administración ha crecido en 94.000 personas
La respuesta, en este caso, es un no rotundo. Para ello, basta observar la evolución que ha registrado el empleo público durante la crisis. A mediados de 2007, justo antes de que estallara la tormenta financiera internacional con la crisis subprime en EE.UU., la Administración contaba con un total de 2,93 millones de trabajadores, pero a cierre de 2018 su número ya ascendía a 3,21 millones. Así pues, a diferencia de lo que se pregona habitualmente, la tan manida austeridad ha brillado por su ausencia en el sector público, puesto que su volumen de efectivos ha crecido en cerca de 280.000 personas desde que comenzó la crisis. En esta materia, cabe distinguir tres grandes etapas:
– La primera, entre mediados de 2007 y finales de 2011, cuando Zapatero, en un acto de profunda irresponsabilidad, disparó la contratación pública en unos 370.000 empleados, para tratar de suavizar el aumento del paro, hasta alcanzar un total de 3,3 millones, un récord histórico.
– La segunda, cuando Mariano Rajoy llega al poder y, ante la inminente quiebra del Estado, aplica un recorte de 400.000 empleados entre finales de 2011 y el cierre de 2013, dejando el total en 2,9 millones.
– Y una tercera fase, entre finales de 2013 y la actualidad, incluyendo el mandato de Pedro Sánchez, cuando los empleados públicos vuelven a crecer en otros 300.000 efectivos, hasta los 3,2 millones citados anteriormente.
Así pues, en la actualidad, los empleados públicos superan en 280.000 personas el nivel alcanzado en el pico de la burbuja crediticia, a mediados de 2007, y se sitúan a tan solo 90.000 del máximo histórico registrado a finales de 2011. Y si en 2007, en pleno apogeo económico, nadie se quejaba de las prestaciones y calidad de los servicios públicos, menos sentido tendría aún quejarse hoy, con un tamaño de plantillas públicas un 10% superior.
No hay ni necesidad ni austeridad pública que valga. Especialmente, si se tiene en cuenta que la crisis se llevó por delante más de 3,6 millones de empleos privados desde mediados de 2007 hasta principios de 2014. Aunque desde entonces se han recuperado 2,3 millones, todavía faltan 1,3 millones de puestos de trabajo en el sector privado para recuperar el nivel previo a la crisis, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).
Lo más relevante, sin embargo, es observar la evolución de Sánchez y el empleo público, ya que se ha acelerado de forma muy sustancial en los últimos meses. En concreto, desde mediados del pasado año, cuando el PSOE llegó al Gobierno, el número de efectivos a sueldo de la Administración ha crecido en 94.000 personas, el segundo mayor crecimiento de la serie histórica durante un segundo semestre, tan solo superado por el de 2008 (+98.000). Y, de hecho, el cuarto trimestre de 2018 marcó todo un récord, con más de 43.000 contrataciones públicas, frente a los 6.900 empleos destruidos por el sector privado.
Si a todo ello se suma, además, la subida de sueldos públicos de hasta el 2,75% en 2019 aprobada por el Gobierno, con un coste aproximado de 3.400 millones de euros, y el nuevo convenio firmado con los sindicatos para elevar en 280 euros al año las retribuciones del personal laboral de la Administración General del Estado, es evidente que lo que persigue el particular binomio de Sánchez y el empleo público no es la mejora de los servicios ni de la atención a los contribuyentes, sino contentar a un colectivo de 3,2 millones de personas para ganar votos de cara a las elecciones.
Sánchez y Zapatero siguen el mismo patrón. Si el Gobierno dispara el déficit, intensifica el intervencionismo y sube los impuestos, se creará el caldo de cultivo para una nueva crisis.
El líder de Podemos carga contra quienes le han facilitado el dinero para su chalé y contra quienes le publicitan más que a nadie.
