Juan Pablo Colmenarejo | 06 de octubre de 2020
Isabel Díaz Ayuso se desgasta en el corto plazo, los demás creen que ganando tiempo todo pasará. De esta crisis sanitaria no va a salir ileso ningún dirigente político. Por eso Sánchez se ha apartado del foco.
El otoño en Madrid se está poniendo más gris que de costumbre. Normalmente, a la sombra, frío, y al sol, calor. Ni contigo ni sin ti, pero con ese intransferible cielo azul que pinta, como cada año, Velázquez desde la puerta del Museo del Prado. El cierre de la capital, así como de las otras nueve ciudades más grandes de la comunidad -algunas con tantos habitantes como cualquier capital de provincia de la España rural- ha sido un golpe al ánimo y sobre todo a la maltrecha economía. El territorio de Madrid tiene tal densidad de población, una sola provincia con casi siete millones de habitantes, que la hace incomparable en sus características con el resto de España.
Las cuatro provincias catalanas suman otros siete millones y las ocho andaluzas, nueve. Por lo tanto, en Madrid -un caso aparte- laten a la vez tanto el corazón político como el económico y financiero del país. Por mucho que se haya descentralizado la Administración, con más sombras que luces a estas alturas de crisis sanitaria, se mantiene una centralización, que no centralismo, que hace de espejo de aumento y caja de resonancia. Las restricciones al tráfico en el llamado ‘Madrid Central’ se convirtieron en un asunto de Estado del que se habló en cualquier rincón de España. Se está hablando de unas calles como si por ellas desfilara toda España. Como si no hubiera tráfico y atasco en Barcelona, Sevilla, Málaga, Zaragoza o Vigo.
Desde el pasado 27 de agosto, el Gobierno ya tenía en su poder un informe de la Abogacía del Estado para tomar el control de las restricciones de movilidad en Madrid sin la necesidad de un decreto de alarma. Por el contrario, todavía estamos a la espera de que alguien muestre un documento oficial hecho por epidemiólogos en el que se justifique la orden ministerial que tumba las decisiones de la Comunidad de Madrid e imponga las del Ministerio de Sanidad. Una decisión administrativa firmada por una secretaria de Estado sirve para restringir derechos fundamentales. Salvo que un tribunal diga lo contrario, se abre una vía inquietante, porque por el mismo procedimiento con el que se autoriza la compra de material para un ministerio se recorta la libertad de movimientos. Hasta el jueves 1 de octubre, el Gobierno sostenía que solo el estado de alarma amparaba una decisión tan grave.
No era verdad. Como tampoco que el virus hubiera sido derrotado por el confinamiento y que los españoles podían irse de veraneo. Madrid ha perdido parte de su autonomía con una orden gubernativa, lo que demuestra que nuestra descentralización es reversible, pero a la carta. Ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias se plantearon durante el verano hacer nada parecido ni en Aragón ni, por supuesto, en Cataluña. Tampoco en el País Vasco ni de momento en Navarra, donde la tasa de contagios ya ha superado a Madrid. El Gobierno de España intervino Madrid justo cuando empezaban a dar resultado las restricciones a la movilidad, avaladas con reparos por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 45 zonas sanitarias de la región. Alguien deberá aclarar de una vez que solo con un decreto convalidado por el Parlamento se puede recortar un derecho. Una orden ministerial no puede suplantar la declaración del estado de alarma.
La epidemia se ha convertido en un campo de batalla en el que no solo está en juego la presidencia de la Comunidad de Madrid, sino el tipo de oposición que el PP debe hacerle al Gobierno del binomio Sánchez-Iglesias
Mientras las sociedades médicas claman al cielo pidiendo a los políticos que saquen sus manos de las decisiones sobre la salud pública, la epidemia se ha convertido en un campo de batalla en el que no solo está en juego la presidencia de la Comunidad de Madrid, sino el tipo de oposición que el PP debe hacerle al Gobierno del binomio Pedro Sánchez-Pablo Iglesias. Tras el acoso al rey y a los jueces, los anuncios de subidas de impuestos a la clase media, hay que hacerle un traje a medida a Pablo Casado para que opte definitivamente por el cartel de no molestar en la puerta de la sede del PP. Hay en el partido de Casado un grupo de dirigentes que, instalados en su poder autonómico, han decidido aprovechar la situación para cortar las alas a un liderazgo en el PP al estilo de José María Aznar o Mariano Rajoy. Los dirigentes regionales de Castilla y León o Andalucía y Murcia dependen de Ciudadanos, en el primer caso, y del partido naranja y de Vox, en el segundo y el tercero. Ni más ni menos que Isabel Díaz Ayuso. El desapego que han mostrado con la presidenta de Madrid al no respaldarla demuestra que el PP no está tan unido como dicen en la dirección de los populares.
Ayuso se ha enfrentado a Sánchez con un resultado cuyas consecuencias son ahora mismo impredecibles. Los compañeros de partido de Ayuso en otras autonomías han optado por no chocar con Sánchez, dejándose llevar, pensando que la gestión les dará un billete para la siguiente vez. Todos han olvidado cómo terminó el tiempo de Rajoy. Ayuso se desgasta en el corto plazo, los demás creen que ganando tiempo todo pasará. De esta crisis sanitaria no va a salir ileso ningún dirigente político. Por eso Sánchez se ha apartado del foco. La presidenta de Madrid ha cometido errores, como todos los demás, pero con la diferencia de que en Madrid se pagan más caras las equivocaciones y todo lo demás. El otoño en Madrid acaba de empezar. Lo que un lunes tiene cara de frío pasa al sofoco dos días después. Los mentideros y las covachuelas echan humo como si no hubiera más España que Madrid. Mientras, a los ciudadanos no les cabe más asombro y perplejidad por ninguna parte.
Pedro Sánchez sabe que sacar adelante los presupuestos le garantiza acabar la legislatura. Si consigue pasar el examen, ya no le preocupará Iglesias, salvo para quedarse con buena parte de sus votos, que para eso el PSOE es el grande y Podemos el chico.
El Gobierno, acuciado por la necesidad de aprobar los presupuestos cuanto antes, ha de ofrecer todas sus mercancías en el mostrador de quienes han de darle sus votos. En esta ocasión, se trata de los diputados de ERC y JxC.
