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Cada hallazgo semántico de la vicepresidenta Carmen Calvo se manifiesta como endeble rasgo doctrinal de la izquierda visible, que parece, para resignación de la que se extingue, la realmente existente. En su declinar argumental, poco a poco se aproxima a su némesis generacional, la ministra Irene Montero. El problema de Calvo no es que no tenga razones, es que no se molesta en darlas. No le apetece o está cansada. Así que riñe o frivoliza. Encuentra siempre los caminos más cortos. Es una muestra de desdén, de superioridad moral que a la postre daña las ideas que sugiere defender.

La vicepresidenta Calvo dijo, severa, que el «temazo no es a qué hora se plancha, sino quién pone la lavadora y plancha». Lo manifiesta a tenor de la polémica desatada por los nuevos tramos propuestos por el Ministerio de Transición Ecológica para la factura de la luz, cuyo anuncio coincidió con la subida del precio en los meses de abril y mayo. Los españoles hemos pagado el mayo más caro de los últimos 10 años. El Gobierno no es responsable directo. Lo es Bruselas. Sin embargo, el Gobierno, en este punto, acompaña y abandera el modelo de transición ecológica que rige en una Europa que nos lleva años de ventaja en la conversión. La coalición de Gobierno esquiva en cualquier contexto un asunto que genera descontentos entre desclasados de todas las naciones: la transición ecológica tiene un precio, a qué coste se emprende y quién lo paga. Luego vienen los sustos, los desencantos, los inconcebibles trasvases de voto y lo que no se explica porque no se quiere ver o al revés, no se quiere ver para no explicarlo.

La revisión de los tramos y su precio promueve la transición ecológica elevando los costes de derechos de emisión de CO2. O sea, la luz es más cara porque contaminar con CO2 lo es y el 60% de la tarifa son impuestos. La transición ecológica se emprende con tributos y la izquierda sortea un debate que debiera ser pertinente en sus foros: los impuestos que incluye la factura de la luz son indirectos. Se nos aplican a todos independientemente del nivel de renta. Calvo echa por el desagüe todas las discusiones serias que impurifican una agenda que llaman progresista, verde y feminista. Para mayor abundamiento, lo hace después de que el Ejecutivo de coalición recomendase, en virtud de las nuevas franjas, «adaptar los patrones de consumo» y horas de sueño: noctívagos y verdes. La ministra Teresa Ribera se quejó de las exageraciones y los chascarrillos difundidos y aclaró que el nuevo baremo «tiene tramos muy razonables para poner el lavavajillas o la lavadora».

Después, Calvo no se detuvo a precisar: «Paparruchas», vino a decir, aquí lo que importa es quién es más feminista, porque esta semana no trae a cuenta el verde ni hacerse un lío con las facturas. Sin querer, mostró otro deje de la izquierda realmente existente que ella representa de manera tan aguda. No es el qué sino el quién. No es momento de ponernos sesudos con eso, pero sí de advertir de los riesgos de usar la fórmula, aunque ella lo haga con donaire y veleidad.

Otras argumentaciones

Al mismo tiempo, se atropelló con otro argumento: la figura del indulto existe «para reequilibrar y contrapesar poderes del Estado». Sospechosa y aventurada afirmación sin matices. Porque Calvo ha perdido la costumbre de matizar. Y la que arguye no es la razón por la que existe la figura del indulto, sino la que le evita desarrollar los argumentos por los que su Gobierno la emplea. Con el agravante de que introduce una tesis populista en su aserto: la Justicia entorpece la voluntad del pueblo.

En los meses más duros de pandemia y encierro, Calvo declaró en el Senado, convencida y reflexiva: «Yo no me había dado cuenta nunca de que Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están casi en línea recta. No exactamente, pero casi en línea recta, en horizontal. Son tres de las grandes ciudades donde se ha dado el problemón del demonio». Entonces, durante el mando único y antes de encontrar la piñata Ayuso, el paralelo permitía explicar la alta mortalidad en Madrid.

El precio de la luz le importa al personal; también parecía importarle a los compungidos Pablo Iglesias, Irene Montero o Alberto Garzón, que arengó en 2017: «La oligarquía nos mete la mano en el bolsillo y el Gobierno no actúa. ¡Hay que nacionalizar!». Los tres advertían de que Pedro Sánchez se plegaría al poder de las eléctricas y Sánchez se defendía también contra Mariano Rajoy. De aquellas demagogias, estos sablazos. El personal resiste, pero no aguanta todo lo que le echen.

Imagen destacada: La vicepresidenta Carmen Calvo durante un acto en Sevilla. | Agencia EFE