Juan Pablo Colmenarejo | 07 de julio de 2020
Pedro Sánchez se dedicó en 2019 a todo menos a cumplir con lo que estaba escrito en los presupuestos. Hoy, con una batalla indisimulable por los fondos europeos, Europa quiere controlar el uso que haga Sánchez del dinero del contribuyente.
No hay tregua. Después de los cien días de reclusión domiciliaria y excepcionalidad política, con una campaña electoral de por medio, entra un verano con brotes de epidemia e inquietudes por el futuro inmediato. A la vuelta, ya veremos. Cuando acabe la menguada campaña turística, el otoño vendrá con la rebaja de siempre, pero esta vez con más virulencia en lo que se refiere a la pérdida de empleo. Cuanto más se prolonguen los ERTES, más difícil todavía calibrar el agujero. Con casi cuatro millones de personas registradas en el paro a finales de junio y otros dos millones en el limbo del contrato suspendido, nada bueno nos espera. A los 6 millones de personas en paro definitivo o provisional hay que añadir un millón de autónomos que no saben por donde les va a venir el aire.
Dice el siempre locuaz secretario general de la OCDE, Angel Gurría, que a España se le viene encima «la tormenta perfecta». Ni que fuera la primera vez. El problema como siempre será la respuesta. En esta ocasión y después de la crisis del euro, sabemos muy bien lo que nos pasa. Otra cosa es que el actual Gobierno de España quiera decir la verdad a los españoles y actuar en consecuencia. Hasta el momento ha optado por lo parches y las campañas de imagen como si el Estado a fin de mes pagara sus gastos dándole a una maquina de hacer billetes que nunca se agota.
España necesita un Gobierno europeísta que modernice de una vez las estructuras de su gasto público. Hay que establecer cuáles son las prioridades y examinar la eficiencia de cada euro. El actual ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá -en su vida anterior como responsable de la agencia de control AIREF- identificó casi 30.000 millones de gasto improductivo en los Presupuestos Generales del Estado del PP. Las subvenciones son un pozo sin fondo. Dinero que va pero que no vuelve. Mientras tanto mantiene de manera artificial un conglomerado de actividades que no crean valor salvo para quien ingresa el dinero.
Nadie discute la necesidad de incrementar el dinero destinado a la Sanidad porque es una inversión vital. No hacen falta más pruebas después del colapso de marzo y abril. Tampoco debe haber duda sobre la existencia el tiempo necesario de un ingreso mínimo que permite mantener a flote a las familias mientras se encuentra un trabajo con la dignidad imprescindible en estos tiempos. En ambos casos el control que las administraciones deben ejercer sobre cada euro entregado, a una u otra causa, es una exigencia que no se negocia.
La Unión Europea no se va a fiar de quien teniendo el viento a favor prefirió tumbarse en la cubierta del barco sin arreglar el agujero estructural que tenemos en el casco del Estado
Suele decir el profesor de Economía del IESE, Javier Díaz Giménez, que bastaría con que los españoles pagaran el IVA que corresponde para arreglar buena parte del agujero estructural de las cuentas del Estado. Según otro reputado economista, José Luis Feito, España cerró el año 2019, antes de la crisis del coronavirus, con un déficit del 4%, es decir, a 1 de enero, nada más levantar la persiana del año, el Estado necesita pedir prestado casi 40.000 millones de euros. Antes de empezar la actual crisis, el Gobierno de España se dedicó a vivir por encima de sus posibilidades, otra vez, aprovechando el crecimiento económico en vez de ajustar cuando las cosas van bien. La Unión Europea no se va a fiar de quien teniendo el viento a favor prefirió tumbarse en la cubierta del barco sin arreglar el agujero estructural que tenemos en el casco del Estado.
Por primera vez desde 2012, el déficit volvía a subir. España tiene el dudoso honor de no haber cumplido desde 2008 ninguno de los objetivos pactados con la Unión Europea. A Mariano Rajoy se lo permitieron porque iba reduciendo el tamaño del problema. Con Sánchez en el año 2019 han tenido bastante para cogerle la matrícula e incluso las hechuras del traje que nos van a hacer a medida.
El presidente Sánchez va ganando tiempo. Su verdadera batalla son los presupuestos del Estado, pero no en España sino en Bruselas. Por mucho que quiera tener cerca a Ciudadanos para que le de un pedigrí más centrista, en los Gobiernos europeos no pierden de vista la presencia de la extrema izquierda dentro del ejecutivo español. La batalla de los fondos europeos va a ser indisimulable. No tanto por cómo llegue el dinero, transferencia o préstamo, sino por el control directo que los socios quieren hacer de las políticas que Sánchez vaya a hacer con el dinero de sus contribuyentes. Con Nadia Calviño o sin ella al frente del consejo de ministros de la zona euro, la presión para España va a ser la misma.
Todos los países son conscientes de las consecuencias de gasto imprevisto por la crisis de la COVID 19. El déficit público español en 2020 superará los 120.000 millones. El problema no es el número sino la falta de fiabilidad de quien no cumplió con los deberes y dejó a las cuentas públicas sin margen para hacer frente al imprevisto. No puede haber reproche por el incremento de gasto en estos meses de epidemia. El problema viene de antes. Y la culpa no el del PP sino del año 2019 cuando Sánchez se dedicó a consolidar su operación de poder. Cualquier cosa menos cumplir con lo que estaba escrito en los presupuestos de Cristobal Montoro. De aquellos euros estas deudas.
Los acontecimientos ocurridos en España durante el estado de alarma confirman que había un plan, de derribo más que de reforma, ahora truncado por unas circunstancias dramáticas.
La «nueva normalidad» no será normal si es nueva. Tampoco puede ser la prolongación de la excepcionalidad basada en la declaración de una guerra, que no ha existido, a un enemigo tan invisible como letal.
