Daniel Berzosa | 07 de septiembre de 2021
Todos formamos parte de la democracia y es importante defender el concepto de ciudadanía para todos sin distinción. Se han de exigir responsabilidades; pero se han de respetar los derechos.
En la escena final de la imperecedera película Casablanca (1942), el corrupto capitán francés, con doble juego como leal funcionario del régimen de Vichy, pero simpatizante de la resistencia, luego de dejar que escape la mujer que ama su incipiente amigo y luego de ver como éste mata a su aliado-ocupante alemán, para impedir que dé la alarma ante dicha huida, urge sin inmutarse a la detención de los «sospechosos habituales». Es una orden puramente cínica; pues conoce todo lo sucedido, en tanto que lo primero lo ha permitido y presenciado, y lo segundo, también.
Muchos años después, una notable película de suspense y crimen, tomaba por título, al menos, en España, de Sospechosos habituales (1995) para jugar con ella hasta el final y subrayar la misma segunda noción de tal expresión. Que no se trata de su significado evidente; es decir, de alguien a quien se puede considerar potencial y razonablemente responsable de un acto, porque lo ha cometido, o parecido, en el pasado y sigue viviendo en el mismo ambiente, sino de desviar la atención del auténtico responsable, cuya identidad se conoce, hacia otro.
Algo análogo a lo de esa cínica expresión parece que se está verificando de forma reiterada con una precisa figura española de dimensión nacional y mundial. Cuyo destino final bajo las nubes no sabe nadie humano y cuya situación siguiente bajo las nubes parece ser que tampoco, a la luz de los hechos conocidos hasta ahora. Porque la casualidad existe, pero no suele ser lo habitual. De hecho, los cristianos no creen o no debieran creer en ella. Todo es Providencia de Dios, aun cuando nos apartemos de lo bueno que Él desea para cada uno de nosotros en uso de la libertad que nos ha dado.
De nuevo, en el caso que inspira estas líneas, conviene preguntarse dos cosas. Primera. Quién filtra al medio la documentación que ha hecho posible la «noticia» ahora. Unos escritos de hace siete meses que no son un dictamen, sino una solicitud de información para una comisión rogatoria judicial internacional, que deben ser legalmente reservados y que la parte perjudicada por la «exclusiva» afirma desconocer.
Le invito, querido lector, a que sustituya el nombre del aludido por el suyo y, luego, lea de nuevo la «noticia». En un Estado democrático o constitucional, la inocencia se presume, no se prueba. Lo que se ha de probar es la culpa.
Segunda. El porqué de la filtración. Es una pregunta siempre legítima y, en casos como éste, elemental. Una pregunta, por ejemplo, de este tipo. ¿Hay un trasfondo de tensión entre la Presidencia del Gobierno y la fiscal general del Estado en relación con el runrún de su sustitución a corto plazo?
Los medios de comunicación deben tener también presente su propia responsabilidad constitucional en mostrar el rigor y la solidez de nuestro Estado de Derecho, establecido con la Constitución de 1978, uno de los más garantistas del mundo, y en la aportación de noticias, desde su perspectiva ideológica, naturalmente, que permitan la formación de una opinión pública informada con veracidad. Todos formamos parte de la democracia y es importante defender el concepto de ciudadanía para todos sin distinción. Se han de exigir responsabilidades; pero se han de respetar los derechos.
Que quienes alimentan y viven de las «casualidades habituales» no nos marquen el paso como país, como sociedad
Un titular puede ser una condena (de un individuo o de un grupo) para la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos, que, en este caso, no están formados en Derecho. Y munición gratis para los enemigos de la libertad y la igualdad, de la convivencia y la esperanza. En suma, para quienes quieren destruir el Estado constitucional y establecer una confederación de «republiquetas» (en la acertada expresión de Felipe González, expresidente del Gobierno) totalitarias, de signo comunista o étnico.
Son nuestras convicciones democráticas y nuestros valores de integridad y compromiso con la mejor España los que nos deben llevar a exigir a nuestros representantes políticos y agentes sociales, intervenir en la formación de una verdadera opinión pública, libre y racional, y, así, restablecer el equilibrio dentro de la soberbia de cada facción, el encuentro dentro de la divergencia de cada facción, el camino juntos en democracia, pese a los factores internos y externos de desintegración.
Por encima de todo, que quienes alimentan y viven de las «casualidades habituales» no nos marquen el paso como país, como sociedad. Que no se distorsione la realidad —y menos desde unas fuerzas políticas y medios de trayectoria indiscutiblemente democrática— empujándonos a abandonar el buen criterio.
Teniendo muy presente que el contexto ha cambiado. España dispone de un Rey, Don Felipe VI, ejemplar y de extraordinaria altura. Nuestra Monarquía parlamentaria es útil, fructífera y se encuentra al servicio de todos. El Rey y la institución real, suman.
El legado político indiscutible del Rey Don Juan Carlos es su ejercicio de la monarquía parlamentaria, que desarrolló de forma impecable, y hasta heroica, desde su proclamación hasta el día de su abdicación.
El PSOE parece haber olvidado las lecciones del pasado. La asimetría en el trato de Sánchez hacia golpistas y constitucionalistas supera todos los límites democráticos.
