Juan Milián Querol | 08 de enero de 2020
Gracias a la irresponsabilidad socialista, el nacionalismo dispondrá de la protección del Gobierno de España para garantizar su monopolio mediático y seguir expandiendo su red clientelar.
“Los pueblos se ríen cuando comienza su infortunio”, advierte Éric Vuillard en La Batalla de Occidente. El candidato Pedro Sánchez fue duro, durísimo, contra Podemos y los independentistas en campaña electoral. Prometió no pactar con ellos, porque ellos significaban instituciones débiles y cartillas de racionamiento. Hoy él y ellos ríen juntos, como socios, con arrogancia y con cinismo. Comienza el insomnio, comienza el infortunio. Sufriremos un Gobierno de mucha propaganda, de batalla cultural y división social. Será un Gobierno que no gobernará, pero dañará el bien común, socavando la legitimidad de las instituciones.
Será un Gobierno de máxima injerencia en el individuo, la familia y las empresas. Y será un Gobierno de total ausencia ante aquellos que pretenden desmantelar la democracia. Se castigará el buen trabajo y se premiará al sedicioso. Se creará un problema para cualquier chiringuito. Tendremos Estado extenso para el contribuyente y débil ante el separatista, porque el precio del pacto entre PSOE, Podemos y nacionalistas es retirar al Estado -aún más- de las comunidades controladas por estos últimos. Cuando Sánchez promete impulsar “el desarrollo de las identidades nacionales” con una nación de naciones, lo que está prometiendo es insuflar poder e impunidad a los nacionalismos periféricos para que puedan pisotear los derechos de los no nacionalistas y seguir laminando las oportunidades de futuro de todos.
El PSOE no solo ha comprado el lenguaje tóxico del nacionalismo, está vendiendo en cómodos plazos la libertad de los constitucionalistas. El separatismo estaba dividido y sin horizonte. Sánchez, como reconoció Arnaldo Otegi, les ha dado esperanza. La diputada de Esquerra Republicana lo dijo ayer aún más claro durante el debate de investidura: la gobernabilidad de España les importa “un comino”, ellos facilitarán un Gobierno de Sánchez “para construir la República catalana”. Y es que, si no se entiende la lógica del separatismo, no se entiende la gran irresponsabilidad de Sánchez.
Uno de los análisis más finos sobre lo que ha sucedido en Cataluña estos últimos años lo ha escrito Santiago Mondéjar en A golpes con el Estado (ED libros). Según Mondéjar, “la naturaleza del movimiento soberanista catalán tiene más elementos en común con la revolución islámica que llevó al poder a los ayatolás”, por ejemplo, que con el golpe de Estado del 23-F. Se necesita algo más que una sentencia del Tribunal Supremo para frenar la deriva autoritaria del nacionalismo. Mucho más, ya que estamos ante “un movimiento de masas, no exento de atributos prepolíticos propios de cultos religiosos, que se ve retroalimentado por el activismo de decenas de miles de funcionarios”. Desde las propias instituciones se ha fomentado “la deslegitimación del Estado y las batallas culturales”.
Así pues, el separatismo ha llegado hasta aquí por dos cuestiones fundamentales. Por un lado, por los “resquicios en nuestro sistema legal y político que hacen posible el despliegue de un proceso de independencia ante las cámaras, algo inconcebible en un país como Francia”. Y, por otro lado, una “lluvia fina” sobre la sociedad catalana durante décadas. La expansión de un supremacismo culturalista a través de una extensa red clientelar, tanto burocrática como académica, que ha tenido como consecuencia el ocultamiento de los problemas sociales, la impunidad de la corrupción y la imposibilidad de una oposición eficaz. La posverdad es el océano en el que nadan y, por ello, han imposibilitado el diálogo sincero. Hasta tal punto ha llegado la burbuja nacionalista que en la manifestación contra los atentados yihadistas de agosto de 2017 se despreció el dolor de las víctimas para realizar todo un acto de propaganda nativista, ofreciendo al mundo “la estampa de un independentismo psicópata”.
Ante este diagnóstico solo cabe una estrategia mantenida con firmeza y persistencia por parte tanto de los partidos constitucionalistas como del conjunto de la sociedad española. En primer lugar, es necesaria una apuesta reformista que incentive los mecanismos de cooperación y transparencia, y desincentive, por tanto, la bilateralidad y el victimismo. Con el control previo de constitucionalidad o el delito por convocatoria de referéndum ilegal nos habríamos ahorrado muchos disgustos. Hay que reajustar el Estado para eliminar disfunciones, no para ampliarlas, como nos promete el actual Gobierno.
Y, en segundo lugar, es ineludible plantear con inteligencia la batalla cultural. Mondéjar propone un “patriotismo cívico” que ayude a desactivar al nacionalismo. Ya el pensador liberal Friedrich Hayek dejó escrito que “el nacionalismo nada tiene que ver con el patriotismo, así como que se puede repudiar el nacionalismo sin por ello dejar de sentir veneración por las tradiciones patrias”. El patriotismo es una defensa de la libertad de todos los conciudadanos. El nacionalismo, la exclusión y la homogeneización forzosa.
En definitiva, esta legislatura sobrará Estado en contra de la libertad y faltará Estado en defensa del pluralismo. Gracias a la irresponsabilidad socialista, el nacionalismo dispondrá de la protección del Gobierno de España para garantizar su monopolio mediático y seguir expandiendo su red clientelar en Cataluña y en otras comunidades. El impulso del patriotismo necesario recaerá totalmente en la sociedad y en los partidos de la oposición. Comienza el infortunio, pero la responsabilidad cívica exige construir desde ya una alternativa reformista y patriota, preparada y creíble, con capacidad para reconstruir las instituciones tras las próximas elecciones.
A fuerza de tener la mirada fija en lo urgente, ya sean las nuevas elecciones, el desafío catalán o algo similar, corremos el riesgo de alejarnos de lo real.
El “desproceso” solo es posible si el nacionalismo pierde el poder. No se trata de ganar elecciones, sino de sumar y cambiar democráticamente el Gobierno de la Generalitat.