Javier Redondo | 08 de febrero de 2021
Hace un año, la COVID comenzó a campar a sus anchas por la geografía española. El Gobierno le quitó importancia y se centró en solucionar sus conflictos internos y promover el 8M. Hoy, con la pandemia viviendo su tercera ola de contagios, un nuevo enfrentamiento en el Ejecutivo vuelve a escena: la ley Trans.
Hace justamente un año, conocimos el fallecimiento del doctor Li Wenliang. El oftalmólogo había alertado en diciembre de 2019 a sus colegas de la Universidad de Wuhan que había encontrado síntomas muy parecidos a los del SARS en siete pacientes en un corto espacio de tiempo. Su advertencia corrió como la pólvora en WeChat y en redes sociales. Fue detenido y obligado a retractarse. Volvió a su consulta en el hospital, se infectó y falleció. En enero el virus se paseaba descontrolado por el mundo.
Hace exactamente un año, tras conocerse el primer caso en España -un turista alemán en La Gomera-, el Gobierno dijo que la situación estaba bajo control, desatendió las llamadas de la OMS y la UE para proveerse de material. «Tenemos suficiente» fue la respuesta de Salvador Illa (hasta el verano las mascarillas no fueron obligatorias: no había), y creó un Comité de Coordinación Interministerial de seguimiento de la COVID.
El Gobierno expuso que «en 10 días surtirían efectos las medidas» -de prevención- y que en dos meses se pondría fin a la transmisión. Coincidió con la suspensión del Mobile World Congress de Barcelona, la primera gran señal de alerta en la economía. El 13 de febrero falleció el primer paciente de coronavirus en Valencia -lo supimos en marzo-, un hombre mayor que había viajado a Nepal. Inmediatamente, murieron otras dos personas, un octogenario y una nonagenaria en Euskadi y Madrid, donde se conocían 89 casos. Todavía en febrero supimos del primer joven infectado, tenía 24 años y había viajado a Italia. La Comunidad de Madrid pidió al Gobierno que adoptase medidas. Habían aparecido los primeros identificados no importados, locales y sin contacto directo con personas que hubieran viajado a zonas declaradas de riesgo: Asía e Italia.
El 1 de marzo, el presidente Sánchez, en precampaña de las elecciones vascas -que luego se aplazaron-, descartó la explosión de casos. Al día siguiente, el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades de la UE emitió un informe desaconsejando celebrar eventos multitudinarios -la opinión pública lo supo dos semanas después, al decretarse el estado de alarma-. En esos días se contaban 160 UCI, más de 200 casos y, solo en el País Vasco, 200 médicos y enfermeros aislados. Allí se publicó que el paciente cero fue un médico de Álava.
Con miles de muertos, ¿alguien puede pensar que la legislatura será igual?Margarita, Robles, ministra de Defensa (06/04/2020)
El 6 de marzo, con 365 contagios repartidos por todo el país -en Italia sumaban 148 muertos-, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, publicó una guía de su departamento para los trabajadores en relación con el coronavirus. Ella no fue a la manifestación del 8M. Con 436 infectados diagnosticados en España y el conocimiento de la primera niña contagiada, Madrid cerró los colegios un día después de la manifestación feminista en la capital: «El machismo mata más que el coronavirus» es el lema que reflejó el estado de desinformación y/o desconocimiento.
Había estallado el coronavirus. Ese fin de semana fue una bomba de racimo: 120.000 personas se concentraron en Madrid, la mitad en Barcelona y Bilbao, y también fueron muy concurridas las de Sevilla y Valencia: «El feminismo exhibe su músculo movilizador pese al temor al coronavirus», tituló El País. Si se hubiesen seguido las recomendaciones de las autoridades sanitarias internacionales, junto con el 8M se habrían suspendido otros dos eventos multitudinarios, un partido de fútbol en el estadio Metropolitano de Madrid y un mitin de Vox en Vistalegre para contraprogramar el 8M. Al día siguiente, se hundieron las Bolsas y nuestro mundo se fundió a negro.
Hace justamente un año podría ser hoy, sin mascarillas ni miedo ni comercios cerrados ni UCI repletas: Oriol Junqueras salió por primera vez de la cárcel para impartir una charla en una universidad y ministros socialistas estallaron contra la «chapuza» de la ley del «sólo sí es sí», promovida por Pablo Iglesias e Irene Montero. Ambos tenían prisa por sacarla y, en consecuencia, necesidad de un 8M masivo para visibilizarla asociada a Podemos. El quid de la coalición y la legislatura tiene dos centros: Barajas y el 8M. La reunión de José Luis Ábalos con Delcy Rodríguez, el destino de sus maletas, las infinitas versiones y la cuestión nuclear: ¿por qué Ábalos y para qué? El 8M vuelve mustio al cabo de un año, a caballo de otra trifulca entre Carmen Calvo e Irene Montero a cuenta de la ley Trans.
Hace hoy justo un año, el Gobierno se fue de retiro a la finca de Quintos de Mora para aliviar tensiones y disimular discrepancias. Con José Luis Ábalos neutralizado, Fernando Grande-Marlaska abducido, José Luis Escrivá confundido y Carmen Calvo en lo suyo, Iglesias y Montero tienen a Nadia Calviño y Margarita Robles en su diana. El pasado 6 de abril, la ministra de Defensa afirmó en una entrevista en El Mundo: «Con miles de muertos, ¿alguien puede pensar que la legislatura será igual?»: Pedro Sánchez, [también Isabel Celaá] Iglesias y Montero, sí. Todos hemos cambiado, menos tres.
Cualquier acontecimiento tanto natural como artificial se convierte en una monumental bronca. Da lo mismo una máquina quitanieves que una aguja para inocular la vacuna.
Tenemos una alarma sin mando único, repartida y prorrateada en virtud de los apoyos que necesita el Ejecutivo para sostenerse. Un vehículo y 17 conductores autodidactas que fían su suerte a los números y cálculos averiados del candidato Illa.
