Pedro González | 09 de abril de 2019
La declaración de Gibraltar como colonia favorece a España, pero será una herida abierta.
Fue una batalla parlamentaria épica, al cabo de la cual la Eurocámara aprobó definir a Gibraltar como colonia. Por 502 votos a favor, 81 en contra y 29 abstenciones, España lograba incluir por primera vez en una ley europea la denominación del Peñón como lo que es de hecho desde el Tratado de Utrecht de 1713, una colonia, la última del Reino Unido en suelo europeo.
España pagó, entre otros precios por su incorporación a la Unión Europea, el de someterse a la “neutralidad” de la UE en un conflicto entre dos Estados miembros. La perspectiva de que Londres salga ahora del club ha facilitado esta declaración, al socaire del reglamento de visados que regiría en caso de definitiva separación.
El Gobierno gibraltareño se apresuró a acusar a los españoles de haber empleado “tácticas intimidatorias”
Las batallas dialécticas, que en el Europarlamento responden a las tradicionales banderías conservadores-socialdemócratas, con los correspondientes aditamentos liberales, verdes y populistas, volvieron esta vez al enfrentamiento entre Estados-nación. Todos los británicos conservadores, laboristas e incluso euroescépticos hicieron piña común para intentar evitar la inclusión del término “colonia de Gibraltar”. Durante un par de semanas y cinco votaciones lo consiguieron, gracias a que el presidente de la comisión correspondiente y ponente de la ley era también un británico, Claude Moraes. A su vez, los eurodiputados españoles del PP, PSOE y Ciudadanos maniobraron para hacer que se votara la destitución de Moraes, aduciendo que su manifiesta obstaculización obedecía a su condición de británico.
Tras superar los intentos de los eurodiputados británicos por restituir a Moraes en su puesto, cuando ya había sido sustituido por el búlgaro Sergéi Stánishev, el acuerdo sobre el reglamento de visados fue aprobado por la Comisión de Libertades, Justicia e Interior, y al día siguiente por el Pleno de la Eurocámara. España lograba así que todos sus socios europeos, menos el Reino Unido obviamente, entraran en la senda de lo que tanto la ONU como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea habían reconocido desde siempre: el carácter colonial del Peñón de Gibraltar. Hay que señalar que en la votación plenaria, frente a la compacta oposición de todos los eurodiputados británicos, España no contó con un voto unánime. Lo hicieron en contra los catalanes de ERC y del PDeCAT, mientras se abstuvo la representante del PNV.
Al menos en apariencia, Londres ha exhibido una reacción contenida a esta victoria moral de las tesis españolas. No así el Gobierno gibraltareño, que se apresuró a acusar a los españoles de haber empleado “tácticas intimidatorias”, al tiempo que despreciaban las posibles consecuencias prácticas de este giro semántico de la UE.
La realidad es que la colonia de Gibraltar seguirá siendo, de momento, “la herida abierta” de España. Y, pese a las declaraciones optimistas de eurodiputados como Esteban González Pons, es harto dudoso que Londres se avenga siquiera a respetar lo que firmó en 1713, según cuyo pacto España tiene prioridad para dar por terminada la cesión si Gran Bretaña intentara “dar, vender o enajenar de cualquier modo la propiedad de Gibraltar”.
La actuación de los últimos Gobiernos de la Corona británica ha estado encaminada a “enajenar” la colonia, pero no precisamente para devolvérsela a España. En primer lugar, mediante el respaldo a la Constitución gibraltareña de 1969, y en segundo, mediante las reformas de 2006, en las que se introducía el derecho a la autodeterminación de los gibraltareños. Esta norma entra en colisión con la resolución 2253 de 1967 de Naciones Unidas, algo que evidentemente no le causa a Londres el menor problema de conciencia.
España lleva ya 306 años perdiendo muchas batallas prácticas
El nuevo reglamento de visados de la UE entrará en vigor en caso de salida definitiva del Reino Unido. Hoy día, nadie puede predecir que eso llegue a producirse realmente. Las maniobras dilatorias del Gobierno de Theresa May y del Parlamento de Westminster van más en la tradición británica de ganar tiempo y asestar el golpe a la menor distracción que en el de una negociación sincera.
Respecto de la colonia de Gibraltar, España lleva ya 306 años perdiendo de hecho muchas batallas prácticas: la de las aguas territoriales, el istmo ocupado, el aeropuerto y, por supuesto, la fiscal, en la que el “paraíso” gibraltareño detrae miles de millones de euros cada año a la Hacienda española.
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