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España atraviesa uno de los momentos más delicados y peligrosos de su reciente etapa democrática. Tras 40 años de estabilidad política, fortalecimiento institucional y desarrollo económico, el país acaba de registrar un punto de inflexión, cuya deriva, de prolongarse en el tiempo, se traducirá en una paulatina, pero constante, decadencia política, económica y social, tal y como, por desgracia, han sufrido otras muchas potencias a lo largo de la historia.

Si algo ha demostrado el mandato de Pedro Sánchez al frente del PSOE es su absoluta falta de escrúpulos a la hora de ejercer el poder, puesto que está dispuesto a rebasar todos los límites con tal de mantenerse en el cargo, como bien evidencia el acuerdo que acaba de alcanzar con Podemos y ERC para lograr la investidura, dos formaciones que, abierta y explícitamente, siempre han abogado por la voladura y derribo del régimen constitucional del 78.

Las consecuencias más visibles de este pacto serán, en primer lugar, un sustancial deterioro institucional. España, por mucho que estos partidos antisistema digan lo contrario, es una de las democracias más sólidas y avanzadas del mundo. No por casualidad, el Democracy Index que elabora The Economist sitúa a España entre las únicas 20 “democracias plenas” que existen en el mundo, con una nota media de 8,1 puntos sobre 10. Pero es que, además, España ostenta un muy notable puesto 29 en el ranking de Libertad Humana que publica anualmente el Cato Institute, con una nota media de 8,1 entre un total de 162 países analizados, donde se mide el grado de derechos y libertades fundamentales que se disfruta alrededor del globo.

Para ello, sin embargo, es condición imprescindible respetar al máximo el funcionamiento de las instituciones que sostienen el Estado de derecho, empezando por la igualdad ante la ley o la separación de poderes. El acuerdo alcanzado con ERC para tratar de saltarse la Constitución por la puerta de atrás, tras abrir la puerta a una posible consulta en Cataluña, la creación de derechos particulares y diferenciados para determinados colectivos por razón de raza, sexo e ideología, o las amenazas lanzadas por Podemos contra el Poder Judicial durante el pasado debate de investidura son tan solo algunos ejemplos del declive institucional que ha comenzado a experimentar España.

.@Pablo_Iglesias_ elogia a presos y huidos del procés y avisa a los jueces que antepongan su ideología reaccionaria pic.twitter.com/kRlbGLogbq

— Europa Press TV (@europapress_tv) January 4, 2020

La segunda gran consecuencia del pacto socialcomunista entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias será el frenazo de la economía. Su programa, consistente en disparar el gasto, subir los impuestos e intensificar el intervencionismo estatal, terminará lastrando el crecimiento y la creación de empleo de forma más o menos intensa, en función del mayor o menor cumplimiento de tales promesas. El texto en cuestión incluye medidas de gasto por valor de 35.000 millones de euros al año, mientras que los impuestos anunciados apenas recaudarán poco más de 5.000 millones. Así pues, o el aumento fiscal será muy superior al señalado, gravando de forma sustancial las rentas medias, o el déficit y la deuda pública seguirán creciendo, debilitando aún más la solvencia del Estado. La derogación de la reforma laboral y la subida unilateral del salario mínimo a 1.200 euros al mes, por su parte, cortocircuitarán la creación de empleo, con lo que el paro difícilmente bajará del 14% actual.

Aunque lo que persigue realmente el plan económico firmado por PSOE y Podemos es la implantación de un amplio sistema clientelar para que una creciente parte de la población viva del dinero público, a costa, eso sí, de un expolio cada vez mayor del sector productivo, con el consiguiente empobrecimiento de la sociedad en su conjunto. Este modelo no es nuevo. A nivel nacional, es el existente en Extremadura, Asturias, Castilla-La Mancha o, hasta hace poco, Andalucía, los grandes feudos socialistas, mientras que a nivel internacional destaca, muy especialmente, el caso de Argentina.

El sistema clientelar

Prueba de ello es que el programa en cuestión recoge, entre otras medidas, un importante incremento de la prestación por desempleo, pese a que su reducción eleva la empleabilidad de los parados; el refuerzo del empleo público, sin tener en cuenta la productividad de los funcionarios o la necesidad real de muchos servicios; la derogación de la reforma de las pensiones aprobada en 2013, lo cual disparará el gasto de la Seguridad Social, haciendo inviable el sistema a medio y largo plazo; la creación de un nuevo subsidio, el “Ingreso Mínimo Vital”, a imagen y semejanza del famoso PER agrícola, que tan solo contribuirá a cronificar la economía sumergida y la vulnerabilidad de sus beneficiarios; la subida del IPREM para elevar todos los subsidios y prestaciones vigentes; así como la prohibición de cortes de luz o la imposición de nuevas trabas al desalojo de inquilinos e hipotecados morosos, cuya factura también pagarán los contribuyentes, al tiempo que la propiedad privada y la seguridad jurídica se ven profundamente mermadas.

Con semejante listado de propuestas, diseñadas para contentar a parados, empleados públicos, pensionistas, subsidiados y morosos, lo que pretende la izquierda no es, ni más ni menos, que la extensión y mantenimiento de una amplia bolsa de “voto cautivo” a base de perniciosas regalías y prebendas que pagarán empresas y trabajadores. Un sistema clientelar, en definitiva, que busca el blindaje electoral de sus precursores, pero a cambio de dinamitar las bases que generan prosperidad, bienestar y riqueza. El resultado final no es otro que la decadencia.

Imagen destacada: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el líder de Podemos, Pablo Iglesias (i), estrechan sus manos tras la firma del acuerdo de coalición. | Agencia EFE