Miguel Ángel Gozalo | 10 de julio de 2019
Varios dirigentes de Cs sufrieron la ira de los asistentes a la manifestación del Orgullo Gay tras las declaraciones del ministro en funciones, que criticó el acuerdo alcanzado en el Ayuntamiento de Madrid.
En el clima cainita que envuelve la política española, donde al adversario no se le da ni agua y hasta se niega la posibilidad de un encuentro casual (lo que sucede en la vida cotidiana con total normalidad), acabamos de asistir a lo nunca visto: que a unos participantes pacíficos, que van a favor de lo que defiende el conjunto de una manifestación, se les boicotee, se les insulte, se les escupa y se les lance objetos diversos y, finalmente, se les expulse. Estamos hablando de la manifestación del Día del Orgullo Gay y de Ciudadanos. Estamos hablando de Madrid. Estamos hablando de la Policía (que todo lo que hizo fue sacar a los chicos y chicas de Ciudadanos de la marcha, en vez de hacerlo con los agresores) y de quien, en teoría, la manda, el juez y ministro en funciones Fernando Grande-Marlaska.
El señor Marlaska debe comparecer en el @Congreso_Es para explicar por qué los votantes y afiliados de Cs no pueden manifestarse libremente en el Orgullo. El gobierno sanchista está justificando lo injustificable. Es una vergüenza. #MarlaskaDimisión pic.twitter.com/YlxeABnIzb
— Inés Arrimadas (@InesArrimadas) July 8, 2019
Una de las muchas frases que han apuntalado nuestra resignación sobre los comportamientos públicos la pronunció el magistrado Cándido Conde-Pumpido cuando aludió a las togas, que «debían mancharse con el polvo del camino». ¿Qué quiso decir? ¿Que los jueces no pueden ser neutrales y deben tomar partido, «partido hasta mancharse», como en el poema de Gabriel Celaya? ¿Que les es imposible permanecer al margen de lo que pasa a su alrededor? La verdad es que últimamente todo parece confirmar que la «doctrina Pumpido» se ha abierto camino en el imaginario español.
Un párrafo de una sentencia judicial abrió la puerta a la moción de censura que se llevó por delante a Mariano Rajoy. El procés está pendiente de una sentencia del Tribunal Supremo que dibujará el futuro de las relaciones con Cataluña. El Constitucional va pespunteando los pasos inciertos de otras instancias. La vida pasa por los juzgados mucho más de lo que sería deseable, porque España vive en un estado de confrontación.
Esta confrontación indeseable se vivió el sábado 6 de julio con motivo de la manifestación del Orgullo. Este tipo de celebraciones, que al parecer no le gustan a Vox, ni son ya ninguna novedad (se celebran en todo el mundo) ni tendrían por qué provocar incidentes. Ah, pero España es diferente. Ciudadanos ha hecho de la bandera arcoíris también su bandera, y es muy libre de hacerlo. Pero a los dirigentes del movimiento LGTBI les molesta que este partido, que ha llegado a acuerdos con Vox en algunos ayuntamientos, defienda su causa. El carné de militante lo dan ellos.
Así que nada de mezclarse con el resto de los manifestantes y pretender, encima, figurar en la marcha con pancarta, camiseta y voz propias. Los llamados radicales ya se encargarían de que esa aspiración de la tropa de Ciudadanos (encabezada por Inés Arrimadas, a la que Albert Rivera ya le permite torear algo más en la difícil plaza de Madrid), supiese lo que era bueno. El «no pasarán» y los insultos fueron seguidos de escupitajos, lanzamiento de latas y botellas, empujones, sentadas para impedir avanzar al grupo de Ciudadanos, en el que figuraban varios diputados, y demás componentes de lo que debe ser considerado un escrache en toda regla.
Pactar con quien de forma obscena quiere limitar los derechos LGTBI tiene que tener consecuenciasFernando Grande-Marlaska, ministro del Interior en funciones
Después de la marcha, Arrimadas, que tiene experiencia en la materia (los asedios que ha sufrido en Cataluña y en el País Vasco lo han sido con suplemento de lejía) ha sacado su propio orgullo y ha pedido la dimisión de Grande-Marlaska. Y si no dimite, que Sánchez lo cese. Para ella, decir, como dijo el ministro en funciones, que «pactar con quien de una forma descarada trata de limitar los derechos humanos tendría consecuencias» es incitar al odio. O, como apuntó Albert Rivera, poner a Ciudadanos en la diana y justificar a los violentos.
Para Arrimadas, Grande-Marlaska calentó la calle, señaló a Ciudadanos y justificó la violencia de un grupo de radicales. «En lugar de proteger a los ciudadanos, justifica las agresiones, ya está bien», señaló con su estilo made in Parlament. O sea, como los clásicos: Suaviter in modo, fortiter in re.
Fernando Grande-Marlaska, el juez que había dicho que se puede ser gay y de derechas, y que hasta que Sánchez lo nombró ministro tenía vitola de conservador, no va a dimitir, por supuesto. Las cosas están confusas, pero no hasta el punto de que alguien dimita. Lo que no podrá evitar es que su prestigio indudable, labrado como magistrado valeroso que se enfrentó a ETA, destapó el Caso Faisán y procesó a Arnaldo Otegi, se vea salpicado por el polvo del camino.
El Día del Orgullo siembra el mismo temor que los gays sufrían en el pasado. Sus promotores aborrecen la sociedad que los normaliza y consienten a las que los esclavizan.
