Daniel Berzosa | 10 de julio de 2021
Ese nuevo mojón no es otro que el escandalosamente inconstitucional, fraudulento e inmoral decreto‑ley del gobierno autonómico catalán.
Vengo oyendo últimamente la expresión «¡en tu cara!» entre los adolescentes. No sé si se trata de una moda, y, como tal, pasajera, o algo propio de la mochila expresiva de su generación. No la recoge el Diccionario, ni siquiera la he encontrado comentada en los abigarrados océanos de internet. Espero que la olviden o renuncien a ella.
Su incuestionable vulgaridad e indeseable uso se debe a que se pronuncia con una entonación y unos gestos corporales, que, además de resultar verduleros, revelan un aplastante desprecio, chulería y prepotencia frente al que se profiere. El efecto no es de guasa. No lo dice el sujeto pasivo. Es el sujeto activo quien, con supurante maldad, regodeándose en su victorioso y miserable triunfo, profiere ese «¡en tu cara!».
Dicho lo cual, y ya acredita por sí sola el estado de las cosas, la expresión es exacta para entender el significado político, jurídico y cívico del penúltimo hito del desprecio absoluto a la Constitución, al derecho y a la convivencia de todos los españoles, sostenido por los dirigentes de la Generalidad de Cataluña desde hace más de un decenio, con la novedad, inconcebible y devastadora, de la complicidad de los dirigentes del Gobierno de la —exhausta, proscrita y ‘analfabetizada’— nación.
Ese nuevo mojón no es otro que el escandalosamente inconstitucional, fraudulento e inmoral decreto‑ley del gobierno autonómico catalán. Y que ha sido nominado con el pornográfico e hipócrita título de «creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya».
Basta leer la primera frase de la exposición de motivos del decreto-ley citado para comprender que es teleológicamente anticonstitucional, ilegal e indecente: «El principio de indemnidad en relación con el ejercicio de funciones públicas comporta que ningún servidor público se pueda ver perjudicado como consecuencia del ejercicio legítimo del cargo público que ocupa». Jamás es legítimo en un cargo público actuar para destruir al Estado del que es cargo público y por el que se es cargo público.
El fin de la norma es asegurar la impunidad total de los condenados por el Tribunal Supremo e indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez; y de ellos y otros encausados por el Tribunal de Cuentas por otras ilegalidades contables anteriores. Que ninguno deba ingresar ni el dinero al que fueron condenados como consecuencia de sus delitos, ni devolver el dinero público desviado de sus fines legalmente aprobados para favorecer el golpe de Estado de 2017. Nunca, jamás, en la vida.
El resumen espeluznante de la situación hasta esta nueva norma espuria —dictada, entre otras cosas, con evidente y total ausencia de «necesidad extraordinaria y urgente», que exige el artículo 64.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña — se puede leer en el «Decálogo para reconstruir la convivencia en Cataluña», del profesor Arenas:
– La Generalitat incumple la obligación constitucional de que el castellano sea lengua de aprendizaje en la escuela: se mira para otro lado.
– Se incumple la ley de banderas en los ayuntamientos catalanes: se mira para otro lado.
– Las administraciones controladas por los nacionalistas incumplen su obligación de neutralidad, incluso en periodo electoral: se mira para otro lado.
– Se dedica dinero público a debilitar la posición internacional de España y a buscar apoyos en el extranjero para la secesión de Cataluña: se mira para otro lado.
– Se silencia, boicotea o ataca a quienes se oponen al nacionalismo: se tilda a los que se oponen al nacionalismo de provocadores, revanchistas y/o fachas.
– Se dictan sentencias que molestan al nacionalismo: se hace lo posible para que no se ejecuten.
– El Tribunal de Cuentas investiga la utilización de fondos públicos para fines vinculados al proceso secesionista ilegal: se ataca al Tribunal de Cuentas.
– Se utilizan los medios públicos de comunicación dependientes de la Generalitat para promover la secesión: se pone RTVE al servicio del nacionalismo.
– La Generalitat desobedece al Tribunal Constitucional: se limitan las competencias del Tribunal Constitucional
– Los nacionalistas incurren en los delitos de sedición y malversación: se modifica la legislación penal para que los hechos cometidos ya no sean delito (o sea un delito menos grave).
Arturo Pérez-Reverte recordó hace ocho años en Conmigo, o contra mí esta verdad política democrática: «Incluso con urnas, nunca hay democracia sin votantes cultos y lúcidos… Los pueblos analfabetos nunca serán libres, pues su ignorancia y su abulia política los convierten en borregos propicios a cualquier esquilador astuto, a cualquier lobo hambriento, a cualquier manipulador malvado. También en torpes animales peligrosos para sí mismos. En lamentables suicidas sociales». Esto conduce a despojar a los ciudadanos de su condición y reducirlos a «víctimas fáciles», requisito para que haya «verdugos impunes».
De todo esto sumado va el acuerdo entre el gobierno de Pedro Sánchez, que no de la nación, con el gobierno de los separatistas catalanes, que no del pueblo catalán, que reconoce la Constitución, expresión del único soberano, el pueblo español. Ya no hay duda de que estamos ante una corrupción estructural. Los ciudadanos debemos atajar la raíz del problema, que son el poder o dominación y la impunidad de quienes lo ocupan.
Nuestros dirigentes centrales y separatistas del presente han retrocedido a España, donde Sandoval Ballesteros situaba a «México y otras naciones en transición», a un estado donde «la hegemonía de los sistemas de “camarillas” y la dominación informal de poderes fácticos y de grupos de la élite política y financiera han producido una tóxica mezcla entre lo político-electoral y lo estructural-financiero, lo cual ha dado lugar a la génesis y la consolidación precisamente de este sistema de corrupción estructural» (Enfoque de la corrupción estructural: poder, impunidad y voz ciudadana).
El caso español presenta ciertamente matices respecto de la tesis del artículo. Pero lo particularmente trágico es que no se trata solo de mantenerse en el poder y meter la mano en el dinero que los ciudadanos entregamos pacífica y periódicamente al Estado y sus hipertróficas, insaciables y obedientes administraciones públicas, sino que se persigue la destrucción sustancial de España como Estado constitucional, una nación soberana de ciudadanos libres, iguales e independientes; mediante su deconstrucción a fuego lento, con teatrillos de concordia ful y mesas de diálogo trileras.
España se desliza hacia la irrelevancia internacional, el desprecio a la Justicia y a la Ley, y el ataque a las instituciones, a la unidad nacional, a la Constitución y a la Corona por obra y gracia de un Ejecutivo lastrado por la mediocridad y el radicalismo ciego.
Ya estamos en esa España prometida que nos vendía el PSOE como la meta de todo españolito demócrata, ese país que no se lo saltaría ni un vegano porque sería todo concordia rosa y aire puro, primera potencia del mundo cuando se indultase a los políticos independentistas.
