Elsa González | 10 de noviembre de 2020
El Ejecutivo creará una estructura integrada por numerosos órganos y autoridades públicas y gubernamentales, así como por el sector privado. Pero ¿quién controla al controlador?
El plan que ha anunciado el Gobierno contra las noticias falsas puede convertirse en un elemento de censura. La voz de alarma la han lanzado, fundamentalmente, los periodistas, pero la ciudadanía resultaría la gran afectada de una iniciativa de tal calibre. Bastantes censores hemos sufrido como para aceptar una comisión con poder para controlar los medios de comunicación. No entro a valorar las redes sociales, que es otro problema.
La propuesta gubernamental se produce cuando se cumplen 210 años -esta misma semana- de la libertad de prensa en España. El 10 de noviembre de 1810, las Cortes de Cádiz promulgaron, por primera vez en nuestro país y en plena Guerra de la Independencia, la libertad de imprenta. Este decreto, que acabó con la censura previa, se produjo en un contexto histórico de desarrollo de la prensa, aunque los periódicos eran caros y al alcance, además, de una minoría por el elevado analfabetismo de la población.
En el siglo XVIII, surge una corriente en toda Europa, con fuerte influencia en América, de apertura a la comunicación: los británicos, con un avanzado John Locke, derogan la Ley de Licencias de Prensa, en 1695. Suecia es el primer país del mundo que la incluye en su constitución, en 1766. Poco después, se produce la Revolución francesa con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y EE.UU. protege la libertad de prensa en la Primera Enmienda a la Constitución, en 1791.
Son los primeros pasos por la libertad de información, a partir de ahí cada país tendrá que lidiar un apasionante y tortuoso camino. En España hemos trabajado el nuestro, hasta ocupar el puesto 29 en la clasificación mundial que realiza Reporteros sin Fronteras. Pero la conquista de la libertad de prensa debe ser permanente.
El Gobierno acaba de aprobar un plan contra las noticias falsas, mediante el cual -señala la orden- «monitorizará» la información y solicitará la colaboración a los medios de comunicación que busquen la «difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios».
En 2018, el PP instó a comprobar la veracidad de las noticias que circulan por la red y lanzó una iniciativa similar a la actual para luchar contra la desinformación. El PSOE la calificó recorte de libertades y censura. Para Podemos, era una ofensiva clara contra la libertad de expresión
El Ejecutivo creará una estructura integrada por numerosos órganos y autoridades públicas y gubernamentales, así como por el sector privado. Es decir, el Gobierno se convierte en arte y parte. Quien controla garantiza la imparcialidad… y no sé si examina también la pluralidad… pero ¿quién controla al controlador?
Es un hecho constatado que en Pekín o Moscú reparten maniobras para interferir en la política europea. Pero contamos con una unidad especial dedicada a combatir la desinformación. El Gobierno de Sánchez, además, ha entrado en un terreno tan sensible sin dialogar con las empresas informativas ni con la oposición. El plan es ambiguo y está en mantillas, pero cuando se consolide no tendrá remedio. Y la libertad de prensa es uno de los pilares de la democracia.
Todos los países desarrollados comparten que las fake news constituyen una amenaza real para la democracia. Por eso, el CSIC vigila los ciberataques; los tribunales frenan los excesos e irregularidades periodísticas y la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo asiste a quien se considere afectado por una noticia publicada en medios de comunicación. No multa ni promueve cierres, no es un órgano censor. Sus resoluciones afectan a la credibilidad del medio y del periodista.
La Comisión vela por el cumplimiento del Código Deontológico de la Federación de Asociación de Periodistas de España (FAPE) y representa una voz de prestigio -por la categoría de sus miembros-, independiente y plural, que preside Rafael Mendizábal, el creador de la Audiencia Nacional, quien ha manifestado que «con la ley en la mano, esta orden ministerial infringe directamente la Constitución».
Considero que, ante la importancia de la actual Sociedad de la Información, debería impartirse una asignatura obligatoria dirigida a los adolescentes, que enseñará a diferenciar medios de comunicación y redes sociales, el valor de la verdad, el origen de la información, los efectos de la manipulación y la censura y la incidencia en los estados de opinión.
En marzo de 2018, el PP instó a comprobar la veracidad de las noticias que circulan por la red y lanzó una iniciativa similar a la actual para luchar contra la desinformación. El PSOE calificó la iniciativa de «recorte de libertades» y «censura». Para Unidas Podemos, era «una ofensiva clara contra la libertad de expresión».
A mi juicio, la mejor ley de prensa es la que no existe. La excesiva regulación supone una merma de libertad y nunca es posible recoger toda la casuística. Siempre he creído en la autorregulación. Soy consciente de que implica un esfuerzo ético, de conciencia y de formación del periodista. Y debemos reconocer que no siempre estamos a la altura de las circunstancias, por escasez de rigor y ausencia de calidad e incluso competencia profesional. Seguramente, el mayor problema de la información es la precariedad de los medios y del periodista; pero controlar la información desde cualquier Gobierno es el mejor camino para llegar a la mentira. Y la responsabilidad de mantener la independencia y de evitar que alguien controle el relato es de toda la sociedad.
PSOE y Podemos pretenden reformar la elección de los jueces del Consejo General del Poder Judicial con una ley anticonstitucional, antidemocrática y, por ende, antieuropea.
Podemos utiliza la pandemia para censurar a su medida los mensajes de odio en las redes sociales. Twitter y Facebook crean normas contra la desinformación.
