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Atrapados entre una Generalitat de Cataluña que nos es hostil y un Gobierno de España que nos desampara, los catalanes constitucionalistas vemos evaporar nuestros derechos y libertades. Es este un nuevo pacto del Tinell, ampliado y perfeccionado, que, esta vez, margina y estigmatiza a una gran parte de la sociedad. PSOE, Unidas Podemos y ERC han acordado suprimir el castellano como lengua vehicular en la enseñanza. En 2013, el Partido Popular aprobó la LOMCE, que permitió a no pocas familias ganar batallas judiciales que obligaban a garantizar el 25% del castellano en las aulas catalanas.

Con todo, las batallas son duras, el señalamiento y la exclusión social son una realidad y muchos caen en el desánimo; pero si se aprueba la denominada «Ley Celaá», la desprotección de los más vulnerables frente al desleal poder nacionalista será absoluta. Los protagonistas del procés nunca dieron pasos tan firmes hacia la independencia como los que pretende aprobar el PSOE. Así pues, esta es una tristísima noticia para aquellos catalanes que rompieron la espiral del silencio y dijeron «basta ya» al nacionalismo abusón. Es el abandono de cientos de miles de estudiantes catalanes a los que abocan a un futuro con menos riqueza cultural y menos oportunidades económicas. Ahora, quizás, sí estamos solos.

El nacionalismo celebra este acuerdo como una gran victoria, porque, para ellos, lo es; mientras socialistas y podemitas lo justifican con argucias argumentales que no pasarían ningún control de veracidad, ni tan solo el del ministerio de la verdad sanchista. Lamentablemente, el PSOE ha comprado el producto tóxico del separatismo: la extranjerización de los castellanoparlantes en Cataluña. Nos dicen los diputados de la izquierda desnortada que en Cataluña se aprenden perfectamente las dos lenguas, a pesar de la inmersión lingüística en catalán. Falso de toda falsedad.

Cuando un idioma se estudia en solo dos asignaturas, como si fuera una lengua extranjera, es imposible su dominio sin un esfuerzo complementario por parte de las familias. Recientemente, el podemita y tuitero Pablo Echenique repetía uno de esos mantras de la elite separatista: que los alumnos catalanes aprenden mejor el castellano que en otras comunidades españolas, porque «todos los datos objetivos así lo demuestran». La cuestión es que esos datos no existen. No hay ninguna prueba homogénea para toda España que confirme la afirmación de Echenique (y de tantos nacionalistas y socialistas) y sí hay mucha experiencia que nos demuestra lo contrario.

Algún día debería haber una evaluación común en toda España y más de uno se llevaría una desagradable sorpresa. Ahora quien mide el nivel de castellano en Cataluña es la Administración autonómica, que lo quiere marginar y que tiene incentivos para «demostrar» que con una escuela monolingüe en catalán se aprende perfectamente el castellano. No obstante, cualquiera que imparta clases en las universidades catalanas pronto se da cuenta de los problemas que tienen muchos alumnos a la hora de escribir o hablar en castellano. No todos, obviamente, pero sí aquellos que proceden de determinados entornos sociolingüísticos. Tampoco hace falta ir a la universidad catalana, observen ustedes a los políticos nacionalistas que fueron educados en el monolingüismo.

Cuando la hoy fugada Marta Rovira fue al Congreso de los Diputados a exigir un referéndum separatista, mostró unas carencias lingüísticas que provocaban asombro y vergüenza. Ella misma reconoció que durante días había estado ensayando el discurso y que había tratado de hacer una inmersión en castellano en casa. No es la única que, en los últimos años, ha demostrado un pésimo dominio de la lengua común en los atriles de la política catalana. Y es que pocos políticos nacionalistas serían contratados por una empresa para ser comerciales en el resto de España o en Latinoamérica.

Más allá de los problemas pedagógicos, esta también es una cuestión que afecta a derechos fundamentales. Se está prohibiendo a los hijos de familias castellanohablantes ser educados en su propia lengua materna. En ningún país de Europa encontraremos aberración semejante. También es un golpe para aquellas familias catalanohablantes que encontrarían en una escuela bilingüe o trilingüe una educación más completa para sus hijos. Sin embargo, los nacionalistas, Unidas Podemos y el PSOE colaboracionista pretenden hurtar a todos esos padres el derecho a elegir la mejor educación para sus hijos. Ellos no tienen dret a decidir. En ese proyecto contra la libertad se insiere también el ataque a las escuelas concertadas. Cínicos o ignorantes, vienen a decirnos que la única lengua propia de Cataluña es el catalán. Llegados a este punto, les recomendaría el estupendo libro de Sergio Vila-Sanjuán Otra Cataluña. Seis siglos de cultura catalana en castellano.

Nadie debería llevarse a engaño: la inmersión es un modelo pedagógicamente aberrante, es clasista al perjudicar a quienes no pueden optar por una escuela privada y vulnera derechos y sentencias judiciales. Y todo ello tiene una oscura justificación, a saber, un proyecto de ingeniería social. La exclusión del castellano y la historia en clave nacionalista responden a una voluntad política, la de desconectar emocional y mentalmente de España a los catalanohablantes. El nacionalismo pretende una sociedad aislada, cerrada y pequeña, porque así la manejarán con mayor facilidad. Una sociedad ensimismada y atrofiada les garantizaría un poder eterno al no tener que rendir cuentas por sus corruptelas y mala gestión. Nos quieren políticamente confinados y extranjerizados, y cuentan con el apoyo del PSOE para ello. Desolador.

Imagen destacada: La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, durante una comparecencia ante la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso de los Diputados. | congreso.es