Qveremos | 13 de febrero de 2020
La “declaración de emergencia climática y ambiental en España» se integra en la estrategia de la izquierda de dominar el debate público y monopolizar los valores positivos.
El pasado 21 de enero, el Consejo de Ministros aprobó la “declaración de emergencia climática y ambiental en España”. Basándose en un supuesto “consenso científico”, impulsa medidas dudosamente relacionadas con el tema, como una asamblea ciudadana paritaria, la transformación del sector financiero, o la reducción de la desigualdad entre hombres y mujeres.
Claramente el cambio climático sirve para todo, y se integra en la estrategia de la izquierda de dominar el debate público y monopolizar los valores positivos. Además de generar un clima de miedo y una sensación de perentoriedad, que le permite justificar sus políticas intervencionistas de forma superficial, omitiendo los debates de fondo.
Qveremos que el debate sobre las políticas climáticas parta de una auténtica discusión científica, que no se puede sustituir por un consenso generado artificialmente y patrocinado por grupos de presión. No puede aceptarse que para los próximos treinta años el “único camino a seguir” sea el marcado por la izquierda a través de sus diferentes foros. Toda política climática impone unos sacrificios a las generaciones presentes y a las futuras, y esos sacrificios no pueden silenciarse con el altavoz de la “emergencia”, sino exponerse y tratar de reducirse.
Un breve análisis del contexto de la declaración de emergencia climática y de su contenido permite observar que se integra en la estrategia generalizada de eliminar las discrepancias y acallar a la disidencia.
La declaración dice seguir el consenso científico acerca de la “emergencia climática”, y se apoya en la moción del Congreso de los Diputados, aprobada por 311 votos a favor. Sin embargo, la ciencia no funciona por consenso. La ciencia, de hecho, es por completo independiente del consenso, pues la realidad científica es o no es, independientemente de cuánta gente la siga.
En este sentido, el “consenso científico” parece más generado artificialmente a través del premio al seguidor y el castigo al disidente que a través de los verdaderos conocimientos.
Existen numerosos científicos que dudan de que el cambio climático se deba a la acción del hombre, en la medida en que se afirma por el “consenso” que el ser humano tenga realmente capacidad para revertirlo o que revertir ese cambio sea algo realmente deseable. Además, ponen en duda la fiabilidad de las predicciones climáticas de aquí a treinta años, pues las predicciones pasadas se han revelado erróneas de forma consistente.
El #CMin aprueba la Declaración de #EmergenciaClimática y Ambiental en España.
? Se compromete a adoptar 30 líneas de acción prioritarias para combatir el cambio climático, cinco de ellas se desarrollarán en los primeros 100 días.
Lo explica la vicepresidenta de @mitecogob ? pic.twitter.com/YXE8y3A9zg
— La Moncloa (@desdelamoncloa) January 21, 2020
Por otro lado, el apoyo político, aunque legitimador desde un punto de vista democrático, no es tampoco argumento científico. De hecho, se cita al Foro de Davos para sostener que la senda que propone el Gobierno es “el único camino posible”, con lo que se renuncia a un verdadero análisis científico de las causas, consecuencias y posibilidades de actuación, y se impone la postura del Gobierno como la única aceptable. Recordemos a Galileo y su relación con el consenso.
Se anuncian muchas medidas que difícilmente se integran de forma clara en lo que realmente puede llamarse “lucha contra el cambio climático”, y menos aún como medidas de emergencia. Si se atiende a cada una de las propuestas, lo que se puede deducir sin mucho esfuerzo es que se trata de la ejecución de prácticamente todo el programa de transformación social de la izquierda, que bajo el paraguas de la “emergencia climática” busca tachar a quien se atreva a contradecir esas medidas de contaminador, insolidario climático, antidemócrata y contrario al consenso científico: financiación de las energías renovables (lo que se traducirá en un aumento de la factura energética), transformación del modelo industrial a través de convenios (i.e. subvenciones), modificación del sistema fiscal, reforma del sistema financiero, etc.
Se marca como “línea de acción no otorgar nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil y se analizarán los vigentes, salvo casos justificados por razones sociales o tecnológicas”. Brevemente: se acabaron las subvenciones al carbón, salvo que los mineros vuelvan a bloquear Madrid o sea necesario para que la izquierda no pierda electoralmente en esas plazas fuertes tradicionales que son las cuencas mineras. De repente, la “emergencia climática” no es tan urgente y puede ceder por razones sociales o tecnológicas… cuando así lo decida el Gobierno.
En suma: se utiliza la “emergencia climática” para laminar las posiciones contrarias y para justificar las políticas intervencionistas de la izquierda bajo una bandera que goza del apoyo del consenso mediático. La izquierda se alza como el “único camino posible” para luchar contra una “emergencia”, de modo que quienes lleven la contraria se conviertan automáticamente en culpables del apocalipsis climático.
Creemos que la solución a la cuestión climática no pasa por ahí:
– Las políticas en materia climática deben hacerse sobre la premisa de lo limitado de nuestro conocimiento, y desde el convencimiento de que las medidas que se adoptan hoy pueden tener un gran impacto en la sociedad presente y en la futura.
– Por eso es necesario abrir un debate científico serio, en el que se puedan tratar las tesis planteadas sin que los críticos sean laminados o descartados mediante el argumento de la “emergencia”. No debe atenderse al consenso de organismos subvencionados por los lobbies climáticos, sino a los verdaderos datos y al auténtico método científico del contraste y la demostración de las tesis. La duda y la posibilidad de confrontación de tesis son esenciales para un verdadero sustento científico de la actuación en esta materia.
– Es necesario un debate político honesto, en el que se reconozca que las medidas que se pretenden implementar tienen un coste, y que ese coste se impone a las generaciones actuales (mayores precios de la energía, restricciones al uso de energías fósiles, etc.) y que también se traslada a las generaciones futuras (deuda).
Qveremos que el debate político en la cuestión climática atienda a las evidencias científicas, aceptando que en el debate científico lo importante es la demostrabilidad de las tesis. Qveremos que los líderes políticos tomen conciencia de que toda medida implica costes para las generaciones presentes y las futuras, y que busquen un equilibrio entre el coste y el beneficio social. Qveremos, en fin, un debate libre sobre la cuestión climática, en el que no se criminalice al discrepante. Las generaciones presentes y las futuras nos jugamos mucho en ello.
