Manuel Llamas | 15 de mayo de 2020
De los cerca de 40 contratos firmados por Sanidad para la compra de material desde mediados de marzo a mediados de abril, el precio abonado por batas, geles y otros productos a empresas chinas ha llegado a multiplicar por diez el ofrecido por proveedores españoles.
España es, por desgracia, uno de los países que peor han gestionado la crisis del coronavirus, con todo lo que ello significa en cuanto a la pérdida de vidas humanas. La incompetencia e irresponsabilidad del Gobierno en esta materia no ha podido ser mayor. Su inacción frente a la pandemia, retrasando la adopción de medidas hasta la celebración del 8M, pese a las advertencias de la OMS, las quejas de varias comunidades autónomas y los trágicos precedentes de China e Italia han costado miles de muertos, pero su nefasta gestión posterior no se queda atrás.
La falta de material de protección, desde mascarillas hasta EPI (Equipo de Protección Individual), se ha traducido en la mayor tasa de contagios entre personal sanitario del mundo, con cerca del 20% del total, al tiempo que España ocupa un mediocre puesto 33 de los 37 que conforman la OCDE en cuanto a la realización de test por cada caso confirmado de coronavirus. En definitiva, ni equipos de protección, ni mascarillas ni test, tres elementos clave para mantener la pandemia bajo control.
El material, por tanto, no llega y, cuando llega, llega mal. El Gobierno compró millones de mascarillas defectuosas procedentes de China que, posteriormente, tuvieron que ser retiradas tras haber sido repartidas entre los sanitarios. Y algo similar sucedió con los famosos test rápidos que, en su día, anunció Pedro Sánchez en una de sus ya habituales alocuciones televisivas del fin de semana. España recibió cientos de miles de test defectuosos, que fueron comprados a precios desorbitados a través de un intermediario cuya identidad se negó a desvelar Sanidad.
Y esta es, precisamente, otra de las grandes taras de la gestión gubernamental: la escandalosa opacidad que existe en torno a los millonarios contratos destinados a la compra de material sanitario. Prueba de ello es que el Boletín Oficial del Estado (BOE) llegó a publicar un total de 14 contratos con empresas de «dirección desconocida», evidenciando así que la tan necesaria transparencia brilla por su ausencia.
– Suministro de 1.000.000 de hisopos para toma de muestras por 4,3 millones de euros: MJ Steps; «dirección desconocida».
– Suministro de mascarillas FFP3 por 11,7 millones de euros: HongKong Travis Asia Limited; «dirección desconocida».
– Suministro de batas desechables por 29,7 millones de euros: China National Instruments Import & Export Corporation; «dirección desconocida».
– Suministro de 200 dispositivos de ventilación mecánica por 8,2 millones de euros: Tec Pharma Europe; «dirección desconocida».
– Servicio de 8 vuelos chárter para traslado de material por 7,2 millones de euros: Dsv Air & Sea; «dirección desconocida».
– Suministro de mascarillas quirúrgicas por 7,6 millones de euros: Danbury Enterprises; «dirección desconocida».
– Servicio de vuelos chárter para traslado de material por 1,2 millones de euros: Globalia Broker Services; «dirección desconocida».
Aunque el Ministerio de Sanidad alegó que este defecto de forma en los contratos se debió a un «error administrativo» que se corrigió a posteriori, lo cierto es que da buena cuenta, una vez más, de la grave incapacidad del Gobierno de PSOE y Podemos. No en vano, no se trata de una caso aislado ni puntual, sino de la norma. Solo así se entiende, por ejemplo, que, de los cerca de 40 contratos firmados por Sanidad para la compra de material sanitario desde mediados de marzo a mediados de abril, el precio abonado por batas, geles y otros productos a empresas chinas llegase a multiplicar por diez el ofrecido por proveedores españoles.
La escasez y tardanza en la provisión de mascarillas, respiradores y equipos de protección, junto a la negativa de realizar test masivos a la población, el incomprensible retraso en el inicio del estudio de seroprevalencia para comprobar el grado de inmunidad que existe a nivel nacional, el sobreprecio pagado por el material, la opacidad existente sobre la contratación de intermediarios o las trabas impuestas a las empresas para realizar pruebas a sus empleados son tan solo algunos de los factores que evidencian el descontrol y el desgobierno que ha imperado en España durante la crisis del coronavirus, como consecuencia de la inutilidad e inoperancia de PSOE y Podemos.
A Pablo Casado no le fallaron los argumentos sino los tiempos. Pedro Sánchez neutralizó la discusión con su chantaje. Al insinuar «prórroga o caos», se atrincheró en su rincón y cerró la posibilidad de acuerdos.
Pedro Sánchez sigue impartiendo lecciones y negándose a un diálogo sincero con quienes le han aprobado hasta ahora las prórrogas del estado de alarma. Ha tendido tantas trampas que ya no puede moverse sin pisar una.
