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Tiempo de elecciones, tiempo de promesas incumplibles por parte de los partidos políticos. Esta máxima es aún más grave si el engaño en cuestión consiste en anunciar que el Gobierno subirá las pensiones conforme al IPC, con el único y exclusivo fin de comprar votos, a sabiendas de que el sistema público de reparto hace aguas desde hace años y, por tanto, está condenado a sufrir nuevos ajustes a corto y medio plazo.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha aprovechado el inicio de su particular campaña electoral para asegurar que, en caso de salir reelegido, estas prestaciones se actualizarán en diciembre con arreglo a la inflación para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo en 2020. La aprobación de esta medida supondría un gasto adicional de unos 2.500 millones de euros tan solo el próximo ejercicio, pero el problema es que su coste se acrecentaría con el paso del tiempo, ya que las siguientes subidas se aplicarían sobre una base de partida superior.

No es algo nuevo. Por desgracia, los distintos partidos han convertido las pensiones en un ariete electoral en los últimos años, a pesar de que el Pacto de Toledo, nacido a mediados de los 90, se ideó con el noble objetivo de que esta partida, cuyo volumen avanza ya hacia los 150.000 millones de euros al año, el 30% de todo el gasto público, quedara al margen del maniqueo juego político.

Tanto es así que, primero, Mariano Rajoy y, ahora, Pedro Sánchez han convertido en papel mojado la reforma de la Seguridad Social aprobada en 2013, que, entre otros cambios necesarios, limitaba la subida de las pensiones al 0,25% en caso de registrar números rojos –el sistema tiene un agujero de 20.000 millones al año– y ligaba la cuantía inicial de la prestación a la esperanza de vida para garantizar la sostenibilidad del modelo a largo plazo.

Un engaño electoral

El cortoplacismo estructural de la política, por desgracia, y la grave irresponsabilidad de algunos líderes están contribuyendo a alimentar uno de los mayores engaños electorales de la historia reciente. A saber, que los pensionistas (actuales y futuros) seguirán cobrando lo mismo e incluso más cuando, en realidad, están condenados a experimentar recortes, de una u otra forma, en los próximos años. Los españoles trabajarán un mayor número de años y pagarán cotizaciones sociales más altas para, a cambio, recibir una pensión cada vez más baja en comparación con su etapa laboral.

No es ideología, son números. El modelo de reparto vigente depende, casi única y exclusivamente, de dos variables: número de cotizantes y de jubilados. Si crece el segundo, pero no el primero, las pensiones terminarán bajando, sí o sí. Y el problema aquí es que España, teniendo una de las prestaciones más generosas del mundo desarrollado, se enfrenta a una profunda depresión demográfica, fruto, por un lado, de la baja tasa de natalidad y, por otro, del progresivo envejecimiento de la población.

Aunque el gasto en pensiones representa cerca del 12% del PIB -datos de 2016-, en línea con la media de la zona euro, la clave es que la tasa de sustitución, que representa la pensión media sobre el salario medio neto de cotizaciones, roza el 58%, la cuarta más elevada de la UE y 13,6 puntos por encima la media de la zona euro, superando en 7,2 puntos a la de Francia y en 16 puntos a la de Alemania, tal y como recoge un reciente estudio de Fedea.

Pero es que, además, la tasa de reposición, que refleja la relación entre la pensión inicial y el último salario percibido, alcanza el 78,7%, el nivel más alto de toda Europa, 28,8 puntos superior a la media de la zona euro (49,9%) y a una gran distancia de Francia (45,4%) y Alemania (37,8%). Los españoles, por tanto, al jubilarse con una prestación cercana al 80% de su último sueldo, disfrutan, hoy por hoy, de una de las pensiones públicas más altas de los países ricos, desmontando así las habituales críticas y soflamas que se vierten sobre su cuantía.

El problema, sin embargo, es que su mantenimiento no es sostenible en el tiempo. La combinación de mayor esperanza de vida, retiro gradual de la generación del baby boom, pensiones más altas (tras abonar mayores cotizaciones y durante más años) y baja natalidad disparará el volumen de pensionistas, pero no así el de cotizantes. En concreto, el número de pensiones subirá de los 10,2 millones actuales hasta rondar los 15 millones en 2050, hasta el punto de que apenas habrá un cotizante por jubilado. Como resultado, la tasa de dependencia (población mayor de 65 años como porcentaje de la población en edad de trabajar) aumentará desde el 30% actual hasta una horquilla aproximada del 50-70%, elevando de forma muy sustancial el esfuerzo para financiar dichas prestaciones.

Y dado que los contribuyentes que tendrían que mantener el sistema en pie no han nacido, el nivel de vida de los pensionistas se verá mermado, ya sea porque tendrán que trabajar más años, aportar más dinero vía cotizaciones y/o cobrar menores prestaciones. Si hoy los españoles se jubilan con el 80% de su último sueldo, este porcentaje caerá en el futuro. Esta realidad incómoda la saben los expertos e incluso buena parte de los políticos, pero sigue siendo una gran desconocida para la mayoría de la población.