Juan Pablo Colmenarejo | 17 de marzo de 2020
Cuando salgamos de esta, tendremos un Gobierno fracturado. Por eso Sánchez debería romper con Iglesias y garantizarse el respaldo del líder de la oposición en esta crisis.
Circula por las redes sociales un vídeo con un ramillete de declaraciones del entonces líder de la oposición y hoy presidente, Pedro Sánchez, acusando al Gobierno Rajoy de “desgobierno” tras la repatriación de un misionero español infectado de ébola. Solo una semana después y con un caso confirmado, Sánchez hablaba de desgobierno y de la necesidad de recuperar la autoridad sanitaria.
El secretario general del PSOE no tuvo ni miramientos ni contemplaciones a la hora de atacar al Gobierno del PP en una situación de crisis, nueva y desconocida en nuestro país, pero que ni mucho menos se acercaba lo más mínimo al estado de alarma en el que nos encontramos. Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta, recién evitado el rescate total del Estado por parte de la Unión Europea, y Sánchez estaba en el comienzo de su primera etapa tras ganar las primarias a Eduardo Madina, con el apoyo de Susana Díaz.
Casado preguntará el miércoles al Presidente del Gobierno sobre la crisis sanitaria del Covid19. Retengan y comparen con la intervención que tuvo Sánchez en la crisis del ébola. Afortunadamente no todos los políticos son iguales.https://t.co/FEDhBr9SFf
— Rosa Díez (@rosadiezglez) March 9, 2020
Si se compara con la actitud del actual líder de la oposición, a buen seguro que a Rajoy se le hubiera quitado la cara de pasmo que se le quedó tras escuchar a Sánchez atacarlo con el cuchillo parlamentario entre los dientes en una sesión de control.
Nadie le pidió entonces a Sánchez que estuviera callado, de la misma manera que ahora no se le debe exigir asentimiento a Pablo Casado. El presidente del PP ha fijado una posición que le permite hacer su papel sin caer en el comportamiento desbocado de Sánchez con Rajoy. No es un escándalo reprochar al Gobierno que está llegando tarde cuando toda España, Europa y el mundo entero han visto que, antes de arremangarse contra la crisis, se fueron a una manifestación tras la cual se incrementaron los casos. Tampoco es una critica feroz pedir que, cuanto antes, se proporcione ayuda a las empresas y autónomos para evitar los despidos y cierres.
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Por último, Casado ha dicho sí a todo lo que apruebe el Consejo de Ministros, pero debe ser el Parlamento el que controle la acción gubernamental. El confinamiento de la población por razones de salud pública no puede hacernos olvidar que estamos en una democracia liberal y que lo que se está restringiendo son derechos y libertades individuales que son intocables. Por eso el Gobierno debe dar cuenta de sus actos, aunque sea en situación extrema, ante el Poder Legislativo, y el Poder Judicial amparar que todo se hace desde la legalidad.
Cuando salgamos de esta, tendremos un Gobierno roto. Lo está desde el sábado 14 de marzo, cuando en el Consejo de Ministros el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se presentó, burlando la cuarentena, para reclamar poder, nacionalizaciones de sectores clave en la crisis y defender el derecho de Cataluña y el País Vasco a ser independientes del resto de España en la actuación contra el virus. Tanto Quim Torra, pidiendo el cierre físico de Cataluña, como Íñigo Urkullu, acusando al Estado de aplicar un “155 sanitario”, han demostrado, una vez más, que los nacionalismos vasco y catalán siempre aprovechan las crisis en España para acercarse un poco más a la ansiada ruptura del sistema constitucional.
La unificación de las competencias de sanidad y seguridad en un solo mando no solo es sentido común, sino una necesidad de supervivencia nacional. O se acumulan todos los recursos y se emplean los mismos métodos en todo el territorio o no hay posibilidad de frenar la pandemia en nuestro país, un lugar demasiado pequeño para estar administrativamente tan partido.
Cuando salgamos de esta, también habrá que revisar si el sistema nacional de salud debe seguir partido por completo en 17 o si el Ministerio de Sanidad debe tener las competencias imprescindibles para poder actuar de un día para otro en el conjunto de España por igual. Si por la vía de los hechos el Estado autonómico parece federal, falta que queden bien claras las competencias del Estado en el día a día y también en situaciones extraordinarias. El PSOE y el PP, con lo que queda de Ciudadanos, deberían empezar esta tarea con el apoyo de la oposición a un Gobierno monocolor del PSOE.
Sánchez debería romper con Iglesias y garantizarse el respaldo del líder de la oposición en esta crisis, con la aprobación de unos presupuestos amparados en el gasto por la Unión Europea y la reforma del sistema autonómico. La crisis del coronavirus ha desnudado nuestro sistema político. No es viable un Estado vacío de competencias que esté desaparecido por completo en algunas comunidades autónomas. Cuando salgamos de esta, habrá que darse cuenta, de una vez, de que España es la suma de sus ciudadanos, no de pedazos de tierra.
El presidente del Gobierno ha anunciado el decreto del estado de alarma como medida excepcional para hacer frente a la crisis del coronavirus.
En la batalla ideológica de la izquierda, el 8-M era intocable, sagrado. El coronavirus no les iba a chafar su fiesta gramsciana. Ahora, su irresponsable maquiavelismo nos lleva al aislamiento.
