Daniel Berzosa | 18 de febrero de 2021
Nuestros actuales dirigentes políticos nos están conduciendo a esa situación de (mala) cabeza, cuesta abajo y sin (casi) frenos internos, suyos y de la sociedad española, por acción o dejación dolosa.
Pablo Manuel Iglesias Turrión, vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, afirma y se reafirma: «No hay una situación de plena normalidad política y democrática en España». Estoy de acuerdo, pero no por los motivos que manifiesta. Tampoco creo que ya lo estemos, aunque nuestros actuales dirigentes políticos nos estén conduciendo a esa situación de (mala) cabeza, cuesta abajo y sin (casi) frenos internos, suyos y de la sociedad española, por acción o dejación dolosa.
Se me ocurren otros, muchos motivos —acaecidos, unos; en desarrollo, otros— que llevan a pensar desapasionada y fundadamente que no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España, como rapea el maculado líder de Podemos a troche y moche, desde que fue elevado al estrellato de la política nacional, con el confeso y supremo fin de estrellar a la nación española, su democracia y libertad en su adorado infierno leninista 3.0 (marxismo de logomaquia y suma de fuerzas anticonstitucionales).
Así, por ofrecer un ramillete de ejemplos de lo que afirmo, «no hay plena normalidad democrática» en España, porque:
El vicepresidente segundo, que no es solo un dirigente político notorio, ni solo parlamentario, sino que está en el Gobierno de la nación, actúa, día sí y día también, para destruir la unidad y soberanía del pueblo español, y la igualdad, las libertades y la pluralidad que protege la Constitución, promoviendo múltiples taifas totalitarias. De lo que se seguiría, lógica e inevitablemente, la destrucción de los derechos fundamentales de los individuos, la democracia y la libertad. Y un retroceso de cien años a las trágicas experiencias comunistas, fascistas y nacionalsocialistas.
Él mismo, al tomar posesión de su cargo en el Gobierno, prometió por su conciencia y honor cumplir fielmente sus obligaciones con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, para atacar de inmediato e incesantemente, de manera frontal o sibilina, a los tres.
Él mismo —al que, según sus propias palabras, le cuesta pronunciar el nombre de «España»— ha hecho de la deslealtad y la injuria sus normas de comportamiento al frente de su parcela de ejercicio en el corazón del Gobierno de una nación, en la que no solo no cree, sino que odia.
Él mismo sostiene —poniéndose del lado del crimen— que, en España, hay presos políticos y no políticos presos, en exacta conjunción con las fuerzas antidemocráticas, y que unos condenados por sedición y malversación de fondos públicos, por el hecho de tener una ideología concomitante, no deben cumplir sus penas como los demás penados.
Él mismo parece seguir exudando su inquina contra nuestras Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que, sin embargo, lo protegen cuidadosamente.
Él mismo, desde su puesto de miembro vicepresidencial del Gobierno, se regodea abofeteando a las víctimas del terrorismo y halagando a los criminales.
Él mismo, siendo ministro de Derechos Sociales, no ha visitado ni una sola residencia de personas mayores desde que comenzó la pandemia.
Él mismo se quedó con el teléfono de una compañera muy próxima, mayor de edad, para protegerla de unas supuestas asechanzas, cometiendo una posible actuación delictiva, y arremete contra los jueces, porque se considera por encima de la justicia.
Él mismo forma parte de un Gobierno donde un día una persona es ministro de Justicia y, al día siguiente, es fiscal general del Estado.
Él mismo forma parte de un Gobierno que pretende la reforma urgente de la ley que regula las funciones de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, durante la prórroga de sus mandatos, situación indeseada a la que se llega por desidia o bloqueo de las Cortes Generales, no por causa de los vocales prorrogados.
Él mismo forma parte de un Gobierno que quiere reformar el Código Penal para amparar la violencia expresiva, si proviene de su facción ideológica.
Él mismo forma parte de un Gobierno que se gasta 450 millones de euros (157% más que el año anterior) en un ministerio para Irene Montero, casualmente madre de sus tres hijos, y 50 millones de euros para que un examigo y conmilitón estudie la semana laboral de 4 horas.
Él mismo aprueba que un puesto de nivel 30 de la Administración del Estado (rango de subdirector general, más de 50.000 euros de sueldo), ideado para el asesoramiento político de la ministra de Igualdad, la antedicha madre de sus vástagos, se dedique a contratar a una cuidadora para estos, relación privada.
Él mismo forma parte de un Gobierno que ha dictado setenta y ocho decretos‑leyes en poco más de dos años, uno cada diez días, sin ni siquiera los informes institucionales que se solían recabar, durante una paralizante pandemia, con un autoritarismo nada democrático. Algunos de ellos sobre materias tan importantes y sensibles como la modernización de la Administración Pública o el reparto de 140.000 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, y la gestión y ejecución de otros cuatros fondos (Desarrollo Regional, Social Europeo Plus, Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y Europeo Marítimo y de Pesca).
Él mismo forma parte de un Gobierno y una mayoría parlamentaria antinatural —ideológicamente hablando— que aprueba leyes en lectura única o por la vía de urgencia. Leyes tan insignificantes como la de Presupuestos Generales del Estado, de Eutanasia para facilitar la cobertura legal del homicidio de un tercero incapaz de suicidarse, de Educación para arrasar los artículos 16 y 27 de la Constitución, o de Vivienda para proteger a los okupas frente a los propietarios, con —ha de repetirse— un autoritarismo nada democrático.
Creo que estos ejemplos constituyen indicios evidentes —es posible, para algunos lectores, prueba— de que concurren claros signos de ausencia de normalidad democrática en la vida política española desde las últimas elecciones a Cortes Generales. Pero, al contrario de lo que sostiene Pablo Manuel Iglesias Turrión, vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, en la raíz del problema no se encuentran precisamente los otros, sino él; aunque, por supuesto, no sea el único.
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