Luis Zayas | 19 de febrero de 2021
La anormalidad política en que vivimos no es más que un fruto maduro de la normalidad democrática del sistema liberal. Y en ese sentido, no podemos coincidir con Pablo Iglesias, pues España vive en la normalidad de la democracia liberal.
Pablo Iglesias ha declarado recientemente que «no hay una situación de plena normalidad política y democrática» en España. Me gustaría hacer una breve reflexión acerca de esta frase tan comentada en los últimos días.
Que en España no hay normalidad política es una afirmación que comparto por muchas razones, de las que apunto solo algunas:
España es una nación en la que desde la Transición ha habido territorios en los que no se ha podido votar en libertad, bien por amenazas terroristas, como ha sucedido en el caso de Vascongadas durante tantos años, bien por violencia ejercida contra algunos partidos políticos y sus votantes, como ocurre actualmente en Vascongadas, Cataluña y Galicia. Como reciente ejemplo de esto tenemos el acoso sufrido por Vox en las elecciones gallegas o por Vox, PP y Ciudadanos en la campaña catalana.
Hay amplios territorios españoles en los que los ciudadanos no tienen asegurado el poder elegir la lengua común, el español, como lengua vehicular en la educación de sus hijos; en los que los españoles pueden ser multados por rotular en español un comercio; y en los que la Administración se niega a dirigirse al ciudadano en español.
Más de 100.000 bebés españoles son asesinados a través del aborto quirúrgico o químico al año y, si Dios no lo remedia, en los próximos meses se aprobará una ley que permitirá matar a los españoles enfermos o con discapacidad. En España, los embriones humanos carecen del más mínimo reconocimiento y protección y son tratados como si fueran material desechable. En definitiva, en España no está garantizado el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
En España, la familia se ha convertido en la institución social a derribar; para ello, en los últimos años se ha aprobado una legislación cuyo objetivo era eliminar todos los elementos esenciales y definitorios de la familia. Sabemos que el mayor contrato basura de toda la legislación española es el contrato matrimonial, único de nuestro ordenamiento jurídico que es posible romper sin causa justificada por la simple voluntad de una de las partes. Las leyes discriminan de forma permanente a la madre con hijos, la madre que trabaja en casa y las familias numerosas, como veíamos recientemente con la tramitación del Real Decreto-Ley 3/2021 sobre pensiones.
En España, la patria potestad es permanentemente debilitada a través de leyes educativas, leyes LGTBI y leyes de «defensa del menor».
El sistema educativo español no garantiza la libertad de educación para las familias o los centros educativos. El Gobierno, que considera el sistema educativo como un instrumento de adoctrinamiento, busca el monopolio de la educación a través del acoso a la educación concertada y privada.
Jesús Muñoz de Priego: «La educación plural de hoy es la base de la sociedad democrática del mañana»
En nuestro país, los Gobiernos utilizan la ley para imponer a la sociedad, a golpe de decreto ley, bien su visión ideologizada de la historia, bien la ideología de género.
Los partidos tienen el control absoluto de toda la vida política española. Controlan los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, contraviniendo los más lógicos principios de la separación de poderes y dejando al ciudadano indefenso ante la arbitrariedad del político de turno.
Tenemos un Tribunal Constitucional que lleva diez años sin resolver el recurso de inconstitucionalidad de la ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero y que tampoco ha resuelto ninguno de los recursos en relación con los estados de alarma del Gobierno Sánchez.
Vivimos en una nación donde no se respeta la memoria, dignidad y justicia de las víctimas del terrorismo y, sin embargo, se tributa respeto a los cómplices y brazos políticos de los terroristas, llegando a considerarlos, incluso, aptos para acuerdos políticos y de gobierno.
Cada vez son más frecuentes los ataques al hecho religioso católico. Ahí tenemos los últimos derribos de cruces o los empeños por impedir actos religiosos en el ámbito público.
Uno de los partidos que conforman el Gobierno, Podemos, tiene como principal objetivo destruir el sistema político e institucional y otro, el PSOE, tiene como principal objetivo el indulto a los golpistas catalanes que han cometido el ataque más grave a la unidad nacional.
En España, buena parte de los partidos independentistas y de izquierdas hacen política de forma revanchista, promoviendo la división y el enfrentamiento.
Sí, todo esto, por más que nos hayamos acostumbrado a ello, hace difícil decir que en España haya normalidad política. No se puede hablar de normalidad política cuando los derechos y las libertades más fundamentales no están garantizados y protegidos.
Donde discrepo de Pablo Iglesias es al señalar que en España no existe normalidad democrática. Todas las anormalidades políticas señaladas anteriormente son fruto de la democracia tal y como la entiende la modernidad; son fruto de la «normalidad democrática» de la democracia liberal, es decir, de la democracia entendida como fundamento del gobierno y no como forma de gobierno.
Porque una cosa es entender la democracia como instrumento para elegir gobernantes, como forma de participación de los gobernados en el sistema político, y otra cosa es unir a ese instrumento una concepción relativista de realidad, de la vida social y política.
La democracia moderna, la democracia liberal, es relativista y, por tanto, no acepta la existencia de una verdad; cualquier elemento de la vida política, entre otros, el derecho a la vida, es debatible y queda al albur de lo que decidan las mayorías. Este elemento constitutivo de la democracia liberal hace de ella un catalizador hacia el desorden social, en la medida en que todo es debatible, en la medida en que todo es discutible, en la medida en que todo depende la de la mayoría, todo puede cambiar y, por tanto, no hay estabilidad ni posibilidad de desarrollo armónico de la vida social.
Quienes están convencidos de que algunas verdades son absolutas e inmutables son considerados irrazonables y poco dignos de confianzaSan Juan Pablo II
Negar la existencia de la verdad objetiva supone negar la existencia del bien, de la virtud y, por tanto, eliminar de la vida política cualquier finalidad más allá de la gestión del día a día. La raíz relativista de la democracia liberal la inhabilita para la búsqueda del Bien Común e incluso del más devaluado interés general.
Esta reflexión no es sino un eco de aquello que ya vislumbró con su profunda inteligencia san Juan Pablo II: «En el umbral del tercer milenio, la democracia afronta un problema muy serio. Existe una tendencia a considerar el relativismo intelectual como el corolario necesario de formas democráticas de vida política. Desde esta perspectiva, la verdad es establecida por la mayoría y varía según tendencias culturales y políticas pasajeras. Así, quienes están convencidos de que algunas verdades son absolutas e inmutables son considerados irrazonables y poco dignos de confianza. Por otra parte, los cristianos creemos firmemente que ‘si no existe una verdad última, la cual guía y orienta la acción política, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia‘».
Todo esto nos lleva a concluir que la anormalidad política en que vivimos no es más que un fruto maduro de la normalidad democrática del sistema liberal. Y en ese sentido, no podemos coincidir con Pablo Iglesias, pues España vive en la normalidad de la democracia liberal.
Cosa distinta es que Pablo Iglesias quiera llegar a ese estadio de la democracia sin valores en donde esta se convierte en un «totalitarismo visible o encubierto». Si esa es la «normalidad democrática» que Pablo Iglesias reclama, es verdad que España, todavía, no ha llegado a ese estadio. Sin embargo, no podemos dejar de mostrar nuestra preocupación por los pasos de gigante que está dando hacia él.
A esa «normalidad democrática» es a la que nos aboca la política impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez e Iglesias y la dejación de buena parte de la oposición política. Una situación en la que «quienes están convencidos de que algunas verdades son absolutas e inmutables son considerados irrazonables y poco dignos de confianza», es decir, serán expulsados del sistema al modo de otras «democracias», como la soviética o venezolana, tan del gusto del partido que dirige Pablo Iglesias.
Por todo lo expuesto, no cabe rebatir las declaraciones de Pablo Iglesias reivindicando nuestro sistema democrático de raíz relativista, ni sus «logros de libertades». Más bien habría que tomar nota, como hace R.R. Reno en su esclarecedor libro El retorno de los dioses fuertes, de la situación a la que nos ha llevado nuestro sistema político y reclamar su reforma a través del retorno a la vida pública de los «dioses fuertes»: Dios, la verdad, la familia, la nación. «Dioses» que «son objeto de nuestros amores compartidos y que permitirían excitar en nosotros el ardor de desposar nuestros destinos con aquello que amamos» y provocarán el fortalecimiento de la solidaridad y la cohesión social. Este es el único camino posible para restaurar una comunidad política sana, capaz del Bien común, de la Verdad, el Bien y la Belleza.
Cualquier otra respuesta ante las palabras de Pablo Iglesias no será mas que, como diría Vázquez de Mella, poner tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias.
Los signos de la corporalidad no valen como signos de la construcción personal. La frustración por el fracaso del comunismo se ha sustituido por no querer reconocer lo que se nace.
Las consecuencias más visibles del pacto entre PSOE y Podemos serán un sustancial deterioro institucional y el frenazo de la economía.
