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La conclusión del juicio del procés ha puesto fin a esta pesadilla judicial que ha probado la solidez del sistema legal español. Tan solo la solidez de nuestro ordenamiento jurídico y de las instituciones procesales, junto con la maestría, firmeza y buen hacer del magistrado Manuel Marchena dirigiendo el procedimiento, ha evitado un caos mediático que convirtiera el juicio del procés en un esperpento, como han pretendido algunos acusados y testigos con sus intentos de alterar el curso normal y legal.

La maestría, firmeza y buen hacer del magistrado Manuel Marchena dirigiendo el procedimiento, ha evitado un caos mediático que convirtiera el juicio del ‘procés’ en un esperpento

Así, por ejemplo, si el presidente Marchena hubiera permitido alegatos o declaraciones en catalán, el juicio se habría convertido en un caos de declaraciones mediante intérprete y con traducción simultánea. Igualmente hubiera sucedido si consiente la reticencia de algún testigo a contestar a los letrados de VOX u otras irregularidades que podrían llegar a invalidar todo el juicio.

Afortunadamente, esta semana se ha llegado al fin del juicio del procés, con los alegatos finales de las defensas y el derecho a la última palabra de los acusados. Los alegatos de las defensas básicamente han coincidido en negar los delitos de rebelión y malversación, haciendo alguno de los defensores una interesante calificación de los hechos como desobediencia, lo cual es una calificación delictiva mucho más benigna que la rebelión o sedición, pero delito en definitiva.

No parece que estos alegatos vayan a disminuir un ápice los hechos que han resultado acreditados a lo largo de las cincuenta y dos sesiones del juicio: la conspiración para la declaración de independencia

También ha sido interesante la negación de las violencia -minimizando los episodios violentos- y de la efectiva intención de producir la inaplicación de la Constitución en Cataluña, alegando el inmediato acatamiento de la aplicación del artículo 155. No parece que estos alegatos vayan a disminuir un ápice los hechos que han resultado acreditados a lo largo de las cincuenta y dos sesiones del juicio: la conspiración para la declaración de independencia y la puesta en práctica -con todos los medios a su alcance- de este proceso secesionista, hasta el punto de que el que fuera jefe de la policía autonómica declaró que llegó a plantearse la detención del Gobierno autónomo catalán a cuyas órdenes estaba.

Pero lo más evidente de la situación -al menos emocional- de franca rebeldía de los acusados frente al orden constitucional español ha sido el ejercicio del derecho de última palabra. El principal acusado, Oriol Junqueras -para el que se piden las mayores penas-, pronunció un discurso conciliador, acudiendo a su buena fe y valores generalmente aceptados y pidiendo que se llevara la cuestión al terreno de la política, es decir, un patético intento de soslayar todo el proceso secesionista en el que ha tenido -según ha sido acreditado- un papel protagonista.

Otros acusados han negado cualquier género de arrepentimiento, incluso en tono desafiante -en especial el acusado Jordi Cuixat-, y afirmado que volverían a hacer lo que hicieron. O la afirmación -un tanto insultante para el tribunal- de la acusada Carme Forcadell de que se la juzga por una trayectoria política, es decir, volviendo a la tesis independentista de que se trata de un juicio político a unos presos políticos.

En septiembre probablemente podremos leerla y analizar uno de los textos jurídicos que van a marcar el devenir político y social de España en la próxima década

Tan solo algunos de los acusados han afirmado su rechazo a la violencia y su no conciencia de haber quebrado el orden constitucional, pero la totalidad se ha reafirmado en su posición netamente partidaria de la secesión de Cataluña de España.

Para terminar la escenificación del final del juicio, más de veinticinco mil personas se manifestaron en la Plaza de Cataluña de Barcelona, en apoyo de los acusados presos y pidiendo la anulación del juicio.

El juicio ha tenido su final esperado, ha quedado visto para sentencia. En septiembre, probablemente, podremos leerla y analizar uno de los textos jurídicos que van a marcar el devenir político y social de España en la próxima década, pues será objeto, casi con toda seguridad, de recursos ante el Tribunal Constitucional y las instancias europeas si, como parece probable, es condenatoria.

Imagen destacada: De izquierda a derecha y de arriba abajo, Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat; Joaquim Forn, exconsejero de Interior; Raül Romeva, exconsejero de Asuntos Exteriores; Jordi Turull, exconsejero de Presidencia; Josep Rull, exconsejero de Territorio y Sostenibilidad; Carles Mundó, exconsejero de Justicia; Carme Forcadell, expresidenta del Parlament; Meritxell Borrás, exconsejera de Gobernación; Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo, y Santiago Vila, exconsejero de Empresa de la Generalitat. | Agencia EFE