José Manuel Cansino | 19 de junio de 2019
El Ejecutivo andaluz ha preparado, en apenas tres meses, un proyecto de ley que incluye medidas en apoyo de los más desfavorecidos.
Imagínese que un viernes a mediodía le presentan un documento con las cuentas de una gran corporación de cuyo Consejo de Administración es usted miembro. Suponga que esas cuentas suman 36.495,5 millones de euros. Seguidamente se le da un plazo de seis días para anunciar a los responsables de confeccionar las cuentas si tiene o no intención de rechazarlas en su totalidad. En el caso de que haga ese anuncio, aún dispondrá de otros seis días para pensárselo mejor, pero no más tiempo.
Lo anterior no es un mero ejercicio de especulación, sino el inicio del proceso de debate de los presupuestos generales de la Junta de Andalucía para 2019, que deben sustituir al presupuesto prorrogado de 2018, actualmente en vigor. Las cifras no se conocieron hasta el mediodía del pasado 31 de mayo y el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad finalizó el pasado 6 de junio. Luego, los grupos que decidieron presentar enmiendas aún podían retirarlas hasta poco antes de su intervención en el pleno del pasado 12 de junio. Eso fue lo que ocurrió y lo que permite encarar el debate final programado para los días 17 y 18 de julio.
Por primera vez se presupuesta la atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar
De alguna manera puede afirmarse que la Junta de Andalucía es –con diferencia- la mayor corporación andaluza. Si sumamos las cifras de negocio de las cincuenta primeras empresas andaluzas que publica El Economista y reproduce el Anuario Joly 2019, todas juntas suman 30.418 millones, sensiblemente por debajo del presupuesto de la Junta de Andalucía. Con el calendario anterior y estas cifras en la mano, cabe preguntarse si los tiempos y las cifras permiten tomar decisiones que garanticen la mejor asignación del gasto público entre las diferentes alternativas.
Pero el alcance del debate presupuestario admite muchos matices. Por ejemplo, por el lado del ingreso, el presupuesto es una ley esencialmente adjetiva. Esto es, no puede cambiar radicalmente la procedencia de los recursos para pagar las facturas, solo manejar los números asociados a impuestos que ya están en vigor, a un sistema de financiación sobre el que no se tiene capacidad decisoria, a transferencias de fondos europeos sobre las que tampoco se puede decidir o sobre la cantidad de dinero a pedir prestado, la mayor parte del cual se destina a atender a la deuda que vence en el año para el que los presupuestos se aprueban.
Si grande es el matiz que el presupuesto admite por el lado del ingreso, no es menor por el del gasto. Por ejemplo, el 30 por ciento del presupuesto de gastos ya está comprometido en pagar al personal al servicio de la Junta de Andalucía –funcionarios y personal laboral-. Es una cifra muy estable y no solo en esta Administración; también en todas. Luego están más de 4.200 millones de euros (capítulo IX) destinados a pagar la deuda pública que vence y sobre lo que tampoco se puede discutir, pues el impago de la deuda dejaría a la Administración regional sin apenas posibilidades de endeudamiento futuro. Por tanto, llevamos ya más de un 40 por ciento del presupuesto de gasto sobre el que no se pueden tomar apenas decisiones de modificación.
Por último y no menos importante, tenemos las anualidades de los gastos en inversión pública que se aprobaron en los tres años anteriores y que comprometen todavía al presupuesto puesto sobre la mesa. Así las cosas, el margen de decisión y el de debate sobre este y casi cualquier presupuesto público son limitados tanto en tiempo como en variación de cifras.
Se recupera, después de décadas, la atención a las mujeres embarazadas con dificultades económicas
Pero con ser limitado no es en absoluto pequeño. El Ejecutivo del PP y Ciudadanos había preparado un proyecto de ley en tres meses y medio. El proyecto de ley tiene, además de las cifras, un aparataje legal al final, en forma de disposiciones varias que va a cambiar notablemente procedimientos de gestión del dinero público que hasta ahora se utilizaban en la Administración autonómica. Así, llegó al Parlamento y allí se encontró con tres enmiendas a la totalidad de las que, finalmente, se retiró la presentada por el grupo parlamentario de VOX, ¿a cambio de qué?
El acuerdo firmado entre los partidos en el Gobierno regional y VOX no se limita a introducir modificaciones presupuestarias en partidas importantes, como acabar con la lista de espera de los colegios pendientes de obras de infraestructura y equipamiento o en los centros de atención temprana a los niños necesitados de atenciones especiales. Es un acuerdo que sorprende por los conceptos que por vez primera aparecen en un presupuesto –la atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar– o se recuperan después de décadas –la atención a las mujeres embarazadas con dificultades económicas-. Probablemente, algo de lo que más ha desconcertado a los que hacían quinielas sobre las peticiones a cambio de levantar la enmienda a la totalidad estaba la apuesta por el gasto en I+D en forma de análisis del big data del Servicio Andaluz de Salud. Si se hace bien, sus resultados ayudarán muy notablemente al diseño de la atención sanitaria del futuro.
Todo, sin embargo, está en el aire en dos aspectos. El primero: superar el debate de los días 17 y 18 de julio. El segundo: llevar a la práctica lo que, de no salir adelante, solo serán compromisos. Habrá que ver si se ejecutan.
