Manuel Llamas | 20 de febrero de 2020
El anuncio por parte del Gobierno de incluir en el Código Penal la “exaltación del franquismo” debería activar todas las señales de alerta entre los defensores de la libertad y la democracia.
Odiar no es ningún delito. Si realmente lo fuera, el 99% de los seres humanos, a excepción de santos y devotos, deberían ser calificados como criminales y, por tanto, recibir su correspondiente castigo. Casi todo el mundo ha odiado a alguien en alguna ocasión, dado que este sentimiento, al igual que el resto, forma parte de la naturaleza del hombre. Cosa muy distinta es que esa particular rabia crezca hasta el punto de nublar la razón del individuo, conduciendo, directamente, a la violencia, lo cual, como no puede ser de otra manera, tiene que ser sancionado penalmente.
Pero que el simple hecho de odiar sea constitutivo de delito no solo supone una aberración desde el punto de vista jurídico, sino que su introducción en el Código Penal abre las puertas de par en par a la imposición de la censura y, llevado al extremo, incluso la dictadura. De ahí, precisamente, que el nuevo anuncio por parte del Gobierno de Pedro Sánchez debiera activar todas las señales de alerta entre los defensores de la libertad y la democracia.
La portavoz del Ejecutivo socialista, Adriana Lastra, avanzó la semana pasada que la nueva reforma del Código Penal incluirá como delito la “exaltación del franquismo”, ya que, según el PSOE, este tipo de comportamientos incitan al odio. Lo primero que cabe preguntarse es por qué el franquismo ha de considerarse delito, y no así otras corrientes e ideologías políticas cuyas secuelas sobre los derechos básicos del individuo han sido infinitamente peores, como bien ejemplifican el nazismo y el comunismo.
Y es que, por esa regla de tres, los aduladores de tiranos de izquierdas como Fidel Castro, en Cuba, o Hugo Chávez, en Venezuela, también deberían ser tratados como delincuentes, siendo este el caso del actual ministro de Consumo, Alberto Garzón, y del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.
Referente del socialismo y de las causas de los oprimidos. Su pensamiento y ejemplo pervive. ¡Hasta siempre! pic.twitter.com/j0kmj4txbY
— Alberto Garzón? (@agarzon) November 26, 2016
? | Palabras de nuestro vicepresidente @PabloIglesias cuando aún no era casta
?️ "Los escraches son jarabe democrático de los de abajo"
?️ "Hugo Chávez era la democracia"
Pero no os preocupéis, hablar así de un dictador como Hugo Chávez es totalmente legal, pero de Franco no pic.twitter.com/zOGlP2Fv7n
— Raúl Marín ®️ (@Raul_Marin_A) February 12, 2020
Además, una vez llegados a este punto, ¿quién decide el significado concreto de “exaltación” o el alcance y contenido del muy ambiguo y difuso concepto de “odio”? El campo que deja este debate al ejercicio de la arbitrariedad política es tan grande que su mero planteamiento pone en serio riesgo la garantía de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de prensa, al tiempo que, en última instancia, bien podría justificar la ilegalización de partidos políticos, con el consiguiente golpe a la democracia.
Por el momento, el supuesto “delito de odio” ya está sirviendo de ariete en manos de la izquierda para intentar acallar a algunos líderes de Vox, como Santiago Abascal en el caso de RTVE, o Rocío Monasterio, denunciada por Adelante Andalucía ante la Fiscalía por sus polémicas declaraciones sobre los menores extranjeros no acompañados (menas).
Los comisarios políticos infiltrados en TVE exigiendo abiertamente que se censure a @Santi_ABASCAL
Lo dicen sin tapujos porque hasta ahora nadie les ha señalado. Desde el Congreso vamos a perseguir a los responsables de haber convertido TVE en un aparato de propaganda progre. https://t.co/OM0diJwBNG
— ManuelMariscalZabala (@MariscalZabala) February 12, 2020
Sin embargo, ahora el PSOE pretende ir mucho más allá con la criminalización directa de todo lo que huela a franquismo. La Proposición de Ley de Memoria Histórica y Democrática que presentaron en el Congreso el pasado enero da buena cuenta de sus intenciones, pues, más allá de querer imponer una única visión partidista sobre las causas y consecuencias de la Guerra Civil, el Gobierno quiere aplicar multas de hasta 100.000 euros a quien realice o permita la celebración de “actos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración del golpe militar de 1936, de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil española, de la dictadura franquista o del dictador Francisco Franco”. Sanciones que, en todo caso, serían decretadas por “el ministro competente en materia de memoria histórica”.
Y ello sin contar que este mismo proyecto incluye la “ilegalización de personas jurídicas” por razones ideológicas, ya que su Disposición Final Tercera establece que serán declaradas ilegales todas aquellas asociaciones y fundaciones que “públicamente inciten directa o indirectamente al odio o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil española y el franquismo por su condición de tales”.
De aquí a la ilegalización de determinadas ideas y formaciones solo hay un paso. Basta con observar lo que sucedió en Venezuela con los “delitos de odio” para percatarse de la enorme amenaza que supone la creación y desarrollo de semejante engendro jurídico. La “Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”, aprobada en 2017 por el régimen bolivariano de Nicolás Maduro, recoge, entre otras muchas barbaridades, las siguientes:
– Ilegalización de partidos políticos que “promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación y la violencia”.
– Cierre de medios de comunicación que difundan “mensajes que constituyan propaganda a favor de la guerra o apología del odio nacional, racial, religioso, político o de cualquier otra naturaleza”.
– Bloqueo de redes sociales y páginas web que difundan esos mismos mensajes.
– Penas de cárcel de 10 a 20 años contra quienes inciten, publiquen y difundan el citado discurso de “odio”.
Y dado que la palabra “odio”, junto a su muy interesada interpretación, engloba, en realidad, todo lo que moleste o resulte contrario al régimen, esta ley es empleada como excusa por Maduro y sus cómplices para avanzar en la consecución de una dictadura plena en Venezuela. Así, tal y como denuncia Human Rights Watch, numerosas personas fueron acusadas en 2018 de estos delitos, incluidos tres adolescentes por haber expresado en redes sociales su desacuerdo con el Gobierno, mientras que la asociación de abogados Foro Penal denuncia que 2.219 personas fueron arrestadas arbitrariamente por razones políticas en 2019, existiendo, además, un total de 388 presos políticos. En definitiva, los “delitos de odio” no son más que una peligrosa herramienta jurídica, ya que abren la puerta a la censura mediática y la represión política.
Las consecuencias más visibles del pacto entre PSOE y Podemos serán un sustancial deterioro institucional y el frenazo de la economía.
El término ‘discriminación positiva’ es un buen ejemplo de la neolengua que se pretende implantar y que intenta ocultar la vulneración de la Constitución que lleva asociada.
