El órdago
Juan Pablo Colmenarejo | 20 de octubre de 2020
La pareja Sánchez-Iglesias seguirá echando órdagos en todos los terrenos, con el fin de cerrar las vías a un cambio político en España. Tienen tres años por delante para asentar los cimientos.
Dicen los maestros del mus -todos los jugadores se jactan de serlo- que «jugador de chica, perdedor de mus». El órdago lanzado por el binomio Sánchez-Iglesias para controlar el Poder Judicial no lleva un solo triunfo escondido, de sobra saben que el Tribunal Constitucional echaría abajo la reforma, pero tampoco es un farol, porque enseña maneras inquietantes, en el aire algo queda. La jugada es a muy corto plazo (pequeña, de chica) para forzar una negociación con el PP que, de producirse, será mucho más difícil que antes del desafío. El binomio ha tirado de testosterona, a sabiendas de que no va más allá de una bravuconada propia de quienes creen que van a seguir mucho más tiempo que cuatro años en el Gobierno. La doctrina del Tribunal Constitucional, plasmada en la sentencia de 1985, deja a la mayoría reforzada de tres quintos como única vía parlamentaria para la elección de todos los vocales. Otra cosa es que los jueces y magistrados no tengan ni arte ni parte en la designación de su órgano de gobierno.
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El PP siempre defendió la libertad de elección entre jueces y magistrados, pero, cuando ha estado en el poder, o se ha quedado a medias o simplemente ha optado por pactar con el PSOE y sus condiciones. Los socialistas mantienen la tradición de injerencia en el Poder Judicial, cuyo órgano de gobierno debe reflejar la mayoría parlamentaria y no otra. A pesar de las más de cuatro décadas de democracia, siguen estigmatizando a los jueces como señores de derechas de toda la vida, restos del franquismo. En este asunto, para su disgusto, han encontrado la iguala en Polonia y Hungría, donde la derecha dura acusa a los jueces de ser un rescoldo de la dictadura comunista.
Ningún magistrado del Tribunal Constitucional, sea cual fuera su procedencia ideológica, profesional o de nombramiento, aprobaría una reforma como la que han depositado el PSOE y Podemos en el Congreso de los Diputados. Cualquier jurista sabe a estas alturas que la reforma es inviable y que solo es instrumental, para conseguir que el PP se siente a negociar, con el riesgo que eso supone para el partido de Pablo Casado, sometido a la presión populista de Vox. El PP ha trazado una raya para dejar fuera de la negociación a Pablo Iglesias. No tenía otro remedio que delimitar la negociación. A partir de ahí, la denuncia ante la Unión Europea era de manual, aunque el Gobierno de Sánchez simule sorpresa por la fulminante advertencia de la Unión Europea. El PP aceptará un acuerdo si son los jueces y magistrados los que votan a 12 de los 20 vocales.
Al escenario de una crisis sanitaria, económica y social solo le falta una institucional. La pregunta es por qué el Gobierno ha demostrado ser el más empeñado en abrirla, echando un órdago, esta vez a la grande, de impredecibles consecuencias
A partir de ahí, podrá defender su pacto frente a quienes lo acusen de negociar con un Gobierno en el que está Podemos. Solo la mejora del sistema, su despolitización, permite una salida. Si se alcanza un pacto en estos términos, se habrá alejado el peligro de la disolución del Poder Judicial como independiente dentro del Estado. El Gobierno de Sánchez e Iglesias camina sobre la base del poder personal del presidente y de las concesiones a su vicepresidente segundo. Iglesias está obsesionado con la deconstrucción del 78. A Sánchez parece no importarle, siempre y cuando no afecte a su permanencia en el poder.
La moción de censura de Vox consolida la unidad interna del Gobierno y examina a Casado como alternativa. La pareja Sánchez-Iglesias seguirá echando órdagos en todos los terrenos, con el fin de cerrar las vías a un cambio político en España. Tienen tres años por delante para asentar los cimientos. Al escenario de una crisis sanitaria, económica y social solo le falta una institucional. La pregunta es por qué el Gobierno ha demostrado ser el más empeñado en abrirla, echando un órdago, esta vez a la grande, de impredecibles consecuencias.
Imagen destacada: El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias (i), junto al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, durante el acto del Día de la Hispanidad. | Agencia EFE
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